El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) cuestionó que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentara una demanda de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional (TC), contra distintos artículos del Decreto Legislativo 1373 que determina la extinción de dominio.
Según el titular de la Defensoría, la norma vulnera el derecho a la propiedad, principios de tipicidad, presunción de inocencia, irretroactividad de la ley y seguridad jurídica y es por ello que deben ser declarados inconstitucionales.
Gutiérrez decidió incluir como partes demandadas a las autoridades como la Presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén, el ministro de Justicia Eduardo Arana y a Samuel Villaverde, procurador público.
El MINJUSDH sostuvo que la eliminación de la norma «sería un retroceso en la lucha contra la criminalidad y delitos graves». A través de un comunicado, este jueves 8 de agosto, expresó su preocupación por el recurso presentado:
Hacemos un llamado a la reflexión para que dicho organismo constitucional (TC) vele preferentemente por los derechos de la ciudadanía sobre otros intereses evidenciados en la objeción sobre la viabilidad de esta importante figura.
En ese sentido, remarcó que el Estado, hasta el momento, ha recuperado más de S/250 millones en activos, bienes o ganancias, gracias al proceso de extinción.
En otro momento, indicó que la medida «tendría incidencia directa contra las entidades beneficiarias», entre ellos, el Poder Judicial, la Policía Nacional y las Procuradurías Públicas, quienes son parte del Subsistema de Extinción de Dominio.
