El Decreto Legislativo núm. 1342, que, entre otras cosas, manda que los operadores del sistema de justicia eviten utilizar términos en latín en sus actos o resoluciones, publicado en el diario oficial El Peruano, ha fomentado un sano debate que ha puesto sobre el tapete la relación de los ciudadanos con el lenguaje que utilizan sus jueces. Así, para seguir con el tema, el profesor José Calvo, comparte en Legis.pe algunas observaciones que bien deberíamos atender.

Todo en su justa medida.

1) La ‘transparencia y el acceso de la ciudadanía a las decisiones jurisdiccionales’ tiene poco que ver con el empleo de expresiones latinas, o de cualquier otro idioma.

2) El contexto de las pretensiones, a veces llamadas reivindicaciones -esta expresión de origen jurídico procesal romano, es habitualmente mal empleada- del plain language es, como parece idiomáticamente difícil de inferir, netamente anglosajosa.

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3) Las decisiones jurisdiccionales han de ser respuestas técnicas. Las decisiones clínicas lo son también, ¿habremos de solicitar al doctor en medicina que hable con sus colegas de profesión de un modo que entiendan los pacientes?

4) El asunto es de ‘traducción’, y ésta tiene recorridos diferentes; comienza porque el abogado ‘traduce’ a términos técnico-jurídicos la pretensión de su cliente, el tribunal, seguidamente, responde en iguales términos y, por último, el abogado ‘traduce’ a su cliente la respuesta en términos cuya comprensión haga posible la comunicación de aquélla.

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5) El problema no es de lenguaje ‘arcaico’ o ‘común (supuestamente el del derecho no fuera un lenguaje común o natural, que lo es, a excepción de algunas convenciones técnicas), sino de sintaxis cultural. El ciudadano medio seguirá careciendo de esa sintaxis, aunque le simplifiquen terminología latina.

6) Proscribir la ‘elegancia’ (elegantia iuris) no eliminará la ignorancia (ignorantia iuris).

7) Parece llamativo que en esta cuestión de o sobre el lenguaje no se le haya dado la palabra a los lingüistas; y,

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8) [no quiero extenderme demasiado] Las iniciativas, y algunos proyectos, de ‘modernización del lenguaje jurídico’ no se refieren únicamente al lenguaje judicial. ¿Es que los legisladores y la Administración del Estado tienen acaso un lenguaje más accesible? Me da por creer que este debate sobre cómo hablan o escriben abogados y jueces es un signo de algo que tiene otro significado.

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© José Calvo