Sumario: 1. Introducción; 2. La crisis estructural del sistema de justicia penal. 2.1. Sobrecarga procesal y demora en la resolución de causas. 2.2. Deficiencias en la motivación de las resoluciones judiciales; 3. El principio de celeridad procesal en el proceso penal. 3.1. Alcances constitucionales del principio de celeridad. 3.2. Celeridad procesal y tutela judicial efectiva; 4. La inteligencia artificial en la administración de justicia. 4.1. Fundamentos, funcionamiento y percepciones sobre la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. 4.2. Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el trabajo jurídico y jurisdiccional; 5. La inteligencia artificial como instrumento de optimización del proceso penal. 5.1. Automatización de tareas jurisdiccionales y gestión de expedientes. 5.2. Impacto de la IA en la eficiencia y calidad de las decisiones judiciales; 6. Riesgos, límites y desafíos del uso de la inteligencia artificial en el proceso penal. 6.1. Problemas éticos y sesgos algorítmicos. 6.2. La necesidad de control humano en la toma de decisiones judiciales; 7. Perspectivas para la incorporación responsable de la inteligencia artificial en e sistema de justicia penal. 7.1. Uso de herramientas de inteligencia artificial en la redacción de actos procesales. 7.2. Herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda y organización de información jurídica. 7.3. Herramientas de inteligencia artificial para el análisis de expedientes complejos; 8. Conclusiones.
1. Introducción
En el presente trabajo analizo la necesidad de incorporar la Inteligencia Artificial (IA) en la administración de justicia, particularmente en el contexto del proceso penal peruano. A partir de mi experiencia académica y profesional —que incluye una pasantía realizada en la Universidad de Buenos Aires y mi práctica dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial— identifico algunos de los principales problemas estructurales que afectan al sistema judicial, tales como los retrasos prolongados, la sobrecarga procesal, la programación de audiencias con varios años de distancia, la notificación tardía de sentencias y las deficiencias en la motivación de numerosas resoluciones judiciales. Estas situaciones no solo evidencian limitaciones organizativas del sistema, sino que también comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho al plazo razonable, reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este contexto, destaco la importancia del principio de celeridad procesal como un componente esencial del debido proceso, cuya finalidad es garantizar que los procedimientos judiciales se desarrollen sin dilaciones injustificadas y con pleno respeto de los derechos de las partes. No obstante, la práctica demuestra que los tiempos del proceso penal suelen verse afectados por diversos factores estructurales, entre ellos la repetición de tareas administrativas, las deficiencias en la organización y gestión de expedientes y la elevada carga operativa que enfrenta el sistema de justicia.
Frente a estas limitaciones, sostengo que la inteligencia artificial puede constituir una herramienta tecnológica capaz de optimizar la gestión judicial. Su utilización permite automatizar tareas repetitivas, facilitar la búsqueda y el análisis de información jurídica y, en consecuencia, permitir que jueces, fiscales y abogados concentren su labor en el análisis sustantivo de los casos. Asimismo, abordo algunas de las críticas y temores que suele generar el uso de estas tecnologías —como el temor al reemplazo profesional, la desinformación o la posible dependencia tecnológica— y explico que la inteligencia artificial no pretende sustituir al operador jurídico, sino potenciar su capacidad de trabajo y mejorar la eficiencia del sistema.
Del mismo modo, presento algunas herramientas actuales de inteligencia artificial —como ChatGPT, Gemini y NotebookLM— y examino su utilidad práctica en actividades propias del trabajo jurídico, tales como la elaboración de documentos, el análisis de información jurídica y la organización del trabajo profesional. Finalmente, sostengo que la incorporación responsable, regulada y transparente de estas tecnologías puede contribuir significativamente a fortalecer la celeridad procesal, optimizar los recursos del sistema judicial y garantizar el derecho al plazo razonable, elementos esenciales para la consolidación de una justicia más eficiente y confiable dentro del Estado de Derecho.
2. La crisis estructural del sistema de justicia penal.
2.1. Sobrecarga procesal y demora en la resolución de causas
El sistema de administración de justicia en el Perú enfrenta desde hace años una crisis estructural caracterizada por retrasos persistentes y una marcada sobrecarga procesal. En la práctica profesional es frecuente encontrar audiencias programadas para años posteriores —incluso hasta el 2037[1]—, así como reprogramaciones reiteradas y sentencias notificadas mucho tiempo después de haber sido emitidas. En algunos casos, la notificación de una sentencia ya leída puede tardar más de un año.
Algo similar ocurre en la segunda instancia. Por ejemplo, en casos asumidos profesionalmente, recursos de apelación presentados terminan con audiencias programadas después de varios meses o a veces al año siguiente. Lo preocupante es que estas situaciones han dejado de ser excepcionales para convertirse en una práctica cada vez más frecuente, evidenciando que la demora se ha normalizado como una característica del sistema.
Estas deficiencias también se advierten en la etapa de investigación fiscal, donde muchas disposiciones se estructuran sobre diligencias previsibles y reiterativas. En investigaciones por lavado de activos o crimen organizado, por ejemplo, suele ordenarse de manera casi automática el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la programación de declaraciones testimoniales. En delitos sexuales, la investigación suele girar en torno a diligencias previamente definidas, como la declaración en Cámara Gesell o la realización de pericias correspondientes.
Algo similar ocurre en el ámbito jurisdiccional, donde la emisión de decretos de mero trámite y resoluciones que se limitan a describir el desarrollo del juicio refleja una dinámica procesal altamente burocratizada. En conjunto, estas prácticas muestran que una parte significativa de las actuaciones procesales responde a tareas repetitivas y estandarizadas.
2.2. Deficiencias en la motivación de las resoluciones judiciales
A la sobrecarga procesal se suma la deficiente motivación de numerosas resoluciones judiciales. En diversos casos, las decisiones se limitan a describir lo ocurrido en audiencia o a transcribir los argumentos de las partes para concluir —sin un razonamiento jurídico suficiente— que la tesis fiscal ha quedado acreditada. Este tipo de motivación debilita la calidad del razonamiento judicial y afecta el estándar de justificación que debe caracterizar a toda decisión jurisdiccional.
En ocasiones, estas decisiones son confirmadas por instancias superiores sin un control crítico efectivo, lo que contribuye a reproducir deficiencias en la argumentación judicial. Como consecuencia, numerosos procesos terminan llegando a la Corte Suprema, generando una mayor carga procesal en el máximo órgano jurisdiccional. No resulta extraño, por ello, que los recursos de casación tarden entre dos y tres años en ser resueltos.
Frente a esta realidad, resulta necesario reflexionar sobre posibles mecanismos que permitan optimizar la gestión de estas actividades. Precisamente, el presente artículo propone analizar cómo el uso de herramientas tecnológicas —particularmente la inteligencia artificial— podría contribuir a reducir demoras estructurales y mejorar la eficiencia del sistema de justicia.
3. El principio de celeridad procesal en el proceso penal.
3.1. Alcances constitucionales del principio de celeridad
La celeridad procesal es una manifestación del derecho al debido proceso, pues garantiza que las actuaciones judiciales se desarrollen dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. El Tribunal Constitucional, en la sentencia [Expediente 1816-2003-HC/TC], ha señalado que los actos procesales deben realizarse en un tiempo razonable para evitar afectaciones a los derechos de las partes. No obstante, no toda demora constituye vulneración: para que exista afectación al principio de celeridad deben concurrir (i) un funcionamiento anormal del sistema de justicia, (ii) una tardanza irrazonable o innecesaria y (iii) que la dilación provenga de la inactividad o negligencia de las autoridades.
Para mayor abundamiento, el principio de celeridad procesal busca que el trámite del proceso avance de manera rápida y segura, evitando paralizaciones o dilaciones injustificadas [Casación 1948-2017, Lima]. Este principio se encuentra estrechamente vinculado con el principio de economía procesal, orientado a optimizar los recursos del sistema de justicia mediante la reducción de tiempo, esfuerzo y gastos innecesarios en el proceso [Casación 1289-99, Lima]. No obstante, su aplicación no implica prescindir de las garantías del debido proceso, sino encontrar un equilibrio entre la rapidez en la tramitación y el respeto de las formalidades indispensables para asegurar los derechos de las partes [Casación 1266-2001, Lima].
En la investigación preparatoria, la celeridad se vincula con el derecho al plazo razonable. El artículo 334.2 del Código Procesal Penal establece que las diligencias preliminares duran como máximo veinte días, ampliables en casos complejos, mientras que la falta de notificación oportuna de las disposiciones fiscales puede vulnerar el artículo 122 del CPP. Ante la prolongación indebida de esta etapa, las partes pueden requerir al fiscal su conclusión y, de persistir la inacción, acudir al juez de investigación preparatoria dentro de cinco días.
La exigencia de celeridad se intensifica cuando existen medidas restrictivas de derechos fundamentales —como la libertad, la intimidad o la propiedad—, casos en los que la confirmación judicial debe realizarse de forma inmediata. Asimismo, en el proceso inmediato, la celeridad es estructural, pues se trata de un procedimiento destinado a casos con evidencia suficiente desde la etapa preliminar, lo que exige un control judicial riguroso del requerimiento fiscal.
3.2. Celeridad procesal y tutela judicial efectiva
Los mayores problemas vinculados a la celeridad procesal suelen presentarse en la etapa intermedia y en el juicio oral, donde la ley no fija plazos claros para la realización de la audiencia preliminar y las reprogramaciones pueden extenderse por largos periodos. Incluso cuando el Código Procesal Penal señala que el juicio oral no debería exceder de ocho días continuos, la notificación de la sentencia puede demorar meses o incluso más de un año.
Estas demoras afectan no solo la duración razonable del proceso, sino también la calidad de las decisiones judiciales y el cumplimiento del deber de motivación. La tutela judicial efectiva exige que el proceso penal se desarrolle dentro de parámetros de razonabilidad temporal que permitan a las partes obtener una respuesta jurisdiccional oportuna y debidamente fundamentada.
En síntesis, la celeridad procesal no implica precipitación, sino el desarrollo ordenado, continuo y razonable del proceso. Su finalidad es garantizar el derecho de defensa, el debido proceso y, en el ámbito penal, la protección efectiva de derechos fundamentales, particularmente la libertad personal.
4. La inteligencia artificial en la administración de justicia.
4.1. Fundamentos, funcionamiento y percepciones sobre la inteligencia artificial en el ámbito jurídico
Si ya utilizas inteligencia artificial en tu trabajo, probablemente también hayas escuchado críticas basadas en el temor o la desconfianza: que la IA reemplazará a las personas, que puede engañarnos o que su uso nos volverá dependientes. Sin embargo, la discusión no es si la IA sustituirá a los profesionales, sino quiénes estarán preparados para utilizarla. La inteligencia artificial no reemplaza al ser humano; lo que sí puede ocurrir es que quienes no aprendan a usarla queden rezagados frente a quienes sí la dominen. Probablemente estamos ante una nueva etapa en la que, así como antes el analfabetismo significaba no saber leer ni escribir, hoy comienza a surgir una nueva brecha: no saber trabajar con herramientas de inteligencia artificial.
Parte de estas críticas surge del desconocimiento sobre su funcionamiento. Una de las preocupaciones más comunes es la pérdida de empleos, debido a que la IA puede realizar tareas repetitivas con mayor rapidez. No obstante, la historia de la tecnología demuestra que los avances no eliminan necesariamente el trabajo humano, sino que lo transforman. La inteligencia artificial no piensa ni decide por sí sola; funciona a partir de datos, instrucciones y supervisión humana.
Otra inquietud frecuente es el riesgo de manipulación. Actualmente es posible generar textos, audios, imágenes o videos muy realistas, lo que puede facilitar la desinformación. Sin embargo, el problema no radica en la herramienta, sino en el uso que se haga de ella. Por ello resulta indispensable fortalecer la educación digital, la verificación de fuentes y los mecanismos de regulación.
También se cuestiona la confiabilidad de la información generada. Las herramientas de inteligencia artificial pueden cometer errores porque no comprenden la realidad como lo hace un ser humano; únicamente identifican patrones en grandes volúmenes de datos. Por esta razón, en ámbitos sensibles como el derecho, la medicina o las finanzas, la información siempre debe ser contrastada. La IA puede servir como punto de partida, pero no sustituye el análisis profesional. Muchas veces el problema no es la herramienta, sino la forma en que se le formulan las instrucciones: cuanto más precisas sean las indicaciones, más útiles y coherentes serán las respuestas.
Algo similar ocurre cuando se enseña a un niño. Si se le explica con claridad qué debe hacer —por ejemplo, que al ver basura debe depositarla en el tacho—, con el tiempo lo hará de manera automática. Pero si el propio adulto arroja basura al suelo, el niño imitará esa conducta. Con la inteligencia artificial sucede algo parecido: la calidad de los resultados depende en gran medida de cómo se le instruya y de los criterios del usuario.
4.2. Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el trabajo jurídico y jurisdiccional
Algunos sostienen además que el uso de inteligencia artificial podría generar dependencia o reducir la capacidad de reflexión. Ese riesgo existe cuando se utiliza sin criterio. No obstante, bien empleada, puede ampliar las capacidades humanas al facilitar la organización de información, la generación de ideas y la elaboración de borradores que luego deben ser revisados por el profesional.
En cualquier caso, habilidades como la creatividad, la intuición, el juicio profesional y la experiencia siguen siendo exclusivamente humanas. La inteligencia artificial carece de contexto emocional, comprensión profunda y responsabilidad jurídica. En disciplinas como el derecho, la medicina o la educación, la decisión final siempre corresponde a la persona.
Algo similar ocurrió con otras tecnologías. Antes se necesitaban distintos dispositivos para escribir, tomar fotografías, escuchar música o ver contenido audiovisual; con el tiempo, el teléfono inteligente integró todas esas funciones en un solo aparato. De manera comparable, la inteligencia artificial está integrando herramientas de búsqueda, análisis y producción de información.
Esto también se refleja en la investigación jurídica. Los buscadores tradicionales suelen ofrecer resultados limitados o poco precisos, mientras que la inteligencia artificial permite organizar información, identificar jurisprudencia o elaborar análisis preliminares en segundos, lo que representa un ahorro importante de tiempo para el profesional.
En definitiva, el debate no debería centrarse en rechazar la inteligencia artificial, sino en aprender a utilizarla con criterio. En estos tiempos, decirle a alguien que no utilice inteligencia artificial teniendo acceso a ella sería tan absurdo como pedirle que deje de usar una computadora y vuelva a redactar sus documentos en una máquina de escribir.
Y conviene decirlo con claridad: la inteligencia artificial no viene a reemplazar a los profesionales; pero quienes no aprendan a utilizarla probablemente serán desplazados por quienes sí sepan aprovecharla.
5. La inteligencia artificial como instrumento de optimización del proceso penal
5.1. Automatización de tareas jurisdiccionales y gestión de expedientes
A continuación, se proponen algunas reflexiones frente a las críticas dirigidas al uso de la inteligencia artificial (IA), particularmente desde la perspectiva del ejercicio profesional del Derecho. Como abogado litigante, considero fundamental recordar que el plazo razonable constituye un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales. En efecto, [el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos] establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
En este sentido, el acceso a la justicia no solo implica la posibilidad de iniciar un proceso, sino también obtener decisiones oportunas, eficaces y debidamente motivadas. Este estándar se vincula con los principios de celeridad procesal y economía procesal, orientados a evitar dilaciones injustificadas y garantizar la mayor eficacia jurisdiccional con el menor uso posible de tiempo, esfuerzo y recursos.
Sin embargo, en la práctica estos principios suelen verse afectados por diversos problemas estructurales del sistema de justicia, entre ellos la naturaleza repetitiva y voluminosa de muchas tareas administrativas, la falta de uniformidad en actos procesales de trámite y la dificultad para gestionar grandes volúmenes de información jurisprudencial, doctrinal y normativa. Estas limitaciones explican, en parte, la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la eficiencia del sistema judicial.
En este contexto, la inteligencia artificial —mediante el uso de Big Data, Machine Learning y la automatización de procesos— ofrece una oportunidad concreta para optimizar el trabajo jurisdiccional y fiscal. El Big Data (permite organizar y analizar grandes volúmenes de información jurídica, como expedientes, sentencias o bases de datos institucionales), mientras que el Machine Learning (posibilita que los sistemas informáticos identifiquen patrones a partir del análisis de datos previos, lo que facilita tareas como la organización de información, la elaboración de documentos preliminares o la identificación de criterios jurisprudenciales).
No obstante, estas tecnologías no reemplazan el razonamiento jurídico del operador del derecho, sino que funcionan como herramientas de apoyo que permiten reducir tiempos administrativos y mejorar la gestión de información compleja. En este sentido, considero que resulta cada vez más necesario que los operadores jurídicos incorporen el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial, no para sustituir el criterio profesional, sino para optimizar el trabajo jurídico y dedicar mayor tiempo al análisis sustantivo de los casos.
Por ejemplo, en el ámbito fiscal pueden elaborarse versiones preliminares de disposiciones, requerimientos o providencias, mientras que en el ámbito jurisdiccional es posible generar borradores de decretos, autos o sentencias. Sin embargo, estos documentos deben ser siempre revisados, verificados y complementados por el operador jurídico correspondiente, ya que la inteligencia artificial no sustituye la valoración probatoria, el juicio de razonabilidad ni la técnica argumentativa.
En consecuencia, el uso responsable de estas herramientas puede contribuir a mejorar la eficiencia del sistema de justicia, reducir tiempos innecesarios y avanzar hacia el cumplimiento efectivo del derecho al plazo razonable.
5.2. Impacto de la IA en la eficiencia y calidad de las decisiones judiciales
A continuación, presento tres herramientas de inteligencia artificial cuya utilización y dominio resultan prácticamente indispensables para cualquier operador jurídico en el contexto actual.
ChatGPT es un programa de inteligencia artificial diseñado para interactuar contigo mediante lenguaje natural, es decir, puede conversar como si fuera una persona. Tiene la capacidad de entender las preguntas o instrucciones que le das y responder con información detallada, redactar textos completos, generar ideas, explicar conceptos complejos de forma sencilla e incluso ayudarte a estudiar o crear contenido especializado, como cartas, escritos legales, demandas, informes o cualquier otro tipo de documento. Su funcionamiento se basa en que, cada vez que escribes algo, el sistema utiliza el conocimiento con el que fue entrenado para producir una respuesta coherente, lógica y adaptada a lo que necesitas. Es una herramienta versátil que sirve tanto para resolver dudas como para crear o mejorar textos, aprender sobre diversos temas, practicar conversaciones o desarrollar trabajos académicos y profesionales.
Por su parte, Gemini es el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google y, aunque cumple funciones similares a ChatGPT, tiene la particularidad de integrarse directamente con los servicios del ecosistema de Google. Esto le permite, además de responder preguntas, redactar textos, hacer resúmenes o corregir documentos, trabajar dentro de plataformas como Google Docs, Gmail o Google Drive (Google Docs, Google Drive y Gmail son servicios digitales desarrollados por Google que forman parte de su ecosistema de herramientas en línea para la gestión de documentos, almacenamiento de información y comunicación electrónica. Google Docs permite crear y editar documentos de manera colaborativa en línea; Google Drive funciona como un sistema de almacenamiento en la nube para guardar y compartir archivos; y Gmail es el servicio de correo electrónico que facilita el envío y recepción de mensajes y documentos. En conjunto, estas herramientas permiten crear, almacenar, compartir y gestionar información de forma integrada, facilitando la organización del trabajo digital y la colaboración entre usuarios). También puede ayudarte a buscar información actual utilizando las herramientas de Google, lo que lo vuelve especialmente útil si ya trabajas o estudias dentro de ese entorno. Su funcionamiento consiste en que puedes conversar con el sistema, solicitar documentos, pedir análisis, explicaciones o correcciones, y además aprovechar su conexión con tus archivos almacenados en Google para trabajar de manera más rápida y organizada.
Finalmente, NotebookLM es una herramienta de Google creada específicamente para analizar, ordenar y trabajar con documentos que tú mismo subes. A diferencia de otras inteligencias artificiales, NotebookLM se concentra exclusivamente en el contenido que le proporcionas; estudia tus documentos, los resume, los explica y hace esquemas o mapas de ideas en función de lo que contienen. Te permite subir archivos como PDF, Word, apuntes o textos en general, y luego puedes hacerle preguntas basadas únicamente en ese material, sin que utilice información externa. Esto convierte a NotebookLM en una especie de cuaderno inteligente capaz de ayudarte a estudiar, preparar exposiciones, analizar información compleja o trabajar de manera más organizada con tus archivos personales o profesionales.
En resumen, ChatGPT es ideal para conversar, crear contenido y obtener explicaciones claras; Gemini cumple funciones similares, pero con la ventaja de integrarse al ecosistema Google; y NotebookLM se especializa en analizar y organizar documentos que tú mismo le das, convirtiéndose en una herramienta muy útil para estudiar y trabajar con información de manera más profunda y ordenada.
6. Riesgos, límites y desafíos del uso de la inteligencia artificial en el proceso penal
6.1. Problemas éticos y sesgos algorítmicos
El uso de inteligencia artificial en el ámbito jurídico también plantea una serie de desafíos éticos que deben ser considerados al momento de incorporar estas herramientas dentro del sistema de justicia. Uno de los principales riesgos está relacionado con la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial reproduzcan sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados.
La inteligencia artificial funciona mediante el análisis de grandes volúmenes de información —Big Data— y el reconocimiento de patrones mediante técnicas de aprendizaje automático o Machine Learning. Si los datos utilizados para su entrenamiento contienen sesgos o errores, estos pueden reproducirse en los resultados generados por el sistema.
En el ámbito del proceso penal, este riesgo adquiere especial relevancia, ya que las decisiones judiciales afectan directamente derechos fundamentales como la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Por esta razón, el uso de herramientas de inteligencia artificial debe realizarse con criterios de responsabilidad, transparencia y supervisión constante.
Asimismo, otro problema ético relevante es la posible utilización indebida de estas herramientas para generar información falsa o manipular contenidos, lo que puede facilitar la difusión de desinformación. Actualmente es posible producir textos, audios, imágenes o videos altamente realistas, lo que exige fortalecer los mecanismos de verificación de información y la educación digital de los operadores jurídicos.
Por ello, el debate sobre la inteligencia artificial en el sistema de justicia no debe centrarse únicamente en sus beneficios, sino también en los límites éticos que deben acompañar su utilización.
6.2. La necesidad de control humano en la toma de decisiones judiciales
A pesar de las ventajas que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial para optimizar el trabajo jurídico, es fundamental reconocer que estas tecnologías no pueden sustituir el criterio profesional ni la función jurisdiccional.
La inteligencia artificial no posee comprensión contextual, juicio moral ni responsabilidad jurídica. Su funcionamiento se basa únicamente en el análisis de datos y en la identificación de patrones estadísticos, lo que significa que no puede realizar valoraciones probatorias ni adoptar decisiones jurídicas con las garantías que exige el debido proceso.
Por esta razón, cualquier documento generado mediante herramientas de inteligencia artificial —como borradores de resoluciones, resúmenes de expedientes o esquemas argumentativos— debe ser revisado, verificado y complementado por el operador jurídico correspondiente. La decisión final siempre debe recaer en el juez, fiscal o abogado responsable del caso.
En este sentido, la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de apoyo que permite reducir el tiempo destinado a tareas repetitivas o administrativas, pero no como un sustituto de la actividad intelectual del jurista. La valoración de la prueba, la interpretación de la norma jurídica y la fundamentación de las decisiones siguen siendo tareas que requieren juicio humano.
7. Perspectivas para la incorporación responsable de la inteligencia artificial en el sistema de justicia penal
Frente a los problemas estructurales que enfrenta el sistema de administración de justicia en el Perú —particularmente los retrasos procesales, la sobrecarga de expedientes, la burocratización de actuaciones judiciales y la deficiente motivación de resoluciones—, el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento útil para mejorar la eficiencia del trabajo jurídico.
En este contexto, herramientas como ChatGPT, Gemini y NotebookLM ofrecen posibilidades concretas para optimizar diversas tareas dentro del sistema de justicia, sin sustituir el criterio humano, pero sí potenciando su capacidad de trabajo. Su incorporación debe entenderse como un mecanismo de apoyo orientado a fortalecer la gestión judicial y fiscal, especialmente en aquellas actividades que implican procesamiento de grandes volúmenes de información o la elaboración de documentos de carácter repetitivo.
7.1. Uso de herramientas de inteligencia artificial en la redacción de actos procesales
Una de las principales causas de la sobrecarga en el sistema judicial es la gran cantidad de actuaciones procesales repetitivas que deben elaborarse diariamente en juzgados y fiscalías. Entre ellas se encuentran decretos de mero trámite, disposiciones fiscales, oficios, providencias y diversos documentos que siguen estructuras relativamente similares.
En este contexto, herramientas como ChatGPT pueden utilizarse como apoyo para la elaboración preliminar de documentos jurídicos. Mediante instrucciones claras, el sistema puede generar borradores de resoluciones, esquemas argumentativos, resúmenes de audiencias o proyectos iniciales de escritos procesales.
Por ejemplo, un juez o un fiscal podría emplear esta herramienta para estructurar el primer borrador de una resolución o para organizar los argumentos desarrollados durante una audiencia. Posteriormente, el operador jurídico revisaría, corregiría y completaría el documento conforme a los estándares jurídicos correspondientes.
Este uso permite reducir significativamente el tiempo destinado a tareas de redacción, lo que a su vez libera tiempo para actividades que requieren mayor análisis jurídico, como la valoración de la prueba o la fundamentación de las decisiones judiciales. De esta manera, la inteligencia artificial puede contribuir indirectamente a mejorar la celeridad procesal.
7.2. Herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda y organización de información jurídica
Otro problema relevante dentro del sistema de justicia es la dificultad para gestionar grandes volúmenes de información jurídica, especialmente en casos complejos donde deben revisarse numerosas normas, jurisprudencia, doctrina y documentos procesales.
En este ámbito, herramientas como Gemini pueden facilitar la búsqueda, síntesis y organización de información jurídica, particularmente debido a su integración con plataformas del ecosistema de Google. Esto permite trabajar de manera más eficiente con documentos almacenados en herramientas como Google Docs, Google Drive o Gmail.
Entre sus principales aplicaciones destacan la identificación de jurisprudencia relevante sobre un determinado tema jurídico, la elaboración de resúmenes de documentos extensos, la síntesis de argumentos doctrinales o normativos y la organización de información dispersa en múltiples archivos digitales.
Estas funciones permiten que los operadores jurídicos accedan con mayor rapidez a información relevante, lo que contribuye a mejorar la calidad de la motivación de las resoluciones judiciales y a reducir el tiempo necesario para realizar investigaciones jurídicas.
7.3. Herramientas de inteligencia artificial para el análisis de expedientes complejos
En muchos procesos penales —especialmente en investigaciones por lavado de activos, criminalidad organizada o delitos complejos— los expedientes pueden contener grandes volúmenes de documentos, lo que dificulta su análisis integral.
En este contexto, herramientas como NotebookLM ofrecen una alternativa útil para trabajar con documentos extensos, ya que permiten analizar directamente los archivos que el usuario proporciona, como expedientes digitales, informes periciales, transcripciones de audiencias o documentos probatorios.
Entre sus principales aplicaciones destacan la elaboración de resúmenes de expedientes voluminosos, la identificación de temas centrales dentro de una investigación, la organización estructurada de información contenida en múltiples documentos y la generación de esquemas o mapas conceptuales del contenido del expediente.
Esto permite que jueces, fiscales y abogados comprendan con mayor rapidez la estructura de casos complejos, identifiquen información relevante y preparen decisiones o estrategias procesales de manera más eficiente.
En conjunto, el uso de estas herramientas tecnológicas puede contribuir a optimizar diversas etapas del trabajo jurídico. La inteligencia artificial permite agilizar la redacción de documentos procesales, facilitar la búsqueda y organización de información jurídica y mejorar el análisis de expedientes complejos.
No obstante, su incorporación debe realizarse bajo criterios de responsabilidad profesional, transparencia y control humano permanente. La inteligencia artificial no sustituye la función jurisdiccional ni el criterio jurídico del operador, sino que actúa como un instrumento de apoyo que, bien utilizado, puede contribuir a mejorar la eficiencia del sistema de justicia.
En consecuencia, la integración progresiva de estas tecnologías representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema judicial más eficiente, capaz de garantizar de manera efectiva el derecho al plazo razonable y el principio de celeridad procesal.
8. Conclusiones
- La crisis estructural del sistema de justicia penal peruano exige mecanismos de modernización institucional. La sobrecarga procesal, las dilaciones indebidas y la burocratización de las actuaciones judiciales evidencian un funcionamiento ineficiente del sistema de justicia penal, lo que repercute directamente en la vulneración del principio de celeridad procesal y del derecho al plazo razonable. Estas deficiencias estructurales afectan la tutela judicial efectiva y generan un incremento progresivo de la carga procesal en todas las instancias, incluida la Corte Suprema.
- La inteligencia artificial puede constituir una herramienta eficaz para optimizar la gestión del proceso penal. El uso responsable de herramientas de inteligencia artificial permite automatizar tareas repetitivas, facilitar la búsqueda y organización de información jurídica, y apoyar la elaboración preliminar de documentos procesales. Estas aplicaciones tecnológicas no sustituyen el razonamiento jurídico humano, pero sí contribuyen a mejorar la eficiencia del trabajo jurisdiccional y fiscal, reduciendo tiempos administrativos y permitiendo que los operadores jurídicos concentren sus esfuerzos en el análisis sustantivo de los casos.
- La incorporación de la inteligencia artificial en el sistema de justicia debe realizarse bajo criterios de control humano, responsabilidad y garantías jurídicas. Si bien la inteligencia artificial ofrece importantes beneficios para la optimización del sistema judicial, su utilización también plantea desafíos éticos y riesgos relacionados con sesgos algorítmicos, confiabilidad de la información y posibles usos indebidos. Por ello, su implementación debe ir acompañada de mecanismos de supervisión humana, transparencia y regulación normativa que garanticen el respeto del debido proceso, la motivación adecuada de las decisiones judiciales y la protección de los derechos fundamentales.
Referencia
[1] PJ agenda audiencia para el 2037 por «excesiva carga procesal», pero luego se retracta y la reprograma En LP, [Consulta: 10 de marzo 2026]. Disponible aqui
Sobre el autor: Max Alessandro Castro Huamán, abogado por la Universidad Nacional de Huancavelica, con estudios de Maestría en Ciencias Penales en la Universidad San Martín de Porres y formación en litigación oral por la ABA-ROLI. Ha sido fiscal en el Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto y en Lima Norte, defensor público del Ministerio de Justicia y abogado en la Coordinación Nacional de Lavado de Activos, además de colaborar con fiscalías especializadas en criminalidad organizada y con juzgados del Poder Judicial.
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