El Poder Judicial inició este martes 12 de noviembre el juicio oral contra Daniel Salaverry, exlegislador de Fuerza Popular y expresidente del Congreso, por presuntamente apropiarse de más de S/10 000 provenientes de fondos parlamentarios. Este dinero fue asignado por la Dirección General de Administración del Congreso.
La Fiscalía solicitó ocho años de cárcel, el pago de S/119 577 y una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos por el presunto delito de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado. Esto habría sucedido durante las semanas de representación en el departamento de La Libertad entre 2017 y 2018.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigido por el juez Juan Carlos Checkley, dio luz verde para que el caso ingrese a juicio oral. El juicio oral estuvo a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
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En detalle
En marzo del 2021, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final para que Daniel Salaverry sea investigado por presuntamente presentar documentación falsa en sus informes de representación “enero, febrero, noviembre y diciembre del año 2017, y enero, febrero y marzo del año 2018”.
Según lo aprobado por la Mesa Directiva, Salaverry habría recibido S/2800 como apoyo logístico para la semana representación, a pesar de que dichos informes tenían fotos y registros de actividades en los que no habría participado.
El también exasesor de Pedro Castillo, expresidente recluido en prisión preventiva, no es el único investigado. También lo están sus exasesores Marco Quesada Castro, Luis Calderón Carbajal, así como su exasistente Juan Carlos Llontop Gamarra y otro trabajador parlamentario de ese entonces, Segundo Ortiz Ramírez, “quienes se habrían beneficiado económicamente con viáticos y pasajes (terrestres y/o aéreos)”.
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