El mes patrio inicia con una evaluación significativa en la agenda pública: el 1 de julio se desplegará el juicio por el caso Cócteles, cuyos protagonistas son Keiko Fujimori Higuchi y su partido Fuerza Popular (FP), antes Fuerza 2011.
Está sobre la mesa, de acuerdo con la acusación fiscal, el presunto delito de lavado de más de 17 millones de dólares, los cuales provendrían de Odebrecht, de los empresarios peruanos Dionisio Romero Paoletti y Enrique Gubbins Bovet, y de otros, para financiar las campañas presidenciales de 2011 y de 2016.
La pena que el fiscal José Domingo Pérez exige es de 30 años de cárcel para la hija del expresidente Fujimori y, además, la disolución de la organización política que encabeza. Esta autoridad del Ministerio Público también considera que Fuerza Popular opera como una aparente organización criminal.
Las supuestas vulneraciones a la ley se tejen entre testigos y aparentes maniobras de obstrucción en las investigaciones. A continuación, los detalles para comprender el panorama.
1. Rifas, cócteles y ‘pitufeo’
Las formas de justificar un financiamiento de campaña con bastantes cuestionamientos alrededor involucran una confianza al azar —rifas—, el chinchín de unas copas llenas de cóctel y el aparente fraccionamiento de un monto mayúsculo en varios depósitos bancarios minúsculos —el ‘pitufeo’—.
De acuerdo con un informe de Reporte Semanal, Keiko Fujimori recolectó 1 606 310 soles a través de una gran rifa profondos. En el documento se registra una venta total de 160 631 boletos, cuyo valor fue de 10 soles cada uno.
Con respecto a los eventos de los cócteles naranjas, el partido no quiso entregar la lista de nombres de quienes aportaron, como mínimo, 500 dólares por persona: los benefactores que creían en un futuro triunfo presidencial.
Las presuntas contribuciones ‘pitufas’, en cambio, sí vieron la luz en el documento de la acusación fiscal. Las masivas inyecciones de dinero a Fuerza 2011 conformarían otra fuente de financiamiento incierto.
Hace un año, la defensa legal de Fujimori, Giulliana Loza, explicó ante las cámaras de RPP que el ‘pitufeo’ era, bajo la tesis de la Fiscalía, “un tema administrativo que no tiene matiz de relevancia penal, mucho menos de delito de lavado de activos”.
En junio de 2024, en el marco del fallo judicial en el que se rechazó una vez más la prisión preventiva de su patrocinada, la abogada sostuvo lo siguiente ante el mismo medio:
El lavado de activos en modalidad de receptación está vigente desde noviembre de 2016. ¿De cuándo son los hechos de materia de acusación de Keiko Fujimori? Campaña de 2011, campaña de 2016 que terminó en junio. A nadie, por mandato constitucional, se le puede aplicar una ley retroactiva.
2. Investigados e imputaciones
Para llevar a cabo el juicio de Keiko Fujimori y de otros 45 acusados, el Ministerio Público propuso 1031 testigos, entre directivos de Odebrecht, empresarios nacionales y personas que habrían entregado aportes irregulares a Fuerza Popular. Junto a los testigos que llevará la defensa, este grupo integra a más de 1800 personas.
La lista de señalamientos abarca presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En esa línea, el Poder Judicial estableció notificar a los acusados, bajo apercibimiento de ser declarados reos contumaces, “en caso de inconcurrencia injustificada a la audiencia, y ordenarse su conducción compulsiva o, en su caso, el archivo provisional del proceso con la correspondiente emisión de órdenes de captura”.
Figuran en el repertorio Rolando Reátegui, excongresista de FP; Daniel Salaverry, expresidente del Congreso y exvocero del partido; Jorge Yoshiyama, sobrino del exjefe de campaña de Keiko Fujimori, Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, exparlamentarias fujimoristas.
Pero los simpatizantes no son los únicos bajo la lupa. Están incluidos también Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén, apristas y excongresistas. La Fiscalía, asimismo, ha citado a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Lourdes Flores Nano, lideresa del PPC, y Ricardo Gómez Palma, experiodista de RPP.
Vladimiro Montesinos también será sometido a un interrogatorio por su relación con Vicente Silva Checa, uno de los investigados. La cita alcanza a Erasmo Wong, dueño del canal Willax, quien junto a sus cuatro hermanos carga con una incriminación por presunto lavado de activos: casi 420 millones de soles.
3. Nueve devoluciones de la acusación
El fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación por el caso Cócteles en marzo de 2021 y solicitó 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori Higuchi.
Tres meses después, en junio, se inició una etapa de varias subsanaciones. Para enero de 2023, la acusación tenía en su historial hasta nueve devoluciones.
Las ocho primeras ocurrieron en la primera etapa —control formal— y en la segunda etapa —control sustancial—. En agosto de 2022, Zúñiga Urday había dado por concluido el control formal de la acusación y enmendado todas las observaciones de los abogados.
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Por tanto, la novena devolución se traducía en que el fiscal José Domingo Pérez había incumplido reiteradamente la ley en la presentación de su requerimiento acusatorio.
Había una petición: la Fiscalía debía individualizar las casi 5000 pruebas, entre las declaraciones de los testigos y documentos, porque solo así, y de acuerdo con la ley procesal, un acusado podía defenderse de un señalamiento en específico.
Corresponder a cada persona con un delito era obligatorio. Así lo explicó Zúñiga, según recoge La República:
Porque la pertinencia, conducencia y utilidad es distinta para cada individuo, y (la acusación) se ha hecho de forma genérica; indicar que el testigo declara sobre las circunstancias, antecedentes, concomitantes, no es suficiente.
Finalmente, en diciembre de 2023, este juez dictó el auto de enjuiciamiento no solo contra Keiko Fujimori Higuchi, sino contra dos personas jurídicas —Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C., de Mark Vito Villanella— y 38 personas naturales.
Entre estos últimos imputados se encuentran los exasesores de la lideresa: Pier Figari Mendoza y Ana Herz Garfias de Vega; su exesposo, Mark Vito Villanella; su abogada, Giulliana Loza Ávalos; el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka; el exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper Ackerman, y Vicente Silva Checa, cercano a Vladimiro Montesinos.
Desde entonces, el juicio oral tiene fecha: el 1 de julio de 2024.
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4. Cambios en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional
El jueves 7 de marzo de 2024 se anunciaron ajustes en la integración del grupo de jueces que atendería el caso Cócteles en la sesión del 1 de julio.
Inicialmente lo constituía el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y lo presidía la magistrada Nayko Coronado Salazar. Sin embargo, a través de la resolución 000141-2024-P-CSNJPE-PJ, se dispuso el retiro, por seis meses, del juez Raúl Caballero Laura, el segundo a cargo y colega de Coronado.
El argumento detrás de esta medida disciplinaria fue que Raúl Caballero, en su condición de juez de la Corte Superior de Tacna, se habría retrasado en emitir varias sentencias de expedientes judiciales.
Se informó, entonces, que la nueva pieza profesional sería Juana Mercedes Caballero García, pero no en reemplazo del desplazado, sino a la cabeza, en el sitio de Nayko.
Esto ocurrió porque la magistrada, destacada desde la Corte de Huaura, tenía más tiempo de nombramiento que los otros miembros.
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Durante sus gestiones, dictó prisión preventiva para los presidentes regionales de Cajamarca, Gregorio Santos; de Pasco, Klever Meléndez Gamarra; de Áncash, César Álvarez, y al cabecilla de la Gran Familia —dedicada al hurto agravado en Santa Anita—, Ángel León Arévalo.
También firmó las órdenes de captura de Rodolfo Orellana Rengifo, Martín Belaúnde, Gerardo Viñas Dioses, presidente de la región Tumbes, y por el caso La Centralita pidió el levantamiento de la inmunidad de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo.
5. Prisión preventiva de Keiko Fujimori
Fujimori cumplió dos periodos de prisión preventiva, desde octubre de 2018 hasta noviembre de 2019 y desde enero hasta mayo de 2020, cuando salió con orden de comparecencia restringida tras pagar una fianza.
José Domingo Pérez, entonces, decidió exigir la revocación de la comparecencia debido a que, según argumentó, la lideresa naranja había incumplido una de las condiciones del nuevo régimen al comunicarse con Miguel Torres, abogado, miembro de FP y testigo involucrado en la investigación.
La cercanía fue pública, ya que el simpatizante la acompañó durante una conferencia de prensa. Asimismo, se reunió con la abogada y líder del Partido Popular Cristiano (PPC) Lourdes Flores, otra testigo.
Pero el juez Víctor Zúñiga desestimó la petición de prisión preventiva de la Fiscalía porque consideró que esta solo era oportuna si la acusada persistía en un incumplimiento.
Sin embargo, en 2023, se dispuso la medida de impedimento de salida del país por 36 meses para Keiko Fujimori y Mark Vito.
La prohibición también se extendió hacia otros colaboradores de Fuerza Popular: Vicente Silva, Ana Herz, Adriana Tarazona, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Pier Figari.
No obstante, en enero de 2024, el Poder Judicial revocó esta orden bajo la premisa de que existían reglas de conducta que aseguraban la presencia de Keiko y de los demás en el proceso penal; por tanto, resultaba innecesario agravar su situación legal.
El 12 de junio, asimismo, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evaluó el pedido del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, para variar la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra Keiko Fujimori tras el viaje de la lideresa de FP a Estados Unidos. El veredicto fue el rechazo, a lo que el Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación.
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Ahora, a vísperas del juicio por el caso Cócteles, Keiko Fujimori quizá repase las declaraciones que lanzó, durante la campaña de 2011, en contra de la subvención monetaria de firmas privadas:
Los otros contrincantes tienen el respaldo de las grandes empresas. Yo soy muy crítica… Cuando han ocurrido los conflictos sociales, las empresas privadas se han portado muy mal con la comunidad y los critico abiertamente mientras los otros candidatos callan.
[…] A mí no me interesa que el gran empresariado me respalde. ¿Por qué? Porque yo tengo el cariño del pueblo, quien será el que me lleve a la victoria.
