La elección de José María Balcázar como presidente interino por el Congreso coloca al Perú ante un escenario singular: un Ejecutivo de transición, encabezado por una figura identificada con la izquierda radical, que deberá conducir el país hasta las elecciones del 12 de abril. El dato no es menor. No solo por la fragilidad institucional que arrastra nuestro sistema político, marcado por una inestabilidad presidencial crónica, sino porque el interinato coincide con la fase decisiva de una campaña electoral polarizada.
Desde el punto de vista constitucional, un presidente interino no es un gobernante con mandato político propio, sino un garante de continuidad. Su función es administrar el Estado, asegurar el orden público y garantizar elecciones libres. El marco normativo exige neutralidad del aparato estatal durante el proceso electoral y prohíbe el uso de recursos públicos con fines proselitistas. En términos formales, por tanto, el margen de maniobra es estrecho; sin embargo, el derecho no opera en el vacío y el ejercicio del poder, aunque sea transitorio, produce efectos políticos. Y es ahí donde surge la pregunta que nos preocupa: ¿puede un gobierno de izquierda en estas circunstancias influir en el resultado electoral?
No nos referimos a la influencia burda y directa como sería la manipulación institucional o uso indebido de recursos, nos referimos a un nivel de influencia indirecta, por tanto más compleja de advertir.
Veamos: Un primer ámbito de influencia estaría marcado por el control de la agenda pública. El Ejecutivo fija prioridades: seguridad ciudadana, política social, discurso económico. Incluso decisiones administrativas de corto plazo como posibles operativos de seguridad pueden moldear el clima político. Manejando la agenda pública no sería necesario alterar reglas electorales para incidir en la percepción del elector; basta con orientar el debate hacia temas que le favorezcan.
En este sentido, la vigilancia institucional por parte de los órganos electorales, el Congreso y la opinión pública será determinante. La fortaleza del sistema no se mide por la ausencia de tensiones, sino por su capacidad de procesarlas dentro del marco legal.
Un segundo ámbito lo constituiría lo que la ciencia política ha denominado como “evaluación retrospectiva”: electoralmente, el elector premia o castiga según su percepción del desempeño gubernamental inmediato. Si el interinato logra transmitir orden y sensibilidad social, puede reforzar la legitimidad de discursos de izquierda que prometen continuidad o profundización de ese enfoque. Si, por el contrario, se percibe improvisación o radicalismo discursivo, el efecto puede ser el inverso.
Un tercer ámbito es la polarización. Un gobierno interino identificado con la izquierda radical puede convertirse en un símbolo. No tanto por lo que haga, sino por lo que representa. En contextos de fragmentación partidaria y desconfianza institucional, los símbolos pesan. La sola presencia de un Ejecutivo con discurso ideológico marcado puede activar reflejos defensivos en sectores de centro o derecha, favoreciendo candidaturas que se presenten como garantes de estabilidad y moderación. Cuando el Ejecutivo, aunque sea transitorio, encarna una identidad política definida, el proceso electoral puede transformarse en un plebiscito implícito sobre ese proyecto. No se vota solo por el futuro presidente; se vota a favor o en contra del rumbo inmediato.
¿A quién podría beneficiar esta situación? En principio, a candidaturas con discurso anti-establishment que encuentren en el interinato un respaldo simbólico. La narrativa de ruptura con las élites tradicionales podría verse reforzada si el Ejecutivo adopta un tono crítico frente al pasado reciente. En un país donde el descrédito de la clase política es persistente, ese mensaje podría ser bien recibido por el elector. Pero esto no es absoluto ya que el escenario contrario es igualmente posible. Un electorado fatigado por la inestabilidad puede inclinarse hacia opciones de centro o centro-derecha que prometan previsibilidad institucional. Si el interinato es percibido como una extensión del conflicto político, la reacción puede ser de búsqueda de equilibrio. En contextos de crisis recurrente, el voto moderado suele consolidarse no por entusiasmo ideológico, sino por aversión al riesgo.
Desde la perspectiva jurídica, el principio rector debe ser claro: el Ejecutivo interino no debe convertirse en actor electoral. La neutralidad no es solo una obligación formal, sino una condición de legitimidad democrática. El uso de la función pública para inclinar la competencia erosiona la igualdad de condiciones entre candidatos y todos debemos observar que ese estándar debe ser observado con rigor.
Mi impresión es que el mayor riesgo no radica en una intervención explícita del Ejecutivo en el proceso electoral, sino en la tentación de utilizar el discurso gubernamental como plataforma de posicionamiento ideológico. Incluso sin transgredir normas, un uso intensivo de la tribuna presidencial puede alterar el equilibrio de la campaña. No sería ilegal en sí mismo, pero sí ética y políticamente discutible. Un interinato ideológicamente marcado puede ser una amenaza en la medida que se aparte del marco de neutralidad que la Constitución exige.
La pregunta de fondo no es si un gobierno de extrema izquierda puede influir en la elección. Todo gobierno, incluso el más transitorio, influye en mayor o menor medida. La cuestión decisiva es si esa influencia se ejercerá dentro de los límites del Estado de Derecho. Esa será la verdadera medida de responsabilidad política en las semanas que vienen y todos debemos estar atentos en ello.
