La Municipalidad Metropolitana de Lima respondió, el último martes 5, a la solicitud de la exalcaldesa Susana Villarán de que le «brinde defensa legal institucional» en su proceso por presunta colusión agravada y negociación incompatible, por hechos ocurridos durante su gestión entre 2011 y 2014.
La carta, firmada por el jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos Raúl Fernández, señala que el requerimiento mixto elaborado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima se evidencia que los hechos imputados a Villarán son en su condición de presidenta del comité directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET).
La MML advierte que este organismo tiene «personería jurídica y autonomía administrativa, económica y técnica». Por lo tanto, concluyó que corresponde «encauzar» el pedido de la exalcaldesa al INVERMET, «como organismo competente, para el tramite que corresponda conforme a sus atribuciones».
Mediante un escrito presentado el 16 de julio de 2025, Villarán pidió que su solicitud sea evaluada al amparo del artículo 35, inciso i), de la Ley 30057 – Ley del Servicio Civil, y el artículo 154 del Decreto Supremo 040-2014-PCM. El documento señala lo siguiente:
Yo, Susana Del Carmen Villarán De La Puente, […] me dirijo a usted en mi calidad de exalcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y ex presidenta del Comité Directivo de INVERMET, con la finalidad de solicitar, al amparo del numeral i) del artículo 35 de la Ley 30057 y el artículo 154 del Decreto Supremo 040-2014-PCM, que se me brinde defensa legal institucional, conforme a las disposiciones vigentes, dado que he sido comprendida en calidad de imputada.
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En el documento dirigido a la MML, la exburgomaestre indicó que es imputada en el proceso penal 01691-2020-3-1826-JR-PE-02, actualmente en etapa intermedia ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El caso está vinculado a presuntas irregularidades en la obra de «Recuperación de la Plaza de la Bandera», específicamente en el otorgamiento de valorizaciones adicionales al Consorcio Villa. «Por hechos ocurridos durante mi gestión como alcaldesa y como presidenta del Comité Directivo de INVERMET», precisa.
Villarán también precisó que, aunque el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del caso, la Procuraduría Pública formuló oposición, motivo por el cual el proceso aún no concluyó. Como sustento de su pedido, adjuntó la notificación judicial correspondiente al requerimiento mixto emitido por la Fiscalía, así como la oposición presentada por la Procuraduría.
En cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente, la exautoridad edil acompañó su solicitud con el compromiso de reembolso y devolución, además de una propuesta de defensa legal.
A inicios de julio, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó impedimento de salida del país por 36 meses contra Susana Villarán, en el marco del proceso que se le sigue por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La medida fue dispuesta por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien rechazó además el pedido fiscal de prohibirle comunicarse con testigos y coacusados.
