La Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla, del distrito fiscal de Lima Este, inició una investigación preliminar al Centro de Acogida Residencial (CAR) La Casa del Padre, vinculado a la congresista Milagros Jáuregui, por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes. La medida se adopta en el marco del artículo 69° del Código de los Niños y Adolescentes, que comprende toda afectación al ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
El fiscal provincial Genaro Solís Quispe dispuso una visita inopinada al establecimiento ubicado en Cieneguilla, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la protección de la identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral de las menores acogidas. Durante la diligencia se revisó documentación institucional y se realizaron consultas generales a algunas adolescentes bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante. Asimismo, se constató que el centro alberga a 29 adolescentes y siete bebés, información que será evaluada como parte de las actuaciones preliminares.
La intervención estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Giuliana Leslie Sotelo Zegarra, con apoyo de representantes del Ministerio Público. Además, se verificaron las condiciones de confidencialidad, los protocolos de difusión de actividades institucionales y las medidas de prevención de revictimización, requiriéndose documentación adicional para su evaluación conforme a ley. El Ministerio Público informó que las diligencias continuarán, reafirmando la función de las fiscalías de Familia en la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
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La excongresista y actual candidata al Senado Milagros Jáuregui fue denunciada ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones graves por comisión por omisión, en agravio de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual acogidas en un albergue vinculado a su entorno. La denuncia sostiene que, en su condición de gestora o responsable del refugio, habría omitido garantizar el acceso al aborto terapéutico legalmente reconocido, generando una afectación psicológica grave.
La denuncia fue presentada por la candidata a diputada, Gahela Cari Contreras ante el despacho fiscal de turno de Lima. En el documento se identifica como denunciada a «Milagros Jáuregui Martínez, congresista, con domicilio funcional en el Congreso de la República, Lima», así como «contra los que resulten responsables, incluidos funcionarios públicos, personal directivo, administrativo o profesional que, por acción u omisión, hubieran participado en los hechos»
En la relación de hechos, Cari señala que, según declaraciones difundidas en medios de comunicación, Jáuregui «habría reconocido su participación directa en la gestión o dirección de un albergue o casa de refugio que recibe niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, algunas de ellas embarazadas como consecuencia de violación».
Asimismo, se indica que, de acuerdo con dichas manifestaciones públicas, el albergue recibiría niñas de entre 10 y 13 años derivadas por entidades estatales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y/o juzgados de familia, lo que, según la denuncia, evidenciaría «una coordinación institucional y un control fáctico sobre la situación de especial vulnerabilidad de dichas menores».
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Uno de los ejes centrales del documento es la presunta asunción de una «posición de garante». La denuncia sostiene que la investigada «habría asumido un rol activo y sostenido en la recepción, permanencia y acompañamiento de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual embarazadas, colocándose en una posición de garante respecto de su integridad física y mental».
La denuncia añade que, según las declaraciones públicas difundidas, «las niñas habrían sido inducidas o forzadas de facto a continuar con el embarazo», sin que se activaran evaluaciones independientes que permitieran determinar una eventual afectación grave a la salud mental ni se ofreciera «una posibilidad real y efectiva de acceder a la interrupción legal del embarazo».
La denuncia sostiene que esta omisión no sería un hecho aislado, sino parte de «una práctica institucional sostenida», en la que se excluiría de manera sistemática la alternativa del aborto terapéutico.
Entre las diligencias requeridas figuran: recabar entrevistas y registros audiovisuales difundidos por medios; oficiar al MIMP y a juzgados de familia sobre derivaciones de niñas embarazadas al albergue denominado Refugio Casa del Padre; inspeccionar el establecimiento; disponer evaluaciones psicológicas con reserva de identidad; y requerir información al Ministerio de Salud sobre eventuales solicitudes de aborto terapéutico vinculadas a los casos.
En paralelo, Milagros Jáuregui declaró en entrevista con la periodista Milagros Leiva que no renunciará a su candidatura al Senado. «No he hecho nada malo. Pido perdón por la ofensa que muchas personas han sentido producto de una foto que yo no coloqué», señaló.
Renovación Popular no avala fotos difundidas
Por su parte, el partido Renovación Popular difundió un comunicado en el que precisó que no comparte ni avala «lo ocurrido en un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue», y afirmó que dicho hecho «no representa los valores ni la línea de nuestro partido».
El pronunciamiento añade que «bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública», y expresa disculpas por la situación.
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MIMP dispone supervisión
Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó, mediante comunicado, que dispuso de manera inmediata acciones de supervisión y verificación en el Centro de Acogida Residencial (CAR) Hogar Refugio La Casa del Padre, de administración privada, con el fin de establecer si se cumplieron los estándares de atención y protección integral; la entidad precisó que actuará conforme a ley.
Menores desaparacidas
Según información difundida por el programa digital La Encerrona, existirían al menos cuatro alertas policiales vinculadas a desapariciones de menores que estuvieron en dicho refugio. De acuerdo con ese reporte, uno de los casos corresponde a una adolescente de iniciales A.A.S.P., de 16 años, quien desapareció en enero de 2022 de uno de los dormitorios del albergue ubicado en Cieneguilla.
El medio recogió que la menor había solicitado ser trasladada a otro centro, señalando presuntos problemas con una docente, pero que el trámite no se concretó. Posteriormente, la adolescente dejó el lugar y regresó a Puerto Inca, en Huánuco. En mayo de 2023, fue asesinada tras acudir a trabajar a una zona de bares y cantinas.
El mismo espacio digital informó que el 28 de enero de 2024 otras tres adolescentes, dos hermanas de 15 y 16 años, y una tercera menor de 15, desaparecieron simultáneamente del referido albergue. Según el reporte, hasta la fecha no se habría informado públicamente sobre su paradero. El programa indicó que no logró obtener la versión de la administración del refugio, señalando que las redes sociales del establecimiento habrían sido eliminadas.
Sumilla: Presentamos denuncia penal por la presunta comisión de delito por omisión y otros.
SEÑOR/A FISCAL DE TURNO DE LIMA:
Gahela Cari Contreras, identificada con DNI xxxx, con domicilio procesal en xxxx, con Casilla Electrónica xxxx, con correo electrónico xxxx en donde se me deberá notificar futuras disposiciones y providencias, y número de celular xxxx; ante Ud. me presento y digo:
Al amparo de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, que faculta al Ministerio Público a promover de oficio o a pedido de parte la acción penal; en concordancia con el inciso 20) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho de toda persona a formular peticiones por escrito ante la autoridad competente; y de conformidad con lo establecido en el artículo 326° del Código Procesal Penal, formulo DENUNCIA PENAL POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE DELITO COMETIDO POR OMISIÓN Y OTROS, conforme a los hechos y fundamentos que exponer.
I. DATOS DE LA DENUNCIADA
Milagros Jáuregui Martínez, congresista de la República, con domicilio funcional en el Congreso de la República, Lima.
Contra los que resulten responsables, incluidos funcionarios públicos, personal directivo, administrativo o profesional que, por acción u omisión, hubieran participado en los hechos materia de la presente denuncia.
II. RELACIÓN CLARA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS
2.1. Contexto general y declaraciones públicas
En fechas recientes, diversos medios de comunicación de alcance nacional difundieron entrevistas y declaraciones públicas de la congresista Milagros Jáuregui Martínez, en las que habría reconocido su participación directa en la gestión o dirección de un albergue o «casa de refugio» que recibe niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, algunas de ellas embarazadas como consecuencia de violación.
En dichas declaraciones, la denunciada habría manifestado que dicho albergue recibe niñas de entre aproximadamente 10 y 13 años de edad, las cuales serían derivadas por entidades del Estado, tales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y/o Juzgados de Familia, lo que evidenciaría una coordinación institucional y un control fáctico sobre la situación de especial vulnerabilidad de dichas menores.
[Continúa…]
