El Despacho Presidencial inició un proceso de contratación directa por un monto total de S/291,600 para financiar la defensa legal del expresidente Ollanta Moisés Humala Tasso, dentro del proceso penal seguido en su contra por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en el caso Gasoducto Sur Peruano.
Según el documento difundido por RPP Noticias, la contratación fue aprobada mediante la Resolución 000075-2025-DP/SSG bajo la modalidad de procedimiento no competitivo, invocando el supuesto de «servicios especializados».
La finalidad de esta contratación, según se indica en el expediente, es dar cumplimiento a lo dispuesto por la resolución, en concordancia con la norma que reconoce el derecho de los servidores a contar con defensa y asesoría legal «con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en todo tipo de procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, de investigación congresal, fiscal o policial, incluso cuando al iniciarse el proceso hubiese concluido su vinculación con la entidad».
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Dicho proceso se encuentra identificado con el Expediente 0003-2017-189-5001-JR-PE-02 y está a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Segundo Despacho, del Equipo Especial. El documento precisa:
A favor del señor Ollanta Moisés Humala Tasso, en su calidad de expresidente de la República, para su defensa por la etapa intermedia en el proceso seguido ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Esto ocurre pese a que el Gobierno emitió recientemente el Decreto de Urgencia 008-2025, mediante el cual se establecen medidas extraordinarias de austeridad y eficiencia del gasto público con el objetivo de cumplir la regla fiscal que fija el déficit en 2,2% del PBI para el ejercicio 2025.
El decreto dispone restricciones estrictas para los pliegos del Poder Ejecutivo, entre ellas la limitación de transferencias financieras y certificaciones presupuestales en determinados rubros, así como la prohibición de habilitar nuevos proyectos de inversión que no se encuentren en fase de ejecución o sin contrato vigente.
