La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside José Luna Morales (PP), inició sus investigaciones sobre las acciones efectuadas por los organismos reguladores del país, en el marco de las facultades otorgadas por el Pleno.
Luego de la exposición de la presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Hania Pérez de Cuellar, los congresistas Zenaida Solís Gutiérrez (PM) y Robledo Gutarra (Frepap) mostraron su preocupación por la labor de una entidad que no recibe apoyo del Poder Ejecutivo.
Solís Gutiérrez señaló que “la exposición le dejó un mal sabor” por la indiferencia absoluta del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia del Consejo de Ministros por la protección de los consumidores al no destinar o solicitar un presupuesto ordinario para Indecopi.
“(Indecopi) hace rato que necesita tener recursos ordinarios, que hoy nos dicen que no tienen. Más preocupada (estoy por) el control de fusiones, que es fundamental. Hemos dado a Indecopi una herramienta para el control de fusiones con una ley antimonopolio, y no sé si de aprobarse esta ley, pueda ponerla en práctica sin recursos”.
Robledo Ramos Gutarra (Frepap) quiso saber si la entidad ha sancionado a algunos funcionarios por malas prácticas y enumeró una serie de interrogantes que serán presentadas por escrito para que la funcionaria conteste formalmente.
Efectivamente, Hania Pérez de Cuellar, al exponer las líneas que llevará a cabo la entidad que dirige, informó que solo cuenta con los recursos directamente recaudados, y no recibe dinero del erario.
Esos recursos son necesarios para poner en práctica las nuevas propuestas de financiamiento para el fortalecimiento de la fiscalización preventiva, el fortalecimiento de recursos humanos (sobre todo en regiones), y los proyectos de inversión (infraestructura y tecnología).
Entre las líneas de acción que la funcionaria informó a los miembros de la comisión están la transparencia, para lo cual se va a fortalecer la oficina de integridad y se implementará una línea anticorrupción (habrá una línea gratuita para denunciar sobre funcionarios de la entidad).
Así también, se instalará un canal “ad hoc” para transmitir las audiencias públicas de los órganos resolutivos y se trabajará en el cambio de lenguaje (interculturalidad -lenguaje inclusivo-, y enfoque de género), además se elaborarán nuevas estrategias de comunicación.
Igualmente, Pérez de Cuellar resaltó la necesidad de fortalecer la fiscalización con enfoque orientativo, que contará con un centro especial de monitoreo, que consistirá en captar una problemática y responder inmediatamente.
Señaló además que desde el 16 de marzo hasta el 11 de septiembre del presente año, Indecopi ha recibido 124 029 reportes, básicamente en los sectores de comercio e industria (sobre retrasos en la entrega de productos adquiridos vía comercio electrónico), financiero y seguros (deficiente información sobre reprogramación de créditos), enseñanza (problemas con el servicio), transporte aéreo y terrestre y turismo, y otros.
En torno a esa realidad, se han puesto en marcha 6439 acciones de fiscalización.
SuSalud
El titular de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), Carlos Acosta Saal, también expuso ampliamente sobre las competencias de la entidad que dirige e hizo algunas precisiones como, por ejemplo, al igual que Indecopi, que Susalud no es un órgano regulador, sino más bien un ente técnico especializado.
Luego de una amplísima exposición, y de precisar que SuSalud no posee atribuciones para sancionar y fiscalizar a las personas, aunque sí a las instituciones de salud y de aseguramiento, cedió la palabra a una de sus funcionarias para responder a la primera de las preguntas planteadas por escrito por la comisión: el estado situacional de todas las denuncias recibidas en los últimos cinco años.
Apoyada en una serie de cuadros, la funcionaria hizo una exposición del procedimiento para recibir denuncias y las acciones de intervención inmediatas que se realizan. Informó que estas últimas se dan en el marco de la necesidad que tiene el usuario para que se restituya su derecho o la necesidad ante situaciones de emergencia.
De allí que en el periodo 2015-2020 el 98,4 % (531 294) de las denuncias que ingresaron por sus canales de atención se atendieron con acciones de intermediación, lo que quiere decir que en menos de diez días se restituyó el derecho del ciudadano.
El restante requirió, por su naturaleza, una investigación, y “van para una posible sanción de las administradas”, sean clínicas, hospitales, seguros. De estas, 3754 (0,7 %) fueron archivadas; 2892 (0,5 %) fueron derivadas a PAS, y 1790 (0,3 %) se encuentran en curso en curso de investigación.
Fuente: Congreso
