El congresista Fernando Rospigliosi anunció, este viernes 23, que presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño por «desacatar» la Ley 32301, la cual prohíbe a las ONG asesorar, asistir o financiar acciones judiciales contra el Estado.
El actual presidente encargado del Parlamento calificó a Rabines Briceño como «juez prevaricadora», quien «no quiere aplicar una ley que está promulgada por el gobierno y que ha sido dada por el Congreso». De acuerdo a su declaración, la magistrada desacata la norma en lo referido al uso de «dinero proveniente del extranjero» para demandar al Estado peruano:
Como sabemos, con dinero que proviene del extranjero hay oenegés empeñadas en debilitar sobre todo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Es decir, a las instituciones encargadas de la defensa nacional y el orden interno.
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El último seis de enero, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró inaplicable la denominada «ley APCI» al Instituto de Defensa Legal (IDL), al considerar que sus disposiciones vulneran derechos constitucionales y estándares del derecho internacional.
Según la resolución, la norma restringen de forma desproporcionada la libertad de asociación y el acceso a la justicia. Por su parte, IDL consideró que está decisión representó un restablecimiento de los derechos de las víctimas y de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.
Ley 32301 califica como infracción «muy grave» que las entidades gestoras de cooperación técnica internacional destinen recursos a actividades que, al haber sido declaradas administrativa o judicialmente, afecten el «orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional o el orden interno».
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