En una reciente audiencia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el abogado José Gabriel Álvarez Díaz, postulante a juez de familia del distrito judicial de Chota, Cajamarca, expuso sus perspectivas sobre diversas figuras jurídicas de actualidad. Durante la entrevista, los magistrados evaluaron su posición frente a temas controversiales como la suspensión de los plazos de prescripción penal, las medidas de protección en casos de violencia familiar y la aplicación del control de constitucionalidad. El candidato, quien cuenta con más de catorce años de experiencia en el sistema de justicia, respondió a las interrogantes planteando un enfoque estrictamente basado en el respeto a las garantías procesales y la seguridad jurídica.
El activismo judicial y su mala interpretación
Uno de los momentos más destacados de la evaluación ocurrió cuando se le consultó al postulante si consideraba que el control de constitucionalidad representa el pilar de la agenda progresista. Álvarez Díaz respondió de manera tajante que no, argumentando que en la actualidad «el activismo judicial está mal entendido» en el debate jurídico. A su criterio, existe una confusión en el medio sobre el verdadero rol del juez frente a la norma, lo que a menudo genera percepciones erradas al momento de resolver las controversias que llegan a los tribunales.
Para fundamentar su postura frente a los magistrados, el postulante citó los postulados teóricos de reconocidos juristas como Manuel Atienza y Robert Alexy. Explicó que el concepto distorsionado del activismo judicial lleva a algunos jueces a preferir invariablemente los principios por encima de las reglas, sin distinguir si se enfrentan a un caso fácil o a un caso difícil. El candidato criticó la falsa premisa de que «a mayor inaplicación de regla, mejores jueces», aclarando que el control constitucional no es activismo judicial, sino una necesidad que debe aplicarse para apartarse de la regla de forma estrictamente justificada, únicamente en los casos difíciles.
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La necesidad de reglas claras y el debate constitucional
En esa misma línea, el postulante enfatizó que las reglas jurídicas son esenciales, puesto que sin ellas no existiría la seguridad jurídica y el sistema se convertiría en un escenario incierto para los justiciables que buscan encontrar solución en la justicia ordinaria. Al analizar esta profunda defensa de la predictibilidad legal y la estructura de nuestro ordenamiento, resulta oportuno plantearnos en el debate nacional: ¿por qué tenemos tantas constituciones? (Cabe precisar que esta información no proviene de las fuentes de la entrevista proporcionadas, sino que se incluye a pedido suyo como un elemento de reflexión adicional sobre la inestabilidad normativa que los lectores pueden verificar de manera independiente en la historia constitucional del país).
Finalmente, el candidato abordó temas propios de su especialidad, sugiriendo mejoras prácticas en la aplicación de la Ley 30364. Propuso, por ejemplo, que las fichas de valoración de riesgo cuenten con el acompañamiento de personal de psicología para evaluar de mejor manera los testimonios de las víctimas. Además, sugirió dictar medidas alternativas en contextos de copropiedad familiar para evitar que los procesos de violencia sean instrumentalizados para obtener otros fines, y marcó distancia con el Tribunal Constitucional al sostener que el plazo de prescripción penal es una garantía que no debió haberse suspendido.
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