Suspenden procedimiento sancionador por existencia de proceso judicial sobre la misma materia [Resolución 553-2021-Sunafil/TFL]

1.2 Que, mediante Imputación de Cargos N° 116-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIAI, de fecha 28 de mayo de 2021, y notificado el 31 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del inciso 2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

1.3 De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 140-2021-SUNAFIL/SIAI/IRE-SMA, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 229-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-SMA, de fecha 19 de julio de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00 (Veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro con 00/100 soles), por haber incurrido, en:

– Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por haber incurrido en actos de hostilidad, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT, multa ascendente a S/ 11,572.00.

– Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información, requerida por el inspector comisionado, notificado el 20 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

1.4 Con fecha 03 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 229-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-SMA, argumentando lo

siguiente:

i. En la resolución apelada, se realiza una interpretación errónea y parcializada del artículo 30 de Ley de Productividad y Competitividad Laboral, toda vez que se pretende justificar el accionar de la trabajadora que no solicitó el cese de actos hostiles de manera previa a su carta de pre aviso de despido, de fecha 12 de abril de 2021, siendo que, los supuestos actos de hostilidad datan entre el 22 y 27 de marzo del 2021, por lo que, la trabajadora tuvo el tiempo necesario, razonable y prudencial para solicitar el cese de los actos de hostilidad en esas fechas, más aún si con anterioridad había denunciado otras supuestas infracciones, vulnerando así el principio de inmediatez; de igual manera, se hace hincapié de que no se ha negado en ningún momento la información solicitada por el inspector de trabajo, al contrario ha sido remitido según lo solicitado.

ii. Asimismo, de la normativa señalada, se tiene que el trabajador antes de accionar judicialmente, deberá emplazar por escrito a su empleador imputándole el acto de hostilidad y otorgándole un plazo razonable para que efectué su descargo y enmiende su conducta, lo cual no se ha dado en este caso, afectando el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que la trabajadora supuestamente afectada, fue quien no cumplió con el requisito de procedibilidad señalado en la norma.

iii. Por otro lado, deviene en errado lo señalado, en el considerando 34 de la resolución apelada, donde indica que se actuó en represalia hacia la trabajadora; cuando no fue así, además que la Sub Intendencia de Resolución no fundamenta dicha represalia, lo que denota parcialización a favor de la trabajadora, contraviniendo los principios de legalidad, verdad material y del debido procedimiento.

1.5 Mediante Resolución de Intendencia Regional N° 089-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 23 de agosto de 2021[2], la Intendencia Regional de San Martín declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 229-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-SMA, por considerar que:

i. Del extremo del artículo 30 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no señala algún plazo para denunciar los actos de hostilidad, sino, únicamente se refiere que, antes de accionar judicialmente, se debe emplazar por escrito al empleador para que un tiempo no menor a seis días enmiende su conducta o realice sus descargos, no obstante, conforme ha sido precisado por el Inspector en el numeral 4.18 del Acta de Infracción, las conductas desplegadas por el empleador contra la trabajadora Florcita del Pilar Ramírez García, encuadran muy bien en el artículo 30, de la norma en mención.

ii. Sumado a ello, se observa de los memorandos enviados a la trabajadora afectada, que datan de fechas cercanas a las actuaciones inspectivas correspondientes a la Orden de Inspección N° 277-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 19 de febrero de 2021, las que acabaron con la emisión del Acta de Infracción N° 064-2021-SUNAFIL/IRE-SMA de fecha 22 de marzo de 2021, a través de la cual se sancionó al administrado por incumplimiento de las obligaciones sociolaborales respecto a la trabajadora afectada.

iii. De tal manera, se observan acciones repetitivas y sistemáticas por parte del empleador que tenían la finalidad de menoscabar la dignidad de la trabajadora afectada y poner en riesgo su permanencia en el centro de labores, lo cual fue materializado en el despido de la trabajadora con fecha 12 de abril de 2021.

iv. Respecto a la supuesta parcialización a favor de la trabajadora afectada, se visualiza que la Sub Intendencia cumplió con valorar los elementos de cargo y descargo habidos en el presente procedimiento, siendo que, en caso a lo analizado emitió la resolución de sanción, no presenciándose alguna preferencia hacia la trabajadora afectada. Asimismo, el administrado no presenta ningún medio probatorio que fundamente lo aseverado, siendo que no basta mencionar o describir la existencia de vulneración a dichos principios, sino que estos sean acreditados fehacientemente.

v. En cuanto, al requisito de procedibilidad, está referido a que en caso la trabajadora afectada accione judicialmente, no obstante, se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo, es decir solo es aplicable en vía judicial.

vi. Por último, de acuerdo al numeral 4.6 del Acta de Infracción, el administrado incumplió con remitir la información solicitada con fecha 20 de abril de 2021, por lo que, conforme a lo señalado en el inciso e) del artículo 9 de la LGIT, el administrado tenía la obligación de dar cumplimiento a la solitud de información y documentación realizada por el Inspector comisionado para el desarrollo de sus funciones.

1.6 Con fecha 13 de setiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de San Martín el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia Regional N° 089-2021-SUNAFIL/IRE-SMA.

1.7 La Intendencia Regional de San Martín admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 430-2021- SUNAFIL/IRE-SMA, recibido el 16 de setiembre de 2021, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

II. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

2.1 Mediante el artículo 1 de la Ley N° 29981[3], se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

2.2 Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 29981[4], en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo[5] (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR[6], y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR[7] (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN

3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

3.2 Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

3.3 En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dic ha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

3.4 Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

[Continúa…]

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