Asociación de jueces rechazan declaraciones de Fernando Rospigliosi porque «buscan desacreditar al Poder Judicial»

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) rechazó las declaraciones del congresista Fernando Rospigliosi en CADE Ejecutivos 2025, quien afirmó que el sistema de justicia «persigue a policías y militares y libera delincuentes y terroristas».

El gremio judicial advirtió que estos mensajes vulneran la independencia judicial y la separación de poderes, respaldó el pronunciamiento de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y alertó sobre el uso del proceso penal y discursos populistas para desacreditar y presionar a jueces y juezas bajo la etiqueta de una supuesta «reforma» del sistema de justicia.


JUSDEM

PRONUNCIAMIENTO N.º 20-CD-JUSDEM-2025

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia JUSDEM, en ejercicio de la facultad de expresarnos en defensa del Estado Constitucional de Derecho, ante las recientes declaraciones del congresista Fernando Rospigliosi en el foro CADE Ejecutivos 2025, expresamos lo siguiente:

– Lamentamos y rechazamos las expresiones recientemente vertidas por el congresista Fernando Rospigliosi, consistentes en que hay que limpiar el Sistema de Justicia porque se dedica a perseguir policias y militares y liberar a delincuentes y terroristas: pues, al provenir del máximo representante de uno de los poderes estatales, denotan un abierto propósito intervencionista hacia otro poder del Estado, recurriéndose para ello, a la tergiversación de la realidad, a costa de la denigración de la Judicatura.

– Advertimos, en ese sentido, que tales expresiones, no solo erosionan el principio de corrección funcional entre órganos del Estado, sino, el principio de separación de poderes, por lo que consecuentemente, configuran inobservancia al orden democrático que consagra la Constitución..

– Expresamos nuestro respaldo pleno al pronunciamiento de la Presidenta del Poder Judicial, la Dra. Janet Tello Gilardi, quien de manera clara y oportuna. rechazó las expresiones descalificatorias contra la labor de jueces y juezas emitidas desde autoridades o espacios públicos, subrayando que dichas declaraciones dañan la institucionalidad y la percepción de la ciudadanía sobre la justicia imparcial.

– Alertamos, en ese mismo orden, la utilización de otros procesos, especialmente el penal, para cuestionar decisiones adoptadas en el marco de procesos judiciales en curso, por constituir formas prohibidas de interferencia y de criminalización de la función jurisdiccional, con fines de obstaculización e intimidación. Tales prácticas constituyen una abierta contravención a la independencia judicial, consagrada en la Constitución como uno de los pilares del equilibrio democrático.

– Rechazamos cualquier discurso que, bajo la apariencia de una reforma del sistema de justicia, pretenda responsabilizar colectivamente a juezas y jueces por las deficiencias estructurales de la administración de justicia. Parte de dicha crisis radica precisamente en las normas aprobadas por el Congreso de la República que limitan y entorpecen la labor de jueces, juezas y fiscales en la persecución de delitos y en la lucha contra el crimen organizado como las recientes modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio y a la Ley contra el Crimen Organizado, y que además ha promulgado leyes contrarias a los derechos humanos y a la Constitución, como la denominada Ley de Amnistía

– La reforma del sistema de justicia es una demanda legítima y necesaria, pero debe emprenderse de manera seria, técnica y responsable, orientada a garantizar una mejor administración de justicia al servicio de los derechos y la democracia. No puede sustentarse en discursos populistas que buscan captar votos a costa de debilitar a la judicatura, ni en narrativas que reducen problemas estructurales a ataques personales contra juezas y jueces.

– Es fundamental que los debates sobre la reforma del sistema de justicia incluya la voz de la judicatura, la ciudadanía y organizaciones técnicas especializadas. asegurando que las medidas propuestas no vulneren la estabilidad institucional ni la seguridad juridica necesaria para el funcionamiento del Estado Constitucional de Derecho.

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia JUSDEM reafirma su compromiso con la defensa del Estado Constitucional de Derecho, la independencia del Poder Judicial y la preservación del orden democrático frente a toda forma de interferencia institucional.

Lima, 11 de noviembre de 2025


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