El Tribunal Constitucional (TC) evaluó este viernes 11 de octubre la demanda competencial presentada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial (PJ). Este último repuso en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a sus miembros Inés Tello y Aldo Vásquez luego que ambos fueran separados de dicho organismo por el Parlamento.
En la sesión participó el abogado Ernesto Blume, expresidente del TC, en representación del Poder Legislativo. El letrado afirmó que en fallos previos, la más alta autoridad encargada de la interpretación de la Carta Magna ya se ha manifestado y ha establecido la directriz interpretativa:
Anteriormente, el Congreso recurrió al TC vía proceso competencial reclamando porque el PJ menoscaba sus competencias, lo hizo en asuntos públicos, con el Defensor del Pueblo, entre otros.
Además, puntualizó que el organismo había explicado «el esquema constitucional actual en el país y cuáles eran las competencias exclusivas y excluyentes tanto del Congreso como del Poder Judicial (PJ)».
En ese contexto, durante su exposición inicial, agregó que la entidad responsable de impartir justicia no puede transformarse «en una suerte de poder que gobierne y sustituya a todas las autoridades en los procesos constitucionales».
Finalmente, hizo un llamado en general para «controlar la institucionalidad en el país»:
Creemos que la única forma de ordenar el estado constitucional es poniendo las cosas en su sitio y poniendo en su sitio a un PJ que no entiende los mandatos del TC, le guste o no.
Por su lado, el abogado y representante del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi, subrayó que los jueces del país conservan facultades en distintos ámbitos, tal como lo establece la Constitución.
El juez tiene competencia y la constitución se lo reconoce. La constitución le permite conocer procesos dentro de las medidas cautelares que es una de las pretensiones que estamos viendo.
Añadió que el debido proceso «puede ser sujeto de protección a través de un proceso de amparo y esto está dentro de las obligaciones del Estado». Del mismo modo, afirmó que las sentencias anteriores del TC «no se ajustan a la situación que se está discutiendo».
En esa línea, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse criticó el planteamiento del abogado y señaló que «los precedentes son una forma que se utiliza en los procesos para poder generarlos, y los jueces están obligados a cumplir con esas normativas». En respuesta, el letrado indicó lo siguiente:
Las propias sentencias establecen un margen de interpretación para los jueces y poder conocer aquellas afectaciones a derechos fundamentales.
Finalmente, tras escuchar los argumentos de las partes, la presidenta Luz Pacheco comunicó que la votación de la causa se llevará a cabo en los próximos días.
