En el marco de las evaluaciones llevadas a cabo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el postulante Julio César Caballero Huayllani rindió su entrevista personal para acceder a una plaza judicial especializada en delitos de corrupción de funcionarios del distrito judicial de Cusco. Durante la sesión, los magistrados interrogaron al candidato sobre diversas denuncias ciudadanas y aspectos de su trayectoria profesional, abordando temas que abarcaron desde presuntos indicios de plagio en sus investigaciones académicas hasta investigaciones de carácter tributario por desbalance patrimonial.
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Aclaraciones y sobrecarga procesal
El primer cuestionamiento se centró en sus tesis de pregrado y doctorado, las cuales registraron un 61% y 47% de similitud, respectivamente, según reportes de denuncias ciudadanas basados en el sistema Turnitin. En su defensa, Caballero Huayllani argumentó que dichos reportes carecían de identificadores institucionales fiables y que su propia revisión oficial arrojó apenas un 9% de similitud. Asimismo, el postulante justificó que las coincidencias detectadas correspondían a citas correctamente formuladas bajo las normas APA séptima edición y advirtió que muchos de los trabajos con los que el sistema encontró similitudes fueron publicados en fechas posteriores a la presentación de sus propias investigaciones para optar por sus grados académicos.
En el ámbito administrativo y jurisdiccional, el candidato reconoció haber omitido a ciertos familiares en sus declaraciones juradas de intereses, excusándose en el desconocimiento de la existencia de parientes lejanos, información que aseguró ya fue debidamente actualizada ante la JNJ. Por otro lado, frente a la acusación de realizar audiencias de juicio oral de forma paralela en el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio del Cusco, el magistrado explicó que en el año 2024 sufrieron una severa sobrecarga procesal con 582 expedientes asignados, superando largamente el límite regular de 355. Según detalló, esta excesiva carga lo obligó en ocasiones a suspender brevemente ciertas diligencias para poder instalar otras audiencias y así garantizar la continuidad y celeridad procesal.
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Justicia restaurativa y escrutinio patrimonial
Un punto destacado de la evaluación dogmática giró en torno a su tesis de maestría sobre la implementación de la mediación en los delitos de bagatela. El candidato argumentó que las salidas alternativas, como el principio de oportunidad, no suelen aplicarse eficientemente en la práctica, por lo que propuso trasladar estos conflictos a un ámbito privado exclusivo entre imputado y agraviado. En ese sentido, el postulante subrayó que el derecho penal no debe enfocarse únicamente en sancionar al delincuente olvidando a la víctima, indicando expresamente que debemos pensar en la justicia restaurativa con la finalidad principal de resarcir los daños causados a los agraviados.
Finalmente, los miembros de la comisión indagaron sobre las evidentes variaciones en sus declaraciones juradas de bienes y rentas entre los años 2023 y 2025, periodo en el que registró y luego dejó de poseer inmuebles y vehículos a su nombre. Caballero aclaró que la transferencia de bienes respondió a un acuerdo familiar para intentar obtener un crédito hipotecario a su nombre tras el fallecimiento de su progenitor, devolviendo posteriormente el patrimonio a sus hermanos. Además, reveló que esta inusual fluctuación motivó que la SUNAT le iniciara una auditoría por presunto desbalance patrimonial, la cual, según sus declaraciones, logró justificar con contratos y transferencias bancarias, a pesar de no haber presentado dicha documentación de descargo durante la entrevista con la JNJ.
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