La Fiscalía presentó un recurso de nulidad contra la decisión del Poder Judicial que aprobó un principio de oportunidad a favor de Repsol por el derrame de 11 853 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022. El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza Altamirano, informó que el acuerdo vulnera los presupuestos legales y no consideró la magnitud del desastre, por lo que se debe investigar como contaminación ambiental dolosa.
Mediante un video difundido en redes sociales, Almanza Altamirano, en representación del órgano, cuestionó la forma en que se tramitó el caso Repsol. En ese marco, recordó la actuación del entonces fiscal Ariel Tapia Gómez:
El 4 de septiembre del 2025, la FEMA Lima Noroeste presentó un recurso de nulidad debido a que el entonces fiscal Ariel Tapia Gómez, sin haber readecuado el tipo penal de contaminación ambiental de dolosa a culposa, solicitó la aprobación de un principio de oportunidad con la empresa investigada. Dicho pedido fue aprobado el 29 de agosto del 2025 por el Poder Judicial.
El Ministerio Público agregó que la Fiscalía, el mismo 29 de agosto, dio por concurrida la designación del fiscal provincial provisional Tapia Gómez, luego de que la coordinación nacional de la FEMA alertara las inconsistencias y «falta de sustento del acuerdo» que «ordena a los responsables de los daños ocasionados en la costa peruana el pago de una indemnización que se considera insuficiente».
De acuerdo con Almanza Altamirano, en el recurso de nulidad se sostiene que no se respetó las imputaciones originales y se vulneró presupuestos legales. Entre ellas «no se contempló que el derrame ocasionó una afectación masiva al ecosistema, áreas naturales protegidas y a miles de personas».
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También informó que desde el 1 de septiembre la fiscal adjunta provincial Tamara González Valdeón asumió el despacho de la FEMA Lima Noroeste, quedando a cargo del caso Repsol. Como primera actuación fiscal, la magistrada presentó el recurso de nulidad el 5 de este mes.
La Coordinación Nacional de la FEMA reafirmó su posición de que el caso sea investigado de acuerdo a la magnitud del desastre. Asimismo, adelantó que se presentarán acciones legales contra Tapia Gómez y Julio César Guzmán Mendoza, en su cargo de procurador público:
Este caso debe ser investigado como contaminación ambiental dolosa debido a la magnitud del desastre, así como a las consecuencias sociales, ambientales y económicas que generó. Por esta razón, se tomarán además las acciones legales correspondientes contra el ahora exfiscal Ariel Tapia Gómez y el procurador público Julio César Guzmán Mendoza, quienes celebraron ese acuerdo cuestionado. Asimismo, se reforzará la supervisión de todas las fiscalías ambientales del país.
El mismo 5 de septiembre, el Ministerio Público difundió un comunicado en la red social X en el que reiteró que el recurso de nulidad busca que se continúen las investigaciones por contaminación ambiental dolosa, descartando un cierre anticipado del caso.
