Juicio oral: contumaz debe ser atendido dentro del plazo máximo de 15 días naturales [Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de Piura, 2018]

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Conclusión plenaria: […] Respecto al tema 02: “La atención del contumaz en los procesos penales”, el pleno adopto por mayoría (15 votos) la posición número 2 que anuncia lo siguiente: El contumaz debe ser atendido dentro del plazo razonable con un límite máximo de 15 días naturales, observando los criterios del plazo razonable. Dos grupos de magistrados votaron por la posición 02, haciéndole precisiones: 05 magistrados sostiene [sic] la insistencia de atender a la definición del plazo razonable y sólo [sic] excepcionalmente se atenderá un plazo que no debe exceder los 10 días. Otros 05 magistrados, [sic] afirman la posición 02 salvando la posibilidad de que en algún caso concreto el juez pueda superar los 15 días señalado como plazo límite.


ACTA DE SESIÓN DEL PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

La Comisión Distrital de Magistrados encargada de la realización del Pleno Jurisdiccional Penal de Piura, presidida por el Dr. Mario Reyes Puma, se reúne en la ciudad de Piura, el día 23 de noviembre del año 2018, a horas 09:00 AM, conjuntamente con los jueces penales especializados y superiores del Corte Superior de Justicia de Piura, se reúnen en el salón “Las Palmeras” del Hotel Casa Andina con la finalidad de llevar cabo el Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de Piura.

El inicio se formula con la bienvenida por parte del presidente de la comisión Mario Reyes Puma y, luego se le cede la palabra al presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura Dr. Hernán Ruiz Arias. La tercera persona que toma la palabra la Dra. Mercedes Herrera par la exposición de los temas planteados: la atención del contumaz de los procesos penales, la definición de la reserva de fallo condenatorio en las decisiones jurisdiccionales, la suficiencia de la prueba de campo o la pericia preliminar en el control de acusación.

Concluida la intervención de la ponente principal, los magistrados participantes realizan preguntas y debaten con la expositora. A la conclusión de la intervención de ésta, se reúnen para el trabajo de grupos para debatir en cada mesa las posiciones de los participantes. Se conformó mesas de trabajo, en las que se debatió cada uno de los puntos y, luego se expusieron las conclusiones arribadas en cada grupo.

Los grupos son los siguientes:

Grupo 01: integrado por los Magistrados: Dr. Juan Carlos Checkley Soria, Dr. Manuel Arrieta Ramírez, Dra. María Olaya Escobar, Dra. Anita Prieto Preciado, Dr. Cristian Azabache Vidal.

Grupo 02: Integrado por los Magistrados: Dr. Mario Reyes Puma, Dra. Ubaldina Rojas Salazar, Dra. Daiana Servan Socola, Dra. Esthela Alva Pataleón, Dr. Hugo Ruiz Solano.

Grupo 03: Integrado por los Magistrados: Dr. Raúl Álvarez García, Dr. Ronald Soto Cortez, Dr. Francisco Fernández Reforme, Dr. David Sosa Zapata y Dra. Rocio Urraca Alvarez.

Grupo 04: Integrado por los Magistrados: Dr. Laurence Chunga Hidalgo, Dra. Gladys Quiroga Sullon, Dra. Milagros La torre Vásquez, Dra. Judith Cueva Calle, Dr. Franklin Perez Santa Cruz.

Las conclusiones respecto de cada tema se plantean como sigue:

TEMA 01
LA DEFINICIÓN DE LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO EN LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

Problemática:

Conforme a los mandamientos normativos del modelo procesal penal, le corresponde a los jueces de investigación preparatoria la ejecución de las sentencias. Buen número de estas, contienen una pena privativa de libertad que es reemplazada por otra conforme a las reglas de conversión del art. 52 y siguientes del Código Penal o sustituida por una medida alternativa. Entre estas destaca la reserva de fallo condenatorio, que de conformidad con el art. 62 del Código Penal supone la declaración de culpabilidad del acusado pero que encubre la condena y la pena; condicionada dicha reserva al cumplimiento de reglas de conducta.

El problema se deriva de la posibilidad posterior que se materializa en atención de 65 de la norma substantiva: en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, inc. 3.- el juez puede revocar el régimen de prueba. Si la sentencia ha sido dictada por un juez de juzgamiento y la ejecución de la sentencia le corresponde al juez de investigación preparatoria se entiende que se ha de imponer la pena reservada. Esto nos sujeta a dos a posibilidades:

Posición 1.- El juez que dicta la sentencia con reserva de fallo condenatorio tiene obligación de definir en la parte decisoria la pena que se tiene reservada en caso de incumplimiento de las reglas de conducta.

Posición 2.- El juez que dicta la sentencia con reserva de fallo condenatorio tiene obligación de definir en la parte considerativa la justificación de la pena y la pena misma, que se tiene reservada en caso de incumplimiento de las reglas de conducta.

Grupos de Trabajo

En este estado, se concede el uso de la palabra a los señores relatores de cada grupo de trabajo, a fin de que den lectura a las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

Grupo 01: La relatora Ana Prieto Preciado expuso que el grupo, por unanimidad ELIGE LA POSICION 02 (05 votos), señalando que en la parte considerativa de la sentencia se deben consignar los argumentos que justifican una pena concreta, precisándose que, en caso de requerirse la revocación de la reserva de fallo, será la pena que ha de imponerse. Además debe consignarse el apercibimiento expreso tanto en la parte considerativa y la parte resolutiva, y el detalle de argumentos por los cuales se le reserva el fallo condenatorio, ello evitará la remisión del expediente desde el juez de investigación preparatoria al juez de juicio unipersonal, puesto que el primero, con lo anotado en la sentencia tendrá la posibilidad de revocar la medida e imponer la condena que se encuentra anotada en la parte considerativa.

Grupo 02: La relatora Daiana Servan Socola manifestó que por unanimidad SE ELIGE LA POSICIÓN 02 (05 votos), y sostiene que “asimismo el juez debe dar razones de porque la pena privativa de libertad debe reemplazarse por una medida alternativa”. Señalan que la individualización de la pena debe ya realizarse al dictarse la sentencia por razones prácticas y fundamentalmente de inmediación (en la parte considerativa), queda reservada la ejecución de la pena —la parte resolutiva de la sentencia— agregan que el juez de juzgamiento es el encargado de dar lectura a la pena reservada, haciendo la acotación que la sentencia tiene que establecer expresamente el apercibimiento del artículo 65° inciso 3) del Código Penal, o cuando no lo haya hecho solo será posible cuando se haya revocado el régimen de prueba, ante el incumplimiento de las reglas de conducta, y esta debe estar acorde con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Grupo 03: El relator Francisco Fernández Reforme sostiene que el grupo por unanimidad eligen LA POSICIÓN 02 (5 votos). Sostiene que, si bien en antiguo  modelo era un único juez el llamado a la expedición de la sentencia y a la ejecución  de la misma; el nuevo modelo al distinguir entre la función de juicio y la función de ejecución de sentencia imponiendo la tarea a jueces distintos, corresponde se realicen las precisiones para evitar devoluciones burocráticas que motiva impunidad, pues el tiempo corre siempre en favor del sentenciado.

Grupo 04: La relatora magistrada Milagros La torre Vásquez precisa que luego del debate, el grupo por unanimidad ELIGE LA POSICIÓN 02 (5 votos). Atendiendo a que faculta a juez a señalar en la parte considerativa e imponer la pena concreta, por lo que exige una fundamentación en base al principio de congruencia procesal; principio de determinación de la pena y el principio de motivación de las resoluciones judiciales.

Realizado el conteo de las elecciones realizadas, se verifica que, por unanimidad los señores magistrados reunidos en el Pleno Jurisdiccional Penal de Piura, ELIGEN LA POSICIÓN 02.

Posición 01                                     00 votos.
Posición 02                                     20 votos (Unanimidad).

TEMA 2
LA ATENCIÓN DEL CONTUMAZ EN LOS PROCESOS PENALES

Problemática:

¿Cuál es el plazo procesal en que debe ser atendido un contumaz una vez que es puesto a disposición del juez en cumplimiento de las órdenes de conducción compulsiva?

La Constitución Política en el art. 2 inc. 24, lits. b) y f) autoriza las formas de restricción de la libertad y, el Código Procesal Penal regula tres formas: la prisión preventiva, el arresto ciudadano y la detención preliminar judicial. La Constitución señala otras dos: la detención policial por flagrancia y el mandato judicial. En cualquiera de estas formas tiene un límite: que dure lo estrictamente necesario con un plazo máximo de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

La contumacia se regula en el art. 79 del Código Procesal Penal y supone una sanción procesal contra el acusado renuente a los llamamientos jurisdiccionales, por lo que en su desobediencia es declarado contumaz, lo que conlleva a la autorización policial para la aprehensión del acusado y su puesta a disposición ante el juez que dirige el proceso penal en la etapa de juicio oral.

No existe para la atención del contumaz un plazo específico de ley, por lo que debe atenderse el criterio de “lo estrictamente necesario” con el límite que la Constitución establece de 48 horas, máxime de para la instalación del juicio oral tan solo se requiere la presencia del representante del Ministerio Público (como órgano de acusación) y la del acusado acompañado por su abogado defensor (como contraparte procesal), lo que sería suficiente para reiniciar el proceso penal y asegurar la libertad del procesado.

Por otro lado, la Constitución Política en el art. 2 inc. 24, lit. b) y f) establece un plazo ordenatorio de 48 horas que se dirige a la autoridad policial, con el objeto de que antes del vencimiento de ese plazo ponga a disposición del juez a la persona detenida. El juez no tiene un plazo para definir la situación del acusado, por lo que le es aplicable el mandato de la razonabilidad: “La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones”, condicionado a las exigencias procesales de naturaleza penal. Los arts. I del Título Preliminar y 253 del Código Procesal Penal establece que la evaluación de las restricciones de libertad han de efectuarse con respeto del principio de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, al punto que, aún cuando las instituciones de coerción personal señalan plazos máximos, el juez ha de señalar el plazo en la medida y tiempo estrictamente necesario, con la atención de los riesgos de fuga, ocultamiento de bienes, salvamento de la insolvencia, reiteración delictiva y obstaculización procesal.

El acusado que es declarado contumaz se sujeta a una sanción procesal en mérito a su desobediencia a los mandatos judiciales dentro del proceso penal y, de ordinario, se relaciona con su renuencia a presentarse a la instalación del juicio oral. Así, la contumacia es “la situación jurídica a la que se somete el imputado cuando de modo voluntario decide alejarse injustificadamente del proceso”. Si ello es así, que la contumacia es la situación jurídica del procesado desobediente y, atendiendo a que el juez debe sujetarse a un plazo razonable para la definición del inicio del juicio oral, entonces corresponde que, en mérito de los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, el juez establezca la fecha de la audiencia de juicio oral atendiendo:

a. La condición de inocencia del imputado pero también la sospecha delictiva que recae sobre él por la existencia de una acusación en su contra,

b. el plazo necesario para que el abogado defensor del acusado y el fiscal preparen su defensa, para cuyo caso el art 355 inc. 1 señala un plazo no menor de diez días,

c. los criterios convencionales y constitucionales (Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Serie C No. 30. Sentencia del 29 de enero de 1997, párr. 77; Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 57, etc. y Tribunal Constitucional en el expediente 05350-2009-PHC/TC. Sentencia de 10 de agosto de 2010. F.J. 26) para la evaluación de plazo razonable, entre los que se cuentan:

c1. La naturaleza del delito imputado,

c2. la complejidad procesal de la materia,

c3. La cantidad de sujetos procesales a notificar y personas que se necesita citar,

c4. La conducta del acusado dentro del proceso —aparte de la circunstancia de rebeldía—,

c5. La carga laboral del tribunal,

c6. La agenda en los próximos días a la aprehensión del contumaz y la naturaleza de dichos procesos.

[Continúa…]

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