El caso de Rodrigo Ventocilla, joven peruano que ha fallecido el 11 de agosto en Indonesia en extrañas circunstancias, se debate con indignación y pena a través de las redes sociales. Un hecho que según los involucrados se trataría de un crimen de odio y que podría tener repercusiones internacionales. En este post, vamos a explicarles todo lo que se sabe al respecto.
¿Quién es Rodrigo Ventocilla?
Ventocilla era hombre transgénero de 32 años. Fue miembro fundador de la organización peruana de defensa de los derechos trans Diversidades Trans Masculinas y se encontraba cursando una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional en la Escuela Kennedy de Harvard.
Rodrigo se había casado recientemente (en el extranjero) con Sebastián Marallano, también peruano, y habían decidido celebrar su luna de miel en la provincia de Bali, Indonesia. A ese destino llegó el 6 de agosto, dando inicio a una serie de tragedias.
Los hechos
Diferentes colectivos LGTB+ que se comunicaron con los involucrados fueron los primeros en informar los detalles del hecho. Rodrigo Ventocilla fue detenido en la fecha mencionada en el aeropuerto Denpasar y las autoridades lo habrían sindicado como traficante de drogas por llevar consigo una lista de medicamentos vinculados a su tratamiento de salud mental. Los testimonios de personas cercanas indican que él llevaba consigue las recetas médicas y papeles correspondientes.
Según declaró Brenda Álvarez, abogada que está asesorando a los familiares, un factor importante en esta detención habría sido que el género y foto que figuraba en en sus documentos de identidad no correspondían a su aspecto físico. Esos cuestionamientos habrían detonado la rigurosidad narrada en el párrafo anterior.
Marallano, su cónyuge, llegó en un vuelo separado y al enterarse de lo sucedido se acercó a pedir información. Al hacerlo fue también detenido sin recibir explicaciones por esto o la detención de su pareja. Y en ese tiempo, Sebastián afirma que tanto él como Ventocilla fueron víctimas de violencia por parte de las autoridades policiales. Y, en el último reporte que obtuvieron sus familiares en Lima, se les habría solicitado 100 mil dólares a cada uno a cambio de su libertad.
A partir de aquí, la historia se complica. Desde el 9 de agosto ambos estuvieron incomunicados luego de haber sido trasladados al Hospital Bhayangkara por haberse «descompensado» durante su detención. Y en el caso de Rodrigo por contar también con dolores de estómago y vómitos.
Sin embargo, la situación de Ventocilla habría empeorado y fue llevado al Central General Sanglah, centro de salud en el que el peruano perdió la vida el 11 de agosto. El vocero de la policía de Bali, Stefanus Satake Bayu Setianto, mencionó al medio indonesio DetikBali, que la causa de muerte había sido «el consumo de una cantidad inmensurable de drogas».
“La causa de la muerte es una falla completa de la función corporal que provoca un deterioro de la función renal y del hígado y del sistema nervioso en el cerebro del paciente”
A la fecha, no se ha permitido una necropsia o más acceso a información a los abogados que llegaron a defender a los peruanos, así como a otros estudiantes de Harvard que llegaron al país enterados del irregular hecho.
Luego de la muerte de Ventocilla, Marallano permaneció retenido y custodiado por la policía de Bali. Finalmente, el 17 de agosto, gracias los esfuerzos sobrehumanos de las familias y organizaciones de activistas y derechos humanos, pudo regresar al Perú.
A la fecha, no ha dado declaraciones directas sobre el tema y se ha limitado a agradecer a través de las redes sociales a la gente que le ha hecho llegar donaciones durante esta situación. Sus familiares han reportado que se encuentra muy «afectado emocionalmente».
La respuesta de Cancillería
Mientras los hechos narrados anteriormente sucedían, los familiares buscaron ayuda en el consulado peruano en Indonesia y se comunicaron con Julio Eduardo Tenorio Pereyra, jefe de la sección consular de ese país. El funcionario no habría reaccionado hasta que se hizo público el fallecimiento de Ventocilla y esto ha generado la indignación de los deudos, que han hecho público su malestar en un comunicado.
“Nada nos devolverá a Rodrigo ni la integridad de Sebastián, sin embargo, nuestro reclamo de justicia y verdad persigue también el objetivo de mejorar la calidad del servicio de asistencia a nuestros conciudadanos en el exterior sin preferencias de clase, género, etnia u otras“
En respuesta a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que sí brindó la asistencia consular a los dos ciudadanos peruanos que fueron detenidos este mes en Indonesia. En un comunicado, precisaron que ambos fueron encontrados con objetos que «contenían restos de cannabis» y por lo tanto «no habría correspondido a actos de discriminación racial y transfobia».
La Cancillería subrayó que las leyes en Indonesia en relación al consumo de drogas son sumamente estrictas y la detención habría correspondido a eso. Sin embargo, en dicho texto no se hace mención a la muerte de Rodrigo.
Por otro lado, mediante una nota de prensa la Embajada de la República de Indonesia informó que se les otorgó a ambos peruanos sus derechos como sospechosos, incluyendo la posibilidad de comunicarse con su familia, acceder a abogados y servicios de salud.
Asimismo, dieron presuntos detalles detrás del fallecimiento de Ventocilla. En su versión oficial, esto sucedió por una ingesta de medicamentos que provocó «insuficiencia orgánica múltiple causada por la intoxicación de sertralina, bupropión y quetiapina, y otras causas de muerte fueron la intoxicación por consumo de marihuana y benzodiacepina».
Perspectiva jurídica
Beatriz Ramírez, abogada especialista en enfoque de género y candidata a la Defensoría del Pueblo, explicó en diálogo con Juris.pe que el problema en la forma como cancillería ha abordado el caso es que ha enfatizado las razones de la detención, y no el hecho de que un ciudadano peruano haya perdido la vida detenido.
«Los estándares de personas privadas de libertad señalan que hay una especial protección exigida a los Estados porque las personas tienen recortada su libertad», desarrolló.
Ramírez enfatizó que cualquier cosa que le pase a una persona detenida, en cualquier estado del mundo, es de responsabilidad estatal. Ya sean lesiones a su integridad o la perdida de la vida, como en este caso.
Por otro lado, Julio Arbizu, abogado de los familiares del peruano fallecido, señaló a El Comercio que la labor de la Cancillería fue «absolutamente ineficiente» porque no se acercaron a tiempo en Bali.
El cónsul peruano en Yakarta, Julio Tenorio, recibió la comunicación de la familia al día siguiente de ocurridos los hechos [la captura]. Una vez que que Rodrigo y Sebastián pudieron hablar, porque estaban incomunicados la mayor parte del tiempo, ellos llamaron para decir varias cosas: que habían sido detenidos, que estaban siendo sometidos a una serie de vejámenes y agravios; además eran extorsionados permanentemente por la policía Indonesia.
Arbizu también comentó que el último fin de semana se ha presentado una denuncia por tortura contra funcionarios indonesios y contra el cónsul peruano en Indonesia, Julio Tenorio. Esto se ha presentado en Lima y está activada la jurisdicción peruana para dar a investigar y juzgar delitos de graves violaciones a los derechos humanos en jurisdicción interna.
Fiscalía inicia investigación
Finalmente, luego de días de incertidumbre, la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Delitos de Terrorismo dispuso abrir investigación preliminar por presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de tortura, en agravio de Rodrigo Ventocilla y Sebastián Marallano.
El fiscal Yony Soto Jiménez ordenó además se oficie la disposición a la Unidad de Tanatología del Ministerio Público para que se aplique el Protocolo de Minnesota a los restos de Rodrigo. El caso ha sido declarado complejo, por lo que el plazo de la investigación preliminar será de ocho meses.
¿Qué es el Protocolo de Minnesota? Son un conjunto de normas para investigar una muerte potencialmente ilícita. Dicho protocolo establece principios y directrices para los Estados, instituciones y personas que participen en la investigación. Se hizo para complementar los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
Asimismo, se remitirá la disposición fiscal a la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, para que gestione diferentes documentos vinculados a la investigación. Una vez obtenida dicha información, se deberá recabar la declaración de los efectivos de la Policía de Indonesia.
