El pasado jueves 19 de junio, la Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la congresista Rosio Torres Salinas. Se le atribuye la presunta comisión del delito de peculado doloso, en agravio del Estado.
Según el comunicado oficial, Torres Salinas habría utilizado, para fines personales y partidarios, a una trabajadora contratada y remunerada por el Congreso de la República. «Los hechos se refieren a que Torres Salinas habría utilizado —para fines personales y vinculados a su partido político— a una trabajadora contratada y remunerada por el Congreso», indicó el Ministerio Público.
La servidora fue asignada a su despacho parlamentario, pero entre el 4 y el 9 de abril de 2022 habría sido destinada a depurar el padrón de militantes del partido Alianza para el Progreso. Esta acción buscaba «facilitar la candidatura de Fernando Meléndez Celis, como gobernador regional de Loreto, quien es cónyuge de la citada congresista», precisó la Fiscalía.
El órgano fiscal enfatizó que tales actividades no forman parte de las obligaciones funcionales del personal contratado por el Congreso. Por tanto, se configura un uso indebido de recursos humanos públicos, lo que constituye, en apariencia, el tipo penal de peculado doloso.
Este nuevo proceso se suma a una investigación preliminar iniciada en 2023 contra la misma congresista, por el presunto delito de concusión, relacionado con cobros irregulares a trabajadores de su despacho. En dicha indagación también figura su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, como presunto cómplice.
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Como parte de ese proceso, en 2024, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario de Torres Salinas y de Pérez Guerra, con el fin de rastrear operaciones financieras vinculadas a esos hechos. Según el fallo judicial, las oposiciones presentadas por ambas defensas fueron declaradas infundadas. Se autorizó así acceder a información sobre cuentas nacionales y operaciones realizadas a través de entidades financieras durante el período investigado.
Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó, en febrero de 2025, una denuncia constitucional relacionada con este caso. El informe final aprobado por mayoría señaló en ese momento que «la imputación fiscal carece de solidez” y que «la mera sospecha no es suficiente».
