La Asesoría Legal del Departamento de Recursos Humanos del Congreso señaló, mediante un documento dirigido al jefe del Área de Administración de Personal, la «incompatibilidad» del pedido de contratación de Betssy Chávez Chino en el despacho de Roberto Sánchez.
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De acuerdo a Jaime Ruddy Gonzáles, jefe del área, la suspensión actual contra Chávez «no tiene como efecto que haya perdido la calidad de congresista». «Y siendo incompatible la condición de congresista con el ejercicio de cualquier otra función pública […], resulta ser un impedimento para ser contratada en el Congreso de la República», precisó.
El viernes 5 de agosto, la congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) solicitó la contratación de la expremier, actualmente imputada por presunta rebelión, como «asesora personal de confianza» de su despacho.
Este viernes 5, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido de la Fiscalía de desistir del requerimiento de prolongación del plazo de la prisión preventiva solicitada contra Chávez Chino.
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Durante la audiencia, Cesar Romero, abogado de la también exparlamentaria, sostuvo que la decisión respalda el principio de legalidad y marca un precedente en cuanto a la validez de los plazos de prisión preventiva. Por ello, argumentó:
Generando para los demás un precedente de no estar sin mandato judicial dentro de un establecimiento penitenciario es importantísimo […] hacerlo posterior a esto generaría sin mandato judicial, esto sería ilegal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional.
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