El Ministerio Público presentó una nueva denuncia constitucional contra la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides este viernes 17 de mayo.
La exalta funcionaria enfrenta los presuntos delitos de falsedad genérica, encubrimiento personal agravado, encubrimiento real agravado, omisión de funciones y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado y otro.
La denuncia, cuyo trámite de investigación está seguida en la carpeta fiscal 293-2024, del 16 de mayo de 2024, fue presentada por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos a cargo de la fiscal suprema titular Delia Espinoza Valenzuela.
Los hechos materia que se detallan en el pronunciamiento son los siguientes:
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- Las acciones que realizó Liz Patricia Benavides Vargas para remover a Bersabeth Felicitas Revilla Corrales del cargo de fiscal suprema provisional, quien investigaba a su hermana Enma Rosaura Benavides Vargas y, posteriormente, designar en su reemplazo al ex fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, con el propósito de que disponga el sobreseimiento de dicha investigación; y,
- Intentar impedir la detención de su exasesor Jaime Villanueva Barreto, así como desaparecer y/u ocultar las evidencias de los hechos delictivos en los que habrían intervenido ella y los presuntos integrantes de la organización criminal que lideraba, durante la ejecución del operativo Valkiria V.
Denuncia previa
La Fiscalía de la Nación ya había presentado una denuncia constitucional, el viernes 10 de mayo, contra Benavides Vargas. Esta, sin embargo, alcanza también a la legisladora Patricia Chirinos.
A la congresista de Avanza País se le sindica como presunta cómplice primaria del delito de peculado doloso agravado, mientras que a Benavides Vargas se le atribuye su presunta autoría en los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico.
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La medida se produce debido a las presuntas coordinaciones entre Benavides y Chirinos para presentar una denuncia —ante el Ministerio Público— contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima por el presunto delito de prevaricato.
Los magistrados de la referida sala habían declarado fundada una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se suspenda el debate del informe final, de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, que recomendaba sus inhabilitaciones.
