El fiscal Ángel Astocondor, integrante de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país de la expresidenta Dina Boluarte por un periodo de 36 meses por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Los Dinámicos del Centro.
La Fiscalía de la Nación solicitó, además, 18 meses de la misma medida por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. En este caso se atribuye a la exmandataria la supuesta «designación de funcionarios en EsSalud y concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas».
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A horas de la madrugada, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que presentaría un requerimiento de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, luego de que el Congreso aprobara su vacancia por incapacidad moral permanente. En ese marco, declaró a Latina:
Es más, en el curso de la amanecida debemos estar presentando una solicitud de impedimento de salida del país. Obviamente esto ha sido una sorpresa, no teníamos preparado porque como ustedes saben el Tribunal Constitucional prácticamente paralizó de algún modo a las carpetas, pues continúan, no hay ningún problema.
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La declaración se produjo horas después de que el Pleno del Congreso aprobara la vacancia presidencial con 121 votos, lo que determinó el cese inmediato de Boluarte en el cargo y la asunción de José Jerí como presidente interino de la República.
De ser admitido por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Boluarte quedaría imposibilitada de abandonar el país mientras se desarrollan las investigaciones fiscales en su contra por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Esta medida, de concretarse, sería la primera acción coercitiva adoptada contra la exjefa de Estado tras su destitución, y abre una nueva etapa en el tratamiento judicial de los casos vinculados a su gestión presidencial.
