El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, por un caso vinculado al vehículo presidencial y su presunto uso para apoyar al prófugo Vladimir Cerrón a evadir la justicia.
Los hechos habrían ocurrido a inicios de este año. Durante una entrevista, el abogado Juan Carlos Portugal, defensor legal de la mandataria, indicó que la disposición fiscal contra su patrocinada ya se había emitido. En diálogo con RPP, indicó lo siguiente:
Se emitió la disposición número 1 que apertura la investigación preliminar contra el ministro [del Interior, Juan José] Santiváñez, la presidenta de la república y cuatro personas más por el caso Cofre.
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El letrado precisó que la dignataria será investigada por el presunto delito de encubrimiento personal. Además, calificó como «precipitada» la decisión del Ministerio Público y sostuvo que no se han establecido plazos adecuados para que las partes implicadas proporcionen la información solicitada.
Asimismo, sostuvo que Boluarte y Santiváñez aún no tienen fecha para declarar ante la Fiscalía. Las diligencias preliminares tendrán un plazo de sesenta días:
Aún cuando exista el derecho constitucional y convencional a guardar silencio, la presidenta va a hablar, y no porque lo sostenga yo, la presidenta desea hablar.
Finalmente, Portugal acusó al Ministerio Público de proceder de manera indebida al solicitar con urgencia información sobre los vehículos presidenciales. No obstante, como parte de su estrategia, optaron por entregar la información exactamente como fue requerida para el 5 de septiembre, a pesar de que la solicitud fue emitida ese mismo día.
Citación en el Congreso
La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado a dos funcionarios vinculados al Palacio de Gobierno: el jefe de la Casa Militar, el general FAP Gonzalo Borda Pérez y el secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez.
El congresista y presidente de la Comisión, Juan Burgos, envió el oficio a los citados para que asistan este 2 octubre a las 9:00 a. m.
En ese contexto, se destacó que la participación de Vílchez es fundamental, ya que este firmó la Resolución 000042-2024, un documento que dispone que toda la información relacionada con el Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno se clasifica como «reservada», lo que impide que alguien pueda tener acceso a ella.
