El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su preocupación por las medidas adoptadas en el reciente Consejo de Estado, convocado por la presidenta Dina Boluarte, para combatir el crimen organizado, calificándolas de poco técnicas e inconstitucionales. El CAL cuestionó propuestas como la protección legal adicional para policías que usen la fuerza, argumentando que ya existe un marco que garantiza la presunción de inocencia, y rechazó la intención de procesar a policías y militares solo en el Fuero Militar, lo cual consideró un grave retroceso constitucional. Además, advirtió que estas medidas populistas desvían la atención de los grandes casos de corrupción, como Cuellos Blancos y Odebrecht, favoreciendo a procesados por delitos graves.
CAL: DECISIONES FINALES DEL CONSEJO DE ESTADO NO AYUDARÁN A COMBATIR A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PAÍS
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su preocupación ante las medidas aprobadas en el reciente Consejo de Estado, convocado por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, para abordar el problema del crimen organizado que afecta al país. Las decisiones tomadas no reflejan un enfoque técnico y efectivo para combatir este flagelo, y en algunos casos, resultan incluso inconstitucionales.
En cuanto a la propuesta aprobada por el Congreso de la República el 6 de noviembre, que busca garantizar que los miembros de la Policía Nacional del Perú puedan hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones sin temor a detención preliminar, el CAL reitera que la Constitución Política del Perú ya consagra el derecho a la presunción de inocencia. Los efectivos policiales que actúen conforme a la ley, en situaciones reglamentarias, no deberían ser detenidos cuando el uso de su arma de reglamento, en el ejercicio de sus funciones, cause la muerte de un presunto delincuente. Sin embargo, consideramos que la ley vigente ya establece claramente estas garantías, por lo que cualquier problema en su aplicación debería resolverse mediante una adecuada interpretación judicial, y no con una sobre-legislación que afecta la técnica legislativa. Por otro lado, el anuncio de un marco legal que establezca que los policías y militares sean procesados exclusivamente en el Fuero Militar y Policial resulta no solo anti-técnico, sino también inconstitucional. Esta medida contraviene la naturaleza del Fuero Militar, cuya competencia se limita a delitos estrictamente relacionados con la función militar y no con delitos comunes. De implementarse, esta disposición podría ser cuestionada por organismos de derechos internacionales, generando un grave retroceso en el respeto al debido proceso.
El CAL considera que una solución técnica y adecuada habría sido establecer una especialidad dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público para jueces y fiscales en el juzgamiento de delitos cometidos por policías y militares, capacitando a estos operadores para asegurar el cumplimiento de la ley vigente en el tratamiento de estos casos.
Este actuar del Congreso y del Poder Ejecutivo confirma la advertencia que el CAL ha realizado de manera reiterada: se está legislando con un enfoque populista que en ningún caso ataca las verdaderas causas de la delincuencia organizada. Por el contrario, se ha creado una cortina que beneficia a los procesados en los mayores casos de corrupción en el país, como los involucrados en los casos Cuellos Blancos, Odebrecht y Cocteles, entre otros. Estos acusados continúan recibiendo resoluciones favorables bajo el amparo de la ley de crimen organizado, lo que lamentablemente también favorece a la delincuencia organizada común.
Reafirmamos nuestro compromiso de velar por un marco legal que garantice la justicia y la seguridad en el país, con medidas efectivas que respeten la Constitución y protejan el Estado de derecho.
