Como lo hemos estado denunciando en este portal, la aplicación del Decreto Legislativo 1194, que regula el proceso inmediato, y que se conoce como la «Ley de flagrancia», incrementa a un ritmo acelerado la sobrepoblación penitenciaria. Y como ha indicado el profesor Hurtado Pozo, a estas alturas el riesgo no es que las prisiones se tornen en bombas de tiempo (que ya lo son), sino que se provoque su explosión.

Lea también: Hurtado Pozo: «El riesgo no es transformar las prisiones en bombas de tiempo (que ya lo son), sino provocar la eclosión».

Así, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, ha señalado que «La sociedad, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial están satisfechos con esta disposición porque la condena es rápida, pero no se dan cuenta que los procesados irán a prisiones donde ya no hay espacio».

Lea también: ¿Deben los jueces dictar clases de derecho?

Según indicó el jefe del INPE, el DL 1194, que acelera la emisión de sentencias contra las personas que son sorprendidas cometiendo un delito, provocaría el colapso de los establecimientos penitenciarios del país. El problema se agudizaría si se implementan los 126 Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva, como planteó el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, hace una semana.

Lea también: ¿Por qué se miente sobre Kelsen en las aulas y los libros?

En ese sentido Magán puso un ejemplo: «Si ingresan 10 personas por mes en los 126 órganos, entonces vamos a tener aproximadamente 1500 internos más en el país, y al año serían unos 17 000. Eso rebasa la capacidad de cualquier sistema penitenciario».

Lea también: Análisis típico del delito de «violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones».

Por su parte, Roger Vilca, responsable del área penal de nuestro portal, apuntó: «Hace un año teníamos 72 000 presos. Considerando que nuestras cárceles tienen una capacidad de albergue de 30 000 reos, la sobrepoblación penitenciaria supera los 40 000 (y pensar que en el 2000 teníamos solo 27 000 presos). Como si estas cifras no fueran alarmantes de por sí, en los últimos años, aparte de elevarse las penas de varios delitos (que hace que más personas estén más tiempo en la cárcel), se prohibió la aplicación de beneficios penitenciarios a una gruesa cantidad de delitos, entre ellos el robo agravado (30% del total de internos). Y como si eso no fuera suficiente, el novísimo DL 1194 que regula el proceso inmediato, con el auspicio de la prensa (véanse los reportajes televisivos), ha venido a coronar la crisis penitenciaria».

Lea también: Análisis típico del delito de «violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones».
Comentarios: