La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevó a cabo la entrevista personal a Galois Albert Cruz Borda, en el marco de su postulación a una plaza judicial vinculada a la especialidad penal. Durante su intervención, el candidato detalló su trayectoria profesional iniciada en junio de 2021 en el Cuarto Juzgado Unipersonal de Cusco y en el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), donde procesó casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, explicó que desde finales de 2024 ejerce funciones en un juzgado transitorio de flagrancia, asumiendo temporalmente una alta carga laboral en colegiados y despachos de las provincias de Cusco y Urubamba.
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Perspectiva sobre la violencia de género
Al ser consultado sobre el constante aumento en los índices de estos delitos, Cruz Borda sostuvo que esto no responde necesariamente a una mayor comisión de actos de violencia, sino a un incremento en la cultura de denuncia impulsado por las campañas estatales orientadas a combatir la impunidad. En el ámbito procesal, el juez defendió la prohibición de la conciliación en procesos de violencia familiar, argumentando que los derechos en juego tienen carácter indisponible y advirtiendo que los arreglos entre las partes no resuelven el conflicto de fondo, pudiendo derivar incluso en el trágico deceso de las víctimas.
Un momento clave de la evaluación se dio cuando el entrevistador solicitó su análisis comparativo sobre la involución de la situación de la mujer en Irán, país donde desde 1979 los derechos femeninos retrocedieron a raíz de la ley Sharia. El postulante respondió que dicha cosificación y notable desventaja de las mujeres obedece al cambio de régimen político impulsado por la corriente chiita, la cual fundamenta el control patriarcal del Estado y la familia en su interpretación de los textos religiosos. Para Cruz Borda, esta realidad internacional reafirma la importancia de las políticas estatales peruanas y de la Ley 30364, que buscan aplicar un enfoque de interseccionalidad para erradicar la subordinación histórica y la diferenciación injustificada.
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Debate sobre el aborto y cuestionamientos funcionales
Durante la rueda de preguntas de los integrantes de la JNJ, se planteó un debate jurídico sobre la congruencia entre la protección constitucional del concebido y las penas mínimas que el Código Penal impone frente al aborto terapéutico, eugenésico y sentimental. Pese a reconocer que las sanciones actuales, no superiores a tres meses, pueden resultar irrisorias para cumplir la finalidad de la pena, el magistrado expresó su rechazo a una eventual despenalización. En su lugar, sugirió que el Poder Legislativo debería incrementar la punibilidad de estas conductas para otorgar una tutela reforzada al concebido, dada su especial situación de indefensión frente a estos hechos.
Finalmente, la comisión solicitó los descargos del juez respecto a un registro de inconducta funcional reportado en su contra en el año 2025 bajo la denuncia 19414. Cruz Borda precisó que no ha sido notificado formalmente por la institución, pero al cruzar información, dedujo que la queja proviene de un procesado al que él condenó a nueve años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de tocamientos indebidos. El candidato concluyó explicando que el denunciante, disconforme con la valoración probatoria, tiene actualmente un recurso de hábeas corpus pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, tras haber sido desestimado en las instancias previas.
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