El Congreso aprobó la resolución que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino. La medida fue adoptada tras el debate del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la acusa por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
Estos hechos estarían vinculados a su gestión en el Congreso y en los ministerios de Trabajo y de Cultura, conforme a la Carpeta Fiscal 227-2022.
Según el informe, se identificaron indicios razonables y suficientes elementos de prueba que permiten imputar a Chávez Chino por haber dispuesto la contratación directa de personas vinculadas a su entorno personal y político en diversas entidades públicas.
El documento detalla que estas contrataciones se habrían realizado durante su gestión como congresista y ministra de Trabajo, alcanzando a instituciones como EsSalud, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), además de su propio despacho parlamentario.
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Este pronunciamiento legislativo se suma a las medidas judiciales en curso. El pasado 13 de septiembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso diez meses de impedimento de salida del país a Chávez, dentro del proceso seguido por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
El Ministerio Público le atribuye presunta participación en la coordinación y difusión del mensaje presidencial que anunció la disolución del Congreso, configurando el delito de rebelión.
La Fiscalía ha señalado que la acusación ya superó el estándar de sospecha suficiente, y fundamentó el peligro de fuga en reportes de geolocalización que la ubicarían con dirección a la Embajada de México tras el anuncio del expresidente Pedro Castillo. A ello se sumó la falta de arraigo acreditado por parte de la defensa.
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