Candidatos a diputado discuten por las denominadas «leyes procrimen»

En un debate electoral organizado por LP, dos candidatos a la Cámara de Diputados expusieron posturas opuestas sobre las denominadas «leyes procrimen». La discusión enfrentó a Diego Pomareda, postulante por Libertad Popular, y a Elio Riera, candidato de Alianza para el Progreso, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

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Durante el encuentro, Pomareda, abogado constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuestionó duramente al actual Parlamento, al que acusó de aprobar normas orientadas a debilitar la persecución penal. Según sostuvo, existe un «autoritarismo parlamentario» que se manifiesta en un paquete de leyes que, en su opinión, favorecen directamente a políticos investigados. «Mi primer proyecto de ley sería derogar al menos quince leyes aprobadas por este Congreso abusivo, que benefician al crimen organizado y blindan a partidos y políticos frente a la justicia», afirmó en el espacio de LP.

El candidato de Libertad Popular señaló que estas reformas no pueden analizarse de manera aislada, ya que responden a un patrón. En ese sentido, cuestionó las modificaciones a figuras clave como la extinción de dominio, la colaboración eficaz y los plazos de prescripción penal. «No se trata de errores técnicos, sino de decisiones políticas adoptadas por un Congreso cuyos miembros, en muchos casos, enfrentan investigaciones fiscales», sostuvo Pomareda, advirtiendo que se estaría legislando «en causa propia».

Uno de los puntos más críticos, según Pomareda, es la afectación a investigaciones complejas de corrupción y crimen organizado. A su juicio, acortar plazos de prescripción o limitar herramientas como la colaboración eficaz podría impedir que los casos lleguen a una sentencia. «Estas leyes no benefician al ciudadano común, benefician a quienes buscan impunidad», remarcó durante el debate.

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En contraste, Elio Riera, abogado penalista y exfuncionario del sector justicia, rechazó la denominación de «leyes procrimen» y defendió las reformas aprobadas por el Congreso. Desde su perspectiva, estas normas buscan corregir excesos del sistema penal y proteger derechos fundamentales. «No son leyes para favorecer delincuentes, sino para evitar abusos contra personas que pueden pasar años investigadas sin una acusación concreta», señaló.

Riera puso especial énfasis en la extinción de dominio, figura que permite al Estado incautar bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas. Según explicó, su aplicación ha generado casos de afectación desproporcionada. «He visto situaciones en las que se quita una propiedad sin que exista siquiera una investigación formal. Existen otras medidas cautelares menos lesivas que pueden garantizar el proceso», indicó, cuestionando el uso indiscriminado de esta herramienta.

Respecto a la colaboración eficaz, el candidato de Alianza para el Progreso sostuvo que su regulación anterior permitía abusos. «No es razonable que una persona permanezca cinco o siete años bajo la figura de colaborador eficaz, generando incertidumbre y afectando a terceros», afirmó, subrayando que las reformas buscan establecer límites razonables y preservar el debido proceso.

El debate también abordó la prescripción penal, otro de los temas más polémicos. Mientras Pomareda advirtió que reducir los plazos podría cerrar investigaciones emblemáticas antes de que concluyan, Riera replicó que «un Estado no puede mantener a una persona indefinidamente bajo investigación sin resolver su situación jurídica». Para el candidato de APP, el equilibrio entre eficacia penal y garantías constitucionales es indispensable en un Estado de derecho.