La Corte Suprema de Brasil ordenó, este miércoles 26, que el expresidente Jair Bolsonaro sea juzgado por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado, lo que podría acarrearle una severa pena de prisión.
La Fiscalía General de Brasil lo imputó, en febrero de este año, sindicándolo de liderar una organización criminal que buscó, tras su derrota electoral en 2022, impedir la investidura de Lula da Silva. Los cinco magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron de manera unánime en favor de abrir el proceso judicial contra él.
Bolsonaro, quien podría enfrentar hasta 40 años de prisión en caso de ser hallado culpable, no se presentó en la Corte durante la decisión, a diferencia del primer día de deliberaciones. El exmandatario ha insistido en su inocencia y denuncia ser víctima de una persecución política.
A pesar de estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, Bolsonaro mantiene la intención de postularse nuevamente en las elecciones de 2026, en un escenario en el que la popularidad de Lula ha disminuido según las encuestas. No obstante, los analistas consideran poco probable que el expresidente sea detenido preventivamente y estiman que podría esperar el juicio en libertad.
Inscríbete aquí Más información
El plan golpista atribuido a Bolsonaro incluía la redacción de un decreto para instaurar un «Estado de defensa» y, según la fiscalía, incluso el asesinato del presidente Da Silva y del juez Alexandre de Moraes. Sin embargo, este complot no se habría concretado debido a la falta de respaldo por parte de los altos mandos militares.
Las investigaciones también relacionan directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Además del exmandatario, el STF también juzgará a siete de sus excolaboradores, entre ellos, los exministros Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), así como a un excomandante de la Marina.
El abogado de Bolsonaro, Celso Sanchez Vilardi, defendió la inocencia de su cliente, asegurando que «contra el expresidente no se halló absolutamente nada». Entretanto, expertos consideran que el juicio podría resolverse este mismo año para evitar interferencias en los comicios de 2026.
