El derecho procesal constitucional es una de las áreas más sensibles dentro de la formación jurídica, pues garantiza la protección efectiva de los derechos fundamentales a través de procesos como el hábeas corpus, el amparo, el hábeas data y la acción de inconstitucionalidad. Su conocimiento resulta imprescindible para los postulantes al notariado, ya que el notario debe actuar siempre bajo el marco de la Constitución y con pleno respeto a los derechos fundamentales.
Con este fin hemos reunido 10 preguntas auténticas de exámenes anteriores en materia procesal constitucional. No se trata de simples ejercicios teóricos, sino de interrogantes que reproducen el rigor, la lógica y el nivel de análisis con que se formulan las evaluaciones oficiales.
Este material ofrece a los postulantes la posibilidad de evaluar su preparación real, identificar fortalezas y detectar áreas que requieren refuerzo. Resolver estas preguntas es un entrenamiento estratégico que aporta confianza, disciplina y solidez en el camino hacia la función notarial.
Estas y otras interrogantes serán desarrolladas en nuestro Curso de preparación para el examen de acceso a la función notarial, dictado por especialistas en derecho notarial, registral y constitucional. Matricularse significa acceder no solo a un banco de preguntas tomadas de exámenes anteriores, sino también a un proceso integral de formación diseñado para marcar la diferencia en la preparación de cada postulante.
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1. En el marco del derecho de rectificación reconocido por la Constitución y el Código Procesal Constitucional, señale la alternativa correcta:
A. El afectado puede exigir que el medio de comunicación rectifique gratuitamente las informaciones inexactas o agraviantes
B. El derecho de rectificación procede únicamente respecto a medios impresos
C. La rectificación solo procede por informaciones falsas difundidas en radio y televisión
D. El afectado solo puede exigir la rectificación si interpone demanda judicial previa
2. El artículo 142 de la Constitución establece que no son revisables en sede jurisdiccional las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y las de la Junta Nacional de Justicia en materia de evaluación y ratificación de jueces. ¿Cuál es la interpretación correcta?
A. Ninguna resolución del JNE ni de la JNJ puede ser revisada en sede judicial
B. La prohibición es absoluta y alcanza a cualquier materia resuelta por el JNE y la JNJ
C. La prohibición solo alcanza a las materias expresamente indicadas en el artículo 142
D. Las resoluciones del JNE y de la JNJ siempre pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional
3. El bloque de convencionalidad, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comprende:
A. Únicamente la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú
B. La Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
C. La Constitución, los tratados internacionales de cualquier naturaleza y las resoluciones administrativas
D. Únicamente los tratados internacionales ratificados por el Congreso
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4. Respecto a la eficacia de los reglamentos como garantía constitucional, señale la alternativa correcta:
A. Los reglamentos no pueden ser objeto de control constitucional.
B. La acción popular es la vía idónea para cuestionar los reglamentos que contravengan la Constitución o la ley.
C. El control difuso no procede respecto de reglamentos.
D. Los reglamentos sólo pueden ser cuestionados por la vía de la acción de inconstitucionalidad.
5. En relación con el derecho de acceso a la información pública, señale la alternativa correcta:
A. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la información pública se ejerce únicamente a través de la acción de amparo.
B. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental autónomo protegido por el hábeas data.
C. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la información pública sólo puede ejercerse a través de la acción de cumplimiento.
D. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la información pública no tiene rango constitucional.
6. En relación con la expropiación, señale la alternativa correcta:
A. La expropiación puede efectuarse sin ley expresa que la autorice, siempre que exista causa justificada de necesidad pública.
B. La expropiación requiere ley expresa que la autorice y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada.
C. La expropiación procede mediante decreto supremo con fuerza de ley.
D. La expropiación puede efectuarse sin pago de indemnización.
7. Es una garantía constitucional que también persigue la eficacia de los reglamentos:
A. La acción de inconstitucionalidad.
B. La acción de cumplimiento.
C. La acción popular.
D. El proceso de competencia.
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8. El Pleno del Congreso se dispone a nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero un dia anterior a la votación se dicta una medida cautelar que admite una demanda de amparo y declara detener el proceso de nombramiento. El Congreso continúa con la sesión y decide votar por los candidatos seleccionados; horas más tarde, el Ministerio Público interviene en el pleno con la finalidad de preparar una acusación contra los congresistas que incumplieron con el mandato judicial. ¿Es procedente una acusación fiscal a los congresistas?
A. No es posible. Los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.
B. Si cabe el procesamiento de congresistas por la comisión de delitos comunes imputados durante el ejercicio de su mandato. Es competencia de la Corte Suprema de Justicia.
C. Si es posible porque las resoluciones judiciales deben ser acatadas por cualquier autoridad funcionario y persona.
D. No es posible. La reforma constitucional aprobada por la Ley Nro. 31118 elimina la inmunidad parlamentaria
9. José ha solicitado a la Municipalidad de Piura que se le proporcione una relación de todos los procesos laborales, previsionales, civiles, penales, constitucionales, contencioso-administrativo iniciados por la referida Municipalidad, clasificados en procesos en trámite y culminados, en procesos ganados y perdidos; así como la relación de los distintos procesos en los que la Municipalidad haya sido demandada o denunciada, con la separación de los procesos en trámite y finalizados, así como los procesos ganados y los perdidos. La información solicitada abarca el periodo de 1 de enero de 2010 al 19 de julio de 2023; “con la respectiva supresión de la información de carácter privado y que solo se le remita la información de carácter público”. La Municipalidad referida no ha entregado la información solicitada argumentando que el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala “tampoco permite que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean”. Marque la afirmación correcta:
A. La negativa en la entrega de la información solicitada no vulnera el derecho de acceso a la información pública porque esa misma información está a disposición libre y gratuita de los administrados en la Web del Poder Judicial y del Ministerio Público.
B. La negativa en la entrega de la información solicitada no vulnera el derecho de acceso a la información pública porque la información solicitada no tiene relevancia pública decisiva para el ejercicio razonable del poder público, que en definitiva es lo que se persigue con el derecho de acceso a información pública.
C. La negativa en la entrega de la información solicitada no vulnera el derecho de acceso a la información pública porque la solicitud implica la creación o elaboración del listado solicitado en distintos apartados, y también implica la evaluación y análisis de información, como, por ejemplo, la que separa la información privada de la pública.
D. La negativa en la entrega de la información solicitada no vulnera el derecho de acceso a la información pública porque su identificación, procesamiento y ordenación supone un alto costo para la dependencia administrativa municipal, por lo que la negativa en la entrega está justificada.
10. Azanca Meza García es una persona enferma de VIH/SIDA y de cáncer de tiroides, y de muy escasos recursos económicos. Ella ha solicitado al Ministerio de salud atención médica integral, que consiste en a) la provisión constante de medicamentos necesarios para el tratamiento del VIH/SIDA, y b) la realización de exámenes periódicos, así como las pruebas de CD4 y carga viral, ambos a solicitud del médico tratante y/o cuando la necesidad de urgencia lo requiera. El Ministerio de Salud le ha negado el tratamiento solicitado porque el derecho a la salud es un derecho programático que, en virtud de la Undécima disposición final y transitoria, se aplica progresivamente. Consecuentemente:
A. Acierta el Ministerio de salud, porque el derecho a la salud se aplica progresivamente, según el Estado cuente con los recursos económicos exigidos. Por lo que quien decide si se encuentra en condiciones de entregar un tratamiento u otro es el propio Estado, en este caso, a través del Ministerio de salud.
B. Acierta el Ministerio de salud porque en realidad los derechos sociales solo de modo impropio son derechos fundamentales, por lo que no son exigibles ni judicializable su incumplimiento.
C. El Ministerio de salud ha vulnerado el derecho a la salud de Azanca Meza debido a que el derecho fundamental a la salud exige el cumplimiento de prestaciones mínimas o esenciales que aseguren el derecho a la vida ante situaciones de riesgo de muerte.
D. El Ministerio a la salud ha vulnerado el derecho a la salud de Azanca Meza debido a que los derechos sociales dan derecho a toda prestación cualquiera que sea, con la única condición que sea idónea para conseguir la satisfacción de necesidades sociales de las personas a fin de mejorar su calidad de vida.
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