Tutela de derechos: ¿la defensa puede solicitar copia de los vídeos de las declaraciones realizadas vía cooperación judicial internacional? [Expediente 00003-2017-86]

Jurisprudencia compartida por el colega Frank C. Valle Odar.

1536

Fundamento destacado: SÉPTIMO: En ese sentido, el representante del Ministerio Público sostiene que el artículo 84 del CPP no concede el derecho irrestricto a obtener copias de los actuados, pues en virtud a los tratados internacionales y a la normativa detallada, existirían limitaciones a que se pueda divulgar información o prueba obtenida vía asistencia judicial. Sobre el particular, conforme se tiene subrayado en el considerando precedente, todos estos artículos, efectivamente, limitan o prohíben a que la Parte requirente transmita, utilice o divulgue la información o pruebas obtenidas en aplicación de la asistencia judicial para procesos, propósitos o fines distintos a lo solicitado. Para este Colegiado Superior debe interpretarse que la prohibición es para aquellos supuestos en los que exista otra finalidad para su utilización a lo motivado en la solicitud de asistencia judicial, entiéndase en el presente caso para fines de recabar medios de prueba. Dicho esto, no existe en la normatividad citada alguna prohibición expresa que limite a la defensa de un investigado [sujeto procesal] a que pueda obtener copia de los videos y/o audios de las declaraciones testimoniales −vía asistencia judicial− las mimas que se dieron en diligencias de declaración testimonial en diferentes fechas, con participación de los sujetos procesales, incluso con presencia de los abogados de los investigados Jorge Danos Ordóñez, Ana Sofía Reyna Palacios y el Estudio Echecopar. 

DÉCIMO SEGUNDO: En suma, de la revisión de la recurrida se advierte que no existe vulneración al principio del debido proceso en su vertiente de legalidad procesal como lo sostiene el recurrente, pues como se tiene expresado ut supra, no existe limitación legal en cuanto a lo solicitado por la defensa de los investigados Jorge Danos Ordóñez, Ana Sofía Reyna Palacios y el Estudio Echecopar, de obtener copias de los videos y/o audios de las declaraciones testimoniales de los ciudadanos brasileros Marcelo Odebrecht, Olivio Rodríguez Junior, Nelson Vieira Bulhoes, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Edson Nogueira Lemos y Luiz Mameri, para los fines que competen estrictamente a una adecuada defensa en el proceso penal que se sigue a los solicitantes. En consecuencia, al haberse emitido de acuerdo a los parámetros mínimos que orienta el debido proceso debe confirmarse la resolución venida en grado.


PODER JUDICIAL
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada

TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL

Expediente: 00003-2017-86-5001-JR-PE-02
Jueces superiores: Salinas Siccha/Enriquez Sumerinde/Magallanes Rodriguez
Ministerio Público: Fiscalia Superior Coordinadora del Equipo Especial
Investigados: Ana Sofia Reyna Palacios y otros
Delitos: Colusión agravada
Agraviado: El Estado
Especialista judicial: Roxana Ventura Carhuatanta
Materia: Apelación de auto sobre tutela de derechos

Resolución N.»5

Lima, cinco de diciembre de dos mil veintidós

AUTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la Resolución N.»3 de fecha treinta y uno de agosto de 2022, que resolvió declarar fundada la solicitud de tutela de derechos formulada por la defensa de Jorge Danos Ordóñez, Ana Sofia Reyna Palacios y el Estudio Echecopar, disponiendo a la Fiscalía que entregue a la defensa copia de los videos y audios de las declaraciones testimoniales de Marcelo Odebrecht y otros. Lo anterior en la investigación preparatoria que se sigue a la investigada Ana Sofía Reyna Palacios y otros por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Interviene como ponente el Juez Superior SALINAS SICCHA, Y ATENDIENDO:

ANTECEDENTES

1.1 El presente incidente tiene su origen en el pedido de tutela de derechos formulado por la defensa técnica de Jorge Danos Ordóñez, Ana Sofia Reyna Palacios y el Estudio Echecopar presentado el once de agosto de 2022. Este pedido fue resuelto por resolución que resolvió declarar fundada la solicitud de tutela de derechos formulada por la defensa técnica de Jorge Danos Ordóñez, Ana Sofia Reyna Palacios y el Estudio Echecopar y, en Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada recurrente, o en su caso, no lo vulnera como lo sostiene la defensa técnica de los investigados.

VI. FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

PRIMERO: Una vez delimitado los puntos en cuestionamiento, el Colegiado Superior solo se pronunciará respecto de estos extremos. Con relación a las facultades de investigación que tiene el Ministerio Público, está plenamente aceptado en nuestro sistema procesal penal acusatorio que el Ministerio Público conduce, desde su inicio, la investigación del delito. Así está establecido en el inciso 4, del artículo 159, de la Constitución Politica.

Conforme a ello, se entiende que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública y, por tanto, de la investigación del delito; cuyos resultados, como es evidente, determinarán si los fiscales promueven o no la acción penal por medio del requerimiento de acusación. A su vez, esta disposición constitucional ha sido plasmada y desarrollada en el articulo IV, del Titulo Preliminar, del CPP. Siendo este lineamiento rector el que establece con mayor claridad, entre otras prerrogativas, que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y el que asume la investigación del delito desde su inicio. En ese sentido, la única parte procesal autorizada para realizar actos de investigación, así como reunir elementos de convicción de cargo y de descargo de la acción penal o de la acción civil cuando corresponda es el representante del Ministerio Público, conforme lo establece el articulo 337, incisos 1 y 4, del CPP2. Es así como, los intervinientes en una investigación deben recurrir ante el representante del Ministerio Público para solicitar la realización de actos de investigación que consideren pertinentes en defensa de sus pretensiones.

La actividad recursive en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios el de Imitación, también conocido como «tantum apellotum quantum devolutum, sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el organo revisor, al resolver la impugración, debe resolver conforme a las pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso.

El art. 337», en sus incisos 1 y 4, establece que «1.- El fiscal realiza les diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles, dentro de los mites de la Ley. 4. Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar el fiscal todos aquellos diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos»

SEGUNDO: Por otro lado, si bien los actos de investigación realizados por el Ministerio Público revisten de amparo legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la persecución de delito, ello no implica que sean inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad. De modo que, la investigación penal no puede hacerse de cualquier forma.

La investigación, para ser debida, debe realizarse respetando los derechos y garantías de todos los implicados en la investigación, con el fin de evitar que llegue a ser objeto de cuestionamiento por indebida, abusiva o arbitraria. El Tribunal Constitucional ha destacado que el debido proceso también puede ser afectado por los representantes del Ministerio Público, en la medida en que la garantía de este derecho fundamental no ha de ser únicamente entendida como propia o exclusiva de los trámites jurisdiccionales, sino que también frente a aquellos supuestos prejurisdiccionales, es decir, en aquellos casos cuya dirección compete al Ministerio Público, para evitar cualquier acto de arbitrariedad que vulnere o amenace la libertad individual o sus derechos conexos». Es obvio que en nuestro sistema procesal penal se encuentra proscrita la arbitrariedad en las actuaciones fiscales y jurisdiccionales.

TERCERO: En esa linea, si el investigado y su defensa llegan a la conclusión que el titular de la acción penal al realizar su función de investigación del delito, lo hace afectando o limitando en forma arbitraria sus derechos y garantias, pueden recurrir al juez de la investigación preparatoria via tutela de derechos, tal como está previsto en el artículo 71.4 del CPP. La finalidad de este mecanismo es que se subsane la omisión o se dicte la medida de corrección o de protección que corresponda.

La tutela de derechos se convierte, de esta forma, en un instrumento idóneo para salvaguardar las garantias de los investigados y regular las posibles desigualdades entre el persecutor del delito y el Wase el fundamento 16 del Acuerdo Plenario N.»4-2010-CJ-116.

«Criterio asumido en la sentencia del Tribunal Constitucional N. 01887-2010-PHC/TC, del 24 de setembre de 2010 (caso Mejia Valenzuela). Yasumido, incluso, en los procedentes recaidos en las STC N. 1268-2001- PHC/TC y 1762-2007-PHC/TC)

Según el Acuerdo Menario N. 4-2010/C-116, la acción de tutela de derechos se constituye como una garantia de especial relevancia procesal penal, cuya finalidad es la protección y efectividad de los derechos fundamentales del imputado. Esta garantia faculta al juez de la investigación preparatoria para que seja en un juez de garantias que pueda emitir las resoluciones judiciales corrigiendo los desafueros cometidos por la Policia o los fiscales, y que, a su vez, protejan al afectado

[Continúa…]

Descargue en PDF el documento completo

Comentarios: