La aparición de tres vídeos donde se ven actos de tortura y amenaza por deudas ha remecido el vecino país de Bolivia. Los protagonistas son el abogado Jhasmani Ramiro Torrico Leclere y sus colaboradores, que mediante golpes, insultos y extorsión obligaban a pagar deudas a litigantes en presencia de sus acreedores. Estos vídeos fueron registrados en la región central de Cochabamba, y el caso podría comprometer a jueces de la ciudad, según señaló Carlos Romero, ministro del Interior.
El material fue difundido por el periódico Los Tiempos de Cochabamba. En el primer vídeo, se ve al abogado golpeando y amenazando de muerte a una persona que debía la suma de mil setecientos dólares. El abogado le aseguró que lo matarían si no entregaba el dinero a fin de mes, con un interés agregado de trescientos dólares por presuntos «daños y perjuicios». «Acá hay dos formas de arreglar las cosas, o le pagas lo que le debes, ¡o te mueres!», se ve afirmando a Torrico en el vídeo.
En el segundo vídeo se muestra al abogado nuevamente ejerciendo violencia física contra otra persona, rodeado de sus colaboradores. Mientras el deudor es amenazado de muerte, le preguntan a Torrico si deben proceder con llevarlo a un baño para recibir un tipo de gas, escuchándose las súplicas de la víctima para que detengan la agresión. El fiscal departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, declaró que ya están analizando el material fílmico.
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Actualmente, Torrico Leclere se encuentra en el penal de El Abra (Cochabamba), después que se dictara detención preventiva en su contra en octubre del año pasado. El Ministerio Público lo investiga por los delitos de secuestro, extorsión, lesiones graves, amenazas y organización criminal, tras las denuncias de Juan Antonio Cuéllar y su padrastro. Sin embargo, las víctimas de los vídeos aún no han sido identificadas.
El caso que lo llevó a la cárcel tuvo su origen el 16 de marzo del 2018, tras la denuncia del mecánico Juan Antonio Cuéllar. Este afirmó que un abogado del consorcio jurídico de Torrico llegó en un taxi a su taller, solicitando ayuda para su auto que se encontraba varado en otro lugar. En el trayecto, el mecánico fue golpeado para obligarle a pagar una supuesta deuda. Cuéllar ocupaba la casa de un familiar del abogado en anticrético. Aquella vez le forzaron a firmar la devolución de unos 20 mil dólares que nunca le entregaron.
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Por su parte, el ministro de Justicia boliviano, Héctor Arce, dijo que existiría una red de protección que habría asegurado la impunidad del abogado hasta el pasado año. Anticipó que se iniciarán procesos contra todos los involucrados en el caso y lograr su captura.
