Sumario: 1. Introducción; 2. La metamorfosis del crimen organizado en el Perú; 3. Pataz: La minería ilegal como motor de la anarquía. 4. Madre de Dios: El ecocidio como negocio criminal. 5. Trujillo y Chiclayo: El norte bajo la sombra de la extorsión; 6. Lima y Callao: El epicentro de la violencia organizada; 7. El desdibujamiento del estado de derecho; 8. La respuesta estatal: Desafíos y perspectivas; 9. Conclusiones.
1. Introducción
El Perú enfrenta una de sus crisis de seguridad más complejas, caracterizada por la expansión del crimen organizado. Este fenómeno va más allá de las actividades ilícitas tradicionales; ha logrado cooptar estructuras estatales y erosionar los pilares del Estado de derecho. La presencia de estas redes criminales se ha consolidado en varias regiones, estableciendo verdaderos enclaves de ilegalidad donde la ley es suplantada por la fuerza y el terror. El presente análisis examina cómo zonas estratégicas como Pataz, Madre de Dios, Trujillo, Chiclayo, Lima y Callao se han convertido en focos de esta fractura institucional, destacando la urgencia de una estrategia integral para salvaguardar la soberanía y la gobernabilidad del país. La complejidad de esta problemática exige una comprensión profunda de sus causas, manifestaciones y, crucialmente, sus devastadoras consecuencias sobre la institucionalidad democrática y la vida ciudadana.
2. La metamorfosis del crimen organizado en el Perú
El crimen organizado en el Perú ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, superando sus formas tradicionales para convertirse en una amenaza multifacética. De estructuras centradas en el narcotráfico, se ha diversificado hacia actividades como la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de terrenos, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el sicariato. Esta diversificación responde a una lógica de maximización de ganancias y minimización de riesgos, adaptándose a las deficiencias del control estatal y explotando las vulnerabilidades socioeconómicas. Como sostiene Carlos Caro Coria (2019), el crimen organizado trasciende la mera seguridad ciudadana, infiltrándose y socavando las estructuras democráticas e institucionales del Estado, una perspectiva central en su análisis del fenómeno criminal y sus implicaciones para el sistema de justicia. La sofisticación de sus operaciones, que incluye la adquisición de armamento de alto calibre, el uso de tecnologías avanzadas para la comunicación y el blanqueo de capitales, así como la capacidad de corromper a funcionarios públicos en todos los niveles, evidencia una amenaza sistémica que trasciende el ámbito penal y se incrusta en las esferas política y económica del país.
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3. Pataz: La minería ilegal como motor de la anarquía
La provincia de Pataz, en La Libertad, se ha convertido en un epicentro de violencia impulsada por la minería ilegal de oro. Bandas criminales, incluyendo grupos extranjeros de origen venezolano y colombiano, han consolidado su control sobre vastas áreas, desplazando a empresas formales y explotando a la población local en condiciones de esclavitud moderna. La presencia estatal es precaria, y los enfrentamientos entre bandas rivales por el control de las vetas auríferas o con las fuerzas del orden son una constante (Acuña, 2023). Esta situación ha generado un clima de terror, donde la vida humana tiene un valor ínfimo y los derechos fundamentales son sistemáticamente vulnerados. La ausencia de una respuesta coordinada y sostenida por parte del Estado ha permitido que estas estructuras criminales se arraiguen profundamente, estableciendo un «gobierno paralelo» basado en la coerción, la intimidación y la corrupción de autoridades locales, lo que distorsiona por completo la capacidad de aplicación de la ley.
4. Madre de Dios: El ecocidio como negocio criminal
Madre de Dios ilustra claramente cómo el crimen organizado ha transformado la explotación de recursos naturales en una actividad ilícita lucrativa y devastadora. La minería ilegal de oro ha arrasado extensas zonas de la selva amazónica, contaminando ríos con mercurio, lo que constituye un ecocidio de proporciones incalculables y un grave riesgo para la salud pública. Más allá del impacto ambiental, esta actividad genera redes de trata de personas, explotación laboral, sicariato y lavado de activos. Las organizaciones criminales operan con impunidad en zonas remotas, aprovechando la difícil geografía y la limitada presencia de las autoridades (Ministerio del Ambiente, 2018). La ineficacia de las interdicciones, sumada a la corrupción de algunos funcionarios, ha perpetuado esta situación, condenando a la región a un ciclo de violencia y destrucción ambiental sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia de la República, a través del Acuerdo Plenario N° 08-2019/CIJ-116, ha establecido la doctrina legal sobre las diferencias hermenéuticas entre organización criminal, banda criminal y delitos cometidos por integrantes de una organización criminal, sentando las bases para la adecuada persecución de los delitos vinculados a estructuras criminales, incluyendo aquellos que operan en el ámbito de la minería ilegal.
5. Trujillo y Chiclayo: El norte bajo la sombra de la extorsión
Las ciudades norteñas de Trujillo y Chiclayo, capitales de La Libertad y Lambayeque, respectivamente, son un claro reflejo del avance de la extorsión y el sicariato. Organizaciones criminales, como las desarticuladas bandas «Los Plataneros» o «La Jauría», han impuesto un régimen de miedo a empresarios, comerciantes y ciudadanos. La exigencia de «cupos» por seguridad se ha normalizado, y quienes se niegan a pagar son víctimas de atentados, amenazas o, en el peor de los casos, asesinatos. La impunidad con la que operan estas bandas se debe, en parte, a la infiltración en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, lo que genera una profunda desconfianza en la ciudadanía. El control territorial de estos grupos ha fragmentado el tejido social y económico de ambas ciudades, obligando a muchos a cerrar sus negocios o a vivir bajo constante amenaza, impactando directamente en el desarrollo y la inversión local. En ese sentido, la Sentencia 00017-2003-AI/TC del Tribunal Constitucional, si bien no aborda directamente el crimen organizado, sienta bases sobre la importancia de la seguridad ciudadana y la protección de derechos fundamentales frente a la delincuencia, principios que se ven gravemente vulnerados por estas actividades (Tribunal Constitucional, 2003).
6. Lima y Callao: El epicentro de la violencia organizada
Las áreas metropolitanas de Lima y Callao, por su densidad poblacional y actividad económica, son el epicentro de las operaciones del crimen organizado en el país. El control de puertos y vías de acceso permite el tráfico de drogas, armas y personas a gran escala. Barrios enteros son controlados por bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato, el tráfico de terrenos y el microcomercio de drogas. La violencia es una constante, con enfrentamientos entre bandas por el control de territorios y rutas, y asesinatos selectivos que siembran el pánico en la población. La cooptación de policías corruptos y la lentitud de los procesos judiciales contribuyen a la percepción de impunidad, retroalimentando el ciclo delictivo. La Fiscalía de la Nación, a través de sus Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado (FECOR), ha logrado desarticular importantes redes, pero la capacidad de estas organizaciones para regenerarse y adaptarse a nuevas modalidades delictivas es alarmante, planteando un desafío constante a las fuerzas del orden (Defensoría del Pueblo, 2022).
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7. El desdibujamiento del estado de derecho
La presencia y expansión del crimen organizado en estos territorios ha provocado un grave desdibujamiento del Estado de derecho. La capacidad del Estado para garantizar la seguridad, la justicia y el respeto a la ley se ha visto mermada, cediendo espacio a la ley del más fuerte. La población vive bajo el yugo de la criminalidad, y la confianza en las instituciones se erosiona progresivamente. Cuando los ciudadanos no encuentran en el Estado la protección que requieren, la tentación de recurrir a la justicia por mano propia o de someterse a las reglas impuestas por los criminales se vuelve una opción desesperada. Este escenario constituye una afrenta directa a los principios democráticos y republicanos que sustentan el ordenamiento jurídico peruano, como la separación de poderes y el imperio de la ley. La libertad y la dignidad de las personas son vulneradas de manera sistemática, evidenciando una crisis profunda que exige una respuesta urgente y contundente por parte de todas las esferas del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que la inoperancia del Estado frente al crimen organizado puede constituir una violación a la tutela judicial efectiva. Específicamente, casos como el de «Gelman vs. Uruguay» han señalado que la falta de investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las perpetradas por grupos criminales, implica una negación de justicia y, por ende, una violación a la obligación estatal de garantizar el acceso a la justicia.
8. La respuesta estatal: Desafíos y perspectivas
La respuesta del Estado peruano frente al crimen organizado ha sido, hasta ahora, insuficiente y fragmentada, a pesar de los esfuerzos aislados. Si bien se han realizado algunas desarticulaciones de bandas y la incautación de bienes ilícitos, la estrategia carece de una visión integral, de largo plazo y de una verdadera coordinación interinstitucional. Es imperativo fortalecer la inteligencia criminal para anticipar y neutralizar las operaciones delictivas, la capacidad de investigación de la policía y la fiscalía con recursos adecuados y personal capacitado, y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (central, regional y local). Asimismo, la lucha contra la corrupción dentro de las propias instituciones, incluyendo la policía, el poder judicial y el Ministerio Público, es fundamental para evitar la infiltración y garantizar la impunidad. La reforma del sistema penitenciario para evitar que las cárceles se conviertan en centros de operación criminal y la implementación de políticas de prevención social que aborden las causas estructurales de la criminalidad (como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades) son también aspectos cruciales para debilitar las bases de la criminalidad organizada y construir una sociedad más resiliente.
9. Conclusiones
La captura de territorios por el crimen organizado en Perú representa una grave amenaza para el Estado de derecho y la seguridad ciudadana. La diversificación de sus actividades, la violencia inherente a sus operaciones y su capacidad de cooptación de estructuras estatales son desafíos que requieren una respuesta contundente, coordinada y sostenida. Es fundamental que el Estado peruano fortalezca sus instituciones, invierta significativamente en inteligencia criminal y prevención del delito, y garantice una actuación eficaz, imparcial y oportuna de la justicia. Solo así se podrá recuperar la soberanía en los territorios afectados, restaurar la plena vigencia del Estado de derecho y asegurar un futuro de paz, desarrollo y oportunidades para todos los peruanos, sentando las bases para una sociedad más justa y segura. La lucha contra el crimen organizado no es solo una cuestión de seguridad pública, sino una defensa irrenunciable de los principios democráticos y la dignidad humana de la población peruana.
Referencias
Acuña, R. (2023). Minería aurífera aluvial, conflictos y la intervención del Estado en la Amazonía sur de Perú. Extractive Industries and Society, 13, 101219. https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101219 [Consulta: 02 de julio de 2025]
Caro Coria, C. (2019). Crimen organizado y lavado de activos en el Perú. En Lavado de Activos: Análisis y Perspectivas (pp. 123-145). Gaceta Jurídica.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (n.d.). Gelman vs. Uruguay. Recuperado de https://www.catalogoderechoshumanos.com/sentencia-221-cidh/ [Consulta: 10 de julio de 2025]
Corte Suprema de Justicia de la República. (2019). Acuerdo Plenario N° 08-2019/CIJ-116. Recuperado de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/genero/s_cgen/as_derecho/as_acuerdos_plenarios [Consulta: 08 de julio de 2025]
Defensoría del Pueblo. (2022). [Mención de la Defensoría del Pueblo y Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado (FECOR)]. Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/05/ConsolidadoIA2022.pdf [Consulta: 07 de julio de 2025]
Ministerio del Ambiente. (2018). [Mención de la situación en Madre de Dios]. Recuperado de https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/siar-puno/archivos/public/docs/mineria_aurifera_en_madre_de_dios.pdf [Consulta: 15 de julio de 2025]
Tribunal Constitucional. (2003). Sentencia 00017-2003-AI/TC. Recuperada de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00017-2003-AI.html. Publicada el 23 de agosto del 2004 [Consulta: 18 de julio de 2025]
Sobre el autor: Aldo Jorge Hoyos Benavides. Abogado y maestro en ciencias penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Juez Especializado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Exjuez penal de las cortes superiores de Justicia de Lambayeque, Pasco y Piura. Exfiscal contra el Crimen Organizado del distrito Fiscal de Amazonas.
