Fiscales del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro allanan ocho inmuebles vinculados a la investigación por las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020.
- Lea también: #ÚLTIMO | Congreso señala fecha y hora para debatir moción de vacancia de Martín Vizcarra
La medida, solicitada por la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas, se realiza en los domicilios de seis de un total de catorce investigados con el apoyo de ocho fiscales, igual número de peritos informáticos y 24 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad (Diviac).
Entre ellos, se encuentra el domicilio de Richard Cisneros así como de los cinco funcionarios del Ministerio de Cultura, como el secretario general, Jorge Antonio Apoloni; el director general de la Oficina General de Administración, Lincoln Martin Matos ; la directora general de la Oficina General de Recursos Humanos, Aura Elisa Quiñones; la directora general de Recursos Humanos, Liliana Margot Chaname; y el programador del Gran Teatro Municipal, Mauricio Manuel Salas.
Asimismo, se allana las viviendas de las testigos Mirian Morales Córdova y Karem Roca Luque, secretaria general y asistente administrativa del despacho de la presidencia de la República, respectivamente.
Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado.
La diligencia, bajo la conducción de la fiscal adjunta provincial Yenny Huacchillo Nuñez, tiene por objetivo incautar todos aquellos bienes, especies y documentos relacionados al caso; así como ejecutar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones para visualizar y extraer información, data digital y redes sociales vinculadas al mismo.
La investigación
Según a las investigaciones, los funcionarios del Ministerio de Cultura habría favorecido a Cisneros con contrataciones por un monto total de 175 400 soles, mediante ordenes de servicio que se habrían procedo sin justificación, sin experiencia con montos sobrevaluados y por recomendaciones.
El pedido de allanamiento, autorizada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, se realizó antes de la difusión de los audios en el Congreso.
Fuente: Andina
