El presente trabajo versa sobre las deficiencias que presenta el Ministerio Público en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, al momento de investigar los actos de corrupción: falta de conocimiento en gestión pública, falta de peritos especializados en gestión pública y las deficiencias en la obtención y la entrega de informaciones que son solicitadas por parte de los fiscales anticorrupción en la lucha contra los “delitos de corbata o cuello blanco”.
Experiencia
Como voluntariado fiscal en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el año 2016, advertí problemas como la falta de conocimiento en temas de gestión pública por parte de los fiscales, falta de peritos especializados en gestión pública y deficiencia en la obtención y entrega de informaciones de las diferentes entidades públicas del Estado, cuando se advierte algún ilícito penal cometido por sujetos intraneus[1] y extraneus[2] dentro de la administración pública.
La falta de conocimiento en temas de gestión pública por parte de los señores fiscales, implica en muchas ocasiones, el no conocer los modus operandi que se dan en las licitaciones públicas, encargos internos, procedimientos, excepciones a la ley, funcionamiento de las entidades, etc.; alejandose de la identificación de los actos ilícitos cometidos por los sujetos intraneus y extraneus al momento de realizar las contrataciones públicas u otras actividades. Ello lleva a un déficit en las investigaciones, debido a que no solo denuncian un delito contra un funcionario o servidor, sino que se denuncian e investigan contra diversas personas y delitos; y los se tornan complejos de poder investigar.
Por otro lado, pese al esfuerzo de la investigación por poder acreditar los medios de pruebas que se requieren para condenar y acreditar el perjuicio económico que sufre el Estado, por parte de malos funcionarios y servidores públicos; no se cuentan con peritos especializados en temas de gestión pública, debido a que solo se tienen peritos contadores, lo cual no es lo mismo que un perito especialista en gestión pública. Por esa razón, la defensa de los imputados cuestiona las pericias, ya que no fueron realizadas por un perito con la capacitación necesaria para realizar una pericia contable y arribar a una conclusión de manera eficaz e eficiente.
Asimismo, en los delitos de corrupción de funcionarios, en su gran mayoría, se tiene que recabar informaciones provenientes del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, la Contraloría General de la República y otros entes rectores del Estado; sin embargo, no existe un mecanismo de facilitación eficaz y eficiente en la entrega de documentales, debido a que se tarda demasiado, debido a la distancia y otros factores que existe entre los entes rectores del estado y las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios.
Por otro lado, en los gobiernos regionales y locales existe demasiada burocracia política para facilitar entrega de información, debido a que existe una desobediencia y encubrimiento de informaciones a las solicitudes de documentales que realiza el fiscal para la lucha contra la corrupción. De ese modo, la fiscalía no tiene facilidad en la obtención de informaciones, porque al existir demasiada burocracia política, se encubren o destruyen informaciones para evadir las responsabilidades de los sujetos implicados por algún hecho ilícito o irregular; perjudicando, entorpeciendo y dificultando, de esta manera, las investigaciones por actos de corrupción que realiza el fiscal a cargo del caso.
Soluciones al problema
Debe iniciarse una capacitación a los fiscales anticorrupción en los diferentes temas de gestión pública, de manera permanente, por parte de especialistas en la materia. Los fiscales, al ser capacitados, estarían más preparados para poder investigar y diferenciar cuando un hecho merece solo una sanción administrativa o merece ser investigado y castigado penalmente, para que los casos tengan éxito y se pueda obtener una sentencia condenatoria contra los malos funcionarios y servidores públicos del Estado.
Es importante que se implementen contrataciones, por parte del Estado, de peritos contadores especializados en gestión pública, con la finalidad de evidenciar, con mayores detalles, el desmedro patrimonial que sufre el Estado por actos de corrupción. Esto con el fin de evitar los cuestionamientos por parte de los defensores de los imputados, ya que, al contar con un perito capacitado y especializado, la fiscalía está en las condiciones necesarias de realizar, a mayor detalle, las pericias contables y afrontar, en el juicio oral, las conclusiones a las arribaron mediante sus pericias contables.
Resulta esencial la cooperación interinstitucional de manera eficaz y eficiente, a través de cualquier medio en la entrega, custodia y recabo de informaciones; hacía las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, con la finalidad de poder evitar que se creen obstáculos que dificulten las investigaciones del Ministerio Público. Además, si se esconden, obstruyen, dificultan o destruyen estas informaciones, se deberían elevar las penas, a fin de que dicho actos sean castigados con mayor severidad; porque, en muchas ocasiones, la destrucción u ocultamiento de informaciones por parte de malos funcionarios dificultan la averiguación de la verdad.
[1] Aquellos funcionarios y servidores públicos que forman parte de la administración pública, comenten algún ilícito penal, infringiendo sus obligaciones, lesionan el correcto funcionamiento de la administración pública.
[2] Cualquier persona que no es funcionario o servidor público, sin embargo, es un partícipe que coopera o ayuda al funcionario o servidor público a cometer algún ilícito penal contra la administración pública.
