La relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, expresó «su preocupación por el nombramiento temporal por parte del presidente argentino, Javier Milei, de dos jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial, eludiendo el proceso de aprobación del Senado».
La especialista remarcó que, «al ignorar los procesos de nombramiento judicial establecidos en la Constitución y aclarados en la legislación», el Gobierno argentino «está evadiendo los controles y equilibrios legalmente establecidos»:
El nombramiento judicial, a través de un decreto presidencial, sienta un precedente peligroso al politizar las designaciones, erosionar la transparencia y limitar las vías de escrutinio y contestación pública.
La estabilidad en el cargo es fundamental para la protección de la independencia judicial, permitiendo a los jueces ejercer sus funciones sin la amenaza de perder su puesto si sus decisiones no complacen a otros poderes del gobierno. Los nombramientos temporales pueden erosionar esta garantía.
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Asimismo, remarcó que, con esta decisión, la Corte funcionará sin juezas. Una medida que, según Satterthwaite, significaría un «retroceso» y constituiría «una violación del principio de no regresión en relación con las normas de igualdad de género«.
Milei nombró por decreto a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Argentina quedó conformada por solo tres magistrados luego de la jubilación de dos de sus miembros. Ante este escenario, Milei postuló a los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo a los cargos vacantes.
La propuesta enviada al Senado, cámara encargada de esta designación, fue difundida por la Casa Rosada a través de un comunicado:
El presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros.
El 26 de febrero último, el gobierno argentino publicó el decreto que oficializó las designaciones. Dos días después, García-Mansilla juramentó en el Palacio de Tribunales ante la supervisión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
No obstante, la Corte rechazó la licencia solicitada por Lijo a su cargo como juez titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal. Por ello, el magistrado tendría que renunciar para acceder su puesto en el alto tribunal.
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