El Poder Judicial (PJ) evaluará el próximo 5 de diciembre, desde las 9:00 a. m., la revocación de los beneficios de colaborador eficaz a Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht.
El empresario brasileño se negó a declarar como testigo en el proceso judicial de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por presuntos aportes a sus campañas electorales del 2006 y 2011, en octubre del año pasado. En consecuencia, el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, pidió la anulación de los beneficios de colaborador eficaz.
En julio último, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria aceptó el pedido y anuló el acuerdo de colaboración firmado entre la Fiscalía y Barata. Sin embargo, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptó una apelación presentada por César Nakazaki.
La Sala consideró que, en la primera instancia, no se realizó un pronunciamiento sobre un aspecto del acuerdo de colaboración; esto es que, antes de solicitar la revocatoria, se debe llevar una fase de negociación o trato directo con el colaborador.
Por ello, ordenó que se vuelva a evaluar el pedido del Ministerio Público. En este sentido, el juez de Investigación Preparatoria, Ubaldo Callo Deza, ordenó la programación de una audiencia, que se llevará a cabo de forma reservada, para examinar dicha solicitud.
¿Por qué se solicitó que Jorge Barata deje de ser colaborador eficaz?
En 2019, el Ministerio Público y el ex empresario brasileño firmaron un acuerdo de colaboración eficaz, mediante el cual se le otorgó la reducción de pena a cambio de diversas obligaciones en los procesos judiciales. Una de estas condiciones era presentarse ante las autoridades para ofrecer sus testimonios en las investigaciones.
En octubre del mismo año, el fiscal José Domingo Pérez solicitó que Barata declare como testigo en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por los presuntos aportes que Odebrecht habría dado a su campaña en 2011.
Sin embargo, el exejecutivo no se presentó argumentando una «imposibilidad jurídica» y un «incumplimiento del procedimiento establecido en la ley para la actuación de la prueba testimonial». Además, cuestionó la exigencia de su presencia física en el juicio.
