El último jueves 4 de abril, la jueza Marilyn Elizabeth Baltazar Rossel, del Cuarto Juzgado del Callao, protagonizó un incidente con una demandante en un proceso de aumento de pensión de alimentos.
La magistrada increpó a la ciudadana el no presentarse con prendas de vestir «recatadas» para el desarrollo de una audiencia virtual.
La representante del sistema de justicia afirmó:
En la grabación se está viendo toda esta parte de acá de la señora [la jueza se señala el pecho]. Me parece que tiene que ser más recatada para una audiencia.
El abogado de la mujer, Juan Carlos Arenas Canales, señaló que su patrocinada tuvo que cambiarse de blusa para continuar con la sesión.
En ese contexto, denunció como un «acto de discriminación» los cuestionamientos de la jueza, sobre todo «en un proceso donde la demandante necesita de recursos para darle alimentos a sus hijos».
Por ello, el Dr. Arenas Canales informó del inicio de con las acciones legales contra la magistrada.
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Medidas
El hombre de leyes interpuso una denuncia por discriminación contra la jueza Baltazar Rossel con base en el artículo 323 del Código Penal.
Artículo 323.- Discriminación e incitación a la discriminación
El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.
Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36.
Como segunda medida, además, presentó una queja ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma). Dicha instancia tiene como función investigar la conducta de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales.
Estos procesos forman parte del ámbito administrativo disciplinario. De acuerdo a la falta, se impone medidas de suspensión preventiva en el cargo.
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El Dr. Juan Carlos Arenas Canales también interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Asimismo, indicó que se evaluará otras acciones legales en contra de la funcionaria pública por condicionar el acceso a la justicia de una persona por su vestimenta.
@lpderecho #Jueza cuestiona a litigante por su vestimenta: «No puede venir toda escotada, tiene que venir de una manera recatada» #lpderecho
Otros casos
En el 2020, durante una audiencia virtual de prisión preventiva para José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú, fue interrumpida por el juez Jorge Chávez Cotrina quien señaló a una representante del Ministerio Público por no estar «vestida adecuadamente».
La abogada en mención fue Lizbeth Peláez Ibañez, quien al no ser nombrada por el magistrado para su acreditación, le solicitó que la tomara en cuenta, ya que formaba parte de la defensa pública.
Ante el pedido de la letrada, el juez declaro:
Usted ha venido vestida de una manera que no me permite entender que iba a asumir la defensa.
El magistrado también cuestionó a la trabajadora del MP por no llevar su medalla.
Finalmente, el juez indicó que no era prescindible la presencia de la abogada, ya que los investigados estaban debidamente patrocinados por la defensa de su elección. Por lo que, la letrada procedió a retirarse de la sala virtual.
Otro caso parecido sucedió en agosto del 2022 en la región de Piura. Esta vez, sin embargo, la «llamada de atención» estuvo dirigida a un abogado.
Mientras que Ángel Daniel Ortiz Ayosa realizaba su presentación para defender a su cliente, el juez Yony Bernabé Viru Maturrano, a cargo del Primer Juzgado Penal Unipersonal, increpó al letrado el «por qué no llevaba puesto su saco«.
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El letrado cuestionó al magistrado al consultar si existe una base legal para solicitar a un defensor legal presentarse con saco.
El incidente, afortunadamente, no llegó a más que un llamativo intercambio de palabras. Este quedó registrado en video.
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