En una reciente entrevista para LP Pasión por el Derecho, el Dr. Gonzalo Girón Román presentó su obra titulada Gobernabilidad y demanda ciudadana en las Prefecturas del Perú (2022-2023). El autor, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la UNMSM y experto en Gobierno Interior, explicó que su investigación surge de la necesidad de revalorizar el rol de las autoridades políticas en el país, tales como prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores.
La obra tiene su origen en una tesis doctoral que fue recomendada para su publicación debido a su aporte académico y jurídico. Girón Román vuelca en este texto su experiencia laboral en el Ministerio del Interior, donde desempeña funciones relacionadas con los órganos desconcentrados, con el fin de proponer una reforma estructural que fortalezca la presencia del Estado en el territorio nacional.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la crítica a la situación normativa actual de estas instituciones. Según el autor, las prefecturas perdieron su categoría constitucional en la Constitución de 1979 y actualmente se rigen bajo normas de bajo rango jerárquico, como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del sector Interior, lo cual limita su capacidad de articulación y visibilidad ante la ciudadanía.
La propuesta principal del Dr. Girón consiste en reincorporar a la prefectura a nivel constitucional y que estas autoridades pasen a depender directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El objetivo jurídico y político es crear un engranaje eficiente entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en cada circunscripción, eliminando las actuales trabas burocráticas que dilatan la atención de las demandas sociales.
Actualmente, las prefecturas cumplen funciones fundamentales como el otorgamiento de garantías personales en conflictos interpersonales y garantías de orden público para espectáculos y movilizaciones. No obstante, el especialista argumenta que su rol va más allá de lo administrativo, pues actúan como los representantes directos del presidente de la República en los distritos y anexos más alejados del país.
Girón destacó que las autoridades políticas funcionan como un canal de información vital, similar a la figura histórica del «Tucuy Ricuy», detectando necesidades de infraestructura y canalizando programas sociales como kits de abrigo o vales FISE. Además, tienen una participación activa en los comités de seguridad ciudadana (Codisec, Coprosec y Coresec) y en la prevención de conflictos sociales a través de los COPREGESCON.
Respecto a las críticas sobre una posible duplicidad de funciones con las municipalidades, el autor aclaró que no existe una colisión competencial. Sostuvo que, mientras el gobierno local gestiona la administración municipal, el prefecto es el veedor de los intereses del Ejecutivo y el primer detector de problemas que requieren intervención de los ministerios, facilitando la gobernabilidad.
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La entrevista también abordó la importancia de la presencia estatal bajo la teoría de las ventanas rotas, señalando que la ausencia de autoridades políticas genera una sensación de abandono que propicia la informalidad. Para el Dr. Girón, la desaparición de la Onagi fue un error técnico que debilitó el control preventivo del Estado en actividades como las promociones comerciales y sorteos a nivel nacional.
En términos presupuestales, se resaltó que el sostenimiento de la red de prefecturas demanda aproximadamente 90 millones de soles anuales. Girón comparó esta cifra con el costo de otras reformas institucionales, como el retorno a la bicameralidad parlamentaria, señalando que su propuesta es una opción costo-eficiente para asegurar que la demanda ciudadana se traduzca en políticas públicas reales.
Finalmente, el autor subrayó la legitimidad social de los tenientes gobernadores, quienes suelen ser elegidos por sus propias comunidades mediante usos y costumbres antes de su formalización administrativa. Concluyó que elevar estas figuras al rango constitucional garantizaría un canal directo de comunicación entre el poblador más alejado y el despacho presidencial, fortaleciendo el Estado de derecho.
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