El virus covid-19 ha traído consigo innumerables tragedias de toda naturaleza: sanitarias, económicas, sociales y, en general, ha ocasionado la paralización del complejo sistema que conforman las instituciones públicas y privadas.
Mientras tanto, si bien el Poder Judicial ha dejado de brindar la gran mayoría de sus servicios, todo lo acontecido ha desnudado aún más las carencias de nuestro sistema de administración de justicia. Esto no es malo. Como se sabe, para superar algo hay que tener el diagnóstico más certero. Además, no es novedad que se diga que hay que hacer reformas judiciales, pues este es un discurso inacabable e insaciable.
Por ejemplo, pensemos en la tan publicitada oralidad en el proceso civil (que también se puede extender al proceso civil común). Me pregunto: ¿por qué tuvieron que cancelarse las audiencias preliminares o las de pruebas? ¿No podían realizarse de manera remota? En mi opinión, por supuesto que sí, por dos motivos: el juez debe adecuar el proceso para lograr sus fines y el juez es el director del proceso (sin dejar de tomar en cuenta que las formalidades del CPC pueden inobservarse cuando el caso lo amerite). Más aún cuando dentro de los planes de reactivación de actividades del Poder Judicial se contempla la realización de audiencias virtuales por un buen tiempo.
Entonces, si tenemos un código adjetivo que ha colmado de poderes al juez, ¿por qué este no ha utilizado las herramientas necesarias para evitar la paralización de los procesos? No sé la respuesta, quizá fue falta de coordinación, falta de atrevimiento, falta de creatividad o simplemente falta de ganas. Podría objetarse que el juez tiene el deber-facultad de inmediación; ante esto, solo que decir que la inmediación no implica tocar a las partes ni verlas a los ojos, es tener contacto social con ellas, oírlas, consultarlas, etc., todo lo cual puede realizarse de manera no presencial (ya sucede en sede penal). Queda una primera lección muy valiosa: en el futuro las audiencias virtuales en los procesos civiles deben ser comunes, pues son más económicas en tiempo y dinero para las partes y el órgano jurisdiccional, así como que cumplen la misma función que una audiencia presencial.
Otra falencia del sistema judicial que ha tenido que ser solucionada de manera rápida es la recepción de escritos. Antes solo podían presentarse escritos por la página web del Sinoe ante juzgados que ya contaban con el expediente judicial electrónico; hoy se puede presentar una escrito o una demanda de manera digital hasta en el juzgado más recóndito del Perú.
¿Ha sido esta una solución? Me atrevería a decir que no. No sé si les ha ocurrido, pero quienes litigan muchas veces han tenido que llevar sus propias hojas para obtener copias de un expediente, porque lo que menos abunda en los juzgados es material de trabajo. ¿Cómo van a imprimir todo lo presentado electrónicamente para agregarlo al expediente físico? ¿Cuándo? Y, más importante: ¿cuánto tardarán en ser proveídos esos miles de escritos que deben estar ingresando virtualmente a procesos de expedientes físicos? No solo eso. Por la emergencia, los escritos se pueden presentar sin firma digital. Entonces, ¿habrá una “amnistía” para todo lo presentado, algo así como una presunción de buena fe? El tiempo lo dirá.
Queda una segunda lección muy valiosa: es momento de invertir realmente en tecnología, de digitalizar todos los expedientes, de descongestionar los locales judiciales, de reasignar el personal que recibe escritos hacia otras labores que faciliten el trabajo de los despachos judiciales. La implementación del expediente judicial electrónico ha ido a paso de tortuga, sin embargo, las decisiones antes mencionadas hacen patente la necesidad de que se implemente lo más pronto posible en todo el territorio nacional. Reitero, hay que invertir en la justicia.
Definitivamente, deben ser muchas más las lecciones de las que el Poder Judicial debe aprender luego de la pandemia. Simplemente he tratado de desarrollar dos de ellas que me parecen muy importantes porque, además, sufro de cerca, desde el litigio, lo atrasado que está nuestro sistema de justicia. Los invito a reflexionar y pensar en qué otros cambios pueden mejorar el servicio brindado a los justiciables.
