Dos iniciativas parlamentarias fueron impulsadas respecto a la permanencia de José Jerí Oré en la Presidencia del Congreso y en la Presidencia de la República. Los documentos corresponden a una moción de censura y a una moción de vacancia por la causal de incapacidad moral permanente.
En el primer documento, Sigrid Bazán solicita la censura del presidente del Congreso, sustentada en el artículo 68 del Reglamento del Congreso, que regula las mociones de orden del día y los pedidos de censura a la Mesa Directiva. En la moción se señala:
Que, bajo la conducción del actual Presidente del Congreso, encargado de la Presidencia de la República, no se ha logrado adoptar las medidas necesarias y urgentes para frenar el desborde de la delincuencia y el crimen organizado que viene enlutando a miles de hogares en nuestro pais, manteniendo la lacerante realidad que se manifiesta en el crecimiento de las extorsiones y otros delitos que atentan contra la vida, la integridad y la paz de la población nacional.
Según se expone en la moción, se registró una reunión entre José Jerí Oré y un empresario, realizadas fuera de Palacio de Gobierno y en horario nocturno; de acuerdo con un reportaje de Punto Final, el 26 de diciembre ingresó a las 10:18 p. m. a un chifa ubicado en San Borja, utilizando el vehículo presidencial, acompañado por quien posteriormente fue identificado como el ministro del Interior. En el mismo documento se señala que el propietario del establecimiento sería gerente general de una empresa hidroeléctrica con concesión en Apurímac y de otras dos compañías vinculadas al sector construcción, las cuales comparten el mismo domicilio fiscal.
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Mientras que, en un segundo documento, Segundo Montalvo formuló una moción de orden del día para declarar la vacancia de la Presidencia de la República por la causal de permanente incapacidad moral, prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. El texto precisa:
Que, la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente es una herramienta constitucional legitima que proviene del sistema de equilibrio de poderes que es parte fundamental del régimen democrático. Comprende un mecanismo útil para acabar con una situación insostenible de desconfianza e ilegitimidad que debilita categoricamente la institución presidencial y, con ello, el sistema de representación de los intereses nacionales.
Esta segunda moción sostiene que la vacancia presidencial es un mecanismo constitucional de control político y cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que define la incapacidad moral permanente como una modalidad de juicio político que debe evaluarse dentro de parámetros de razonabilidad y debido proceso. En ese marco, el documento concluye solicitando que el Congreso declare la permanente incapacidad moral de José Jerí Oré y, en consecuencia, la vacancia del cargo y la aplicación de las reglas de sucesión presidencial establecidas en el artículo 115 de la Constitución.
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La congresista Ruth Luque presentó una tercera moción de censura contra Jerí Oré, en su condición de presidente de la Mesa Directiva del Congreso y presidente de la República por sucesión constitucional, al amparo del literal d) del artículo 68 del Reglamento del Congreso. El documento solicita que el Pleno adopte un acuerdo de censura en ejercicio del control político sobre los miembros de la Mesa Directiva.
La moción recuerda que, tras la vacancia de Dina Boluarte Zegarra por incapacidad moral permanente aprobada el 10 de octubre de 2025, José Jerí Oré asumió la Presiden conforme al artículo 115 de la Constitución. Asimismo, se señala:
Que, al respecto, el señor Jeri Oré asumió la Presidencia de la República con graves cuestionamientos eticos, morales y legales: i) Una investigacion fiscal por presunta violacion sexual que fue archivado de modo polémico arguyendo como prueba que tenia pareja; ii) desacato a una orden judicial de tratamiento sicologico por impulsividad y conducta sexual patológica; iii) investigacion fiscal por enriquecimiento ilicito debido al incremento desmedido de su patrimonio; iv) investigación fiscal por el caso La Fiscal y su Cupula del Poder; y, v) acusaciones de corrupcion en la Comision de Presupuesto por presuntos sobornos a cambio de la inclusion de proyectos presupuestados.
