Fundamento destacado: CUARTO. Que el delito de rebelión importa un ataque a los poderes del Estado y el orden constitucional –funcionamiento de las instituciones establecidas por la Constitución–. Además, este tipo delictivo defiende también la vida democrática, que es el respeto por las distintas funciones del poder de un Estado con un sistema republicano de gobierno en los términos del artículo 43 de la Constitución [cfr.: VÁSQUEZ CEPEDA, FERNANDO y otros: Curso de Derecho Penal Parte Especial, Editorial IBdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2023, p. 391]. En última instancia tutela el sistema u orden constitucional desarrollado en la Ley Fundamental.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO APELACIÓN N.º 171-2023/SUPREMA
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Título. Excepción de Improcedencia de Acción. Rebelión
Sumilla. 1. Para el análisis de la excepción de improcedencia de acción solo está en función el hecho atribuido por el Ministerio Público, sin reducirlo, negarlo o desnaturalizarlo. No cabe hacer mención a determinados actos de investigación o de prueba que puedan cuestionar o relativizar tal o cual dato fáctico mencionado en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Más allá de su íntima conexión (hechos y pruebas), lo específico de esta excepción es el hecho imputado, a partir del cual corresponde realizar la subsunción jurídico penal. Está en función a la imputación objetiva y subjetiva, así como, siempre desde el relato de la imputación fiscal, a la presencia de causas que nieguen la antijuridicidad de la conducta atribuida o que hagan lo propio con la categoría punibilidad (condiciones objetivas de punibilidad y excusas absolutorias). 2. La conducta típica del delito de rebelión es “alzarse en armas”. El sujeto plural, colectivo –en tanto delito de convergencia–, primero, debe alzarse, lo que significa levantarse, desobedeciendo o resistiendo colectivamente a alguien, en este caso al poder legítimamente constituido; y, segundo, el alzamiento, contra el gobierno nacional, debe manifestarse o ser en armas, con la tenencia, porte o utilización de armas –haberlas esgrimido, sin que resulte necesario que lleguen a utilizarlas, en otras palabras, el alzamiento debe apoyarse en la disposición de armas por los alzados o parte de ellos– e idoneidad para salir airosos en el objetivo perseguido: variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Es un delito doloso y tendencial, por lo que requiere de algunos elementos subjetivos distintos del dolo, que son los precedentemente citados–. Por lo demás, es un delito de consumación anticipada y de simple actividad, pues basta que se produzca el alzamiento con armas, sin que sea necesario que los agentes consigan sus fines. Sobre este último punto, se sostiene que se trata de un delito de resultado cortado, en el que la consumación formal se adelante al momento de la simple puesta en peligro del bien jurídico por razones obvias, pues la lesión entrañaría el triunfo de los rebeldes y la imposibilidad de castigarles –es, pues, un delito de peligro, que requiere un riesgo efectivo para su lesión–. 3. La tipificación que es materia de investigación preparatoria es compatible con el tipo delictivo de rebelión. En todo caso, también, en vía alternativa, se invocó la posible comisión de conspiración de rebelión (artículo 349 del CP), que es un acto de participación intentada expresamente tipificado, pues la rebelión supone casi necesariamente un previo acuerdo de voluntades y un mínimo de preparación y organización. Mientras no ha existido el alzamiento en armas, la preparación del movimiento subversivo sin empleo de armas toma la denominación típica de conspiración, no se ha pasado de la etapa conspiratoria.
–AUTO DE APELACIÓN SUPREMO–
Lima, veintidós de enero de dos mil veinticuatro
AUTOS y VISTOS; en audiencia pública: el recurso de apelación interpuesto por la defensa del encausado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES contra el auto de primera instancia de fojas dieciocho, de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción que dedujo; con todo lo demás que al respecto contiene. En el procedimiento de investigación preparatoria incoado en su contra por delitos de rebelión y conspiración a la rebelión en agravio del Estado.
[Continúa…]
