Susana Castañeda Otsu propuso que jueces y fiscales sean removidos del cargo cuando, tras una segunda evaluación de desempeño, no acrediten mejoras ni cumplimiento adecuado de sus funciones. En entrevista para LP, la exjueza suprema planteó que este mecanismo permita fortalecer el servicio de justicia y reforzar la responsabilidad institucional.
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Castañeda Otsu, candidata al Senado por el partido País para Todos, señaló que uno de los problemas estructurales del sistema judicial es la alta presencia de magistrados provisionales y supernumerarios, situación que atribuyó a dificultades en los procesos de nombramiento. Indicó que, ante esas limitaciones, «muchas veces se tiene que tomar abogados que van a ir, pero que cada presidente de la Corte va a elegir».
En lo tocante al Ministerio Público, sostuvo que los nombramientos se encuentran excesivamente centralizados. Explicó que «no se permite que sean los fiscales que dirigen en ese distrito judicial los que puedan nombrar», ya que las decisiones se concentran en Lima, por lo que consideró necesario «desconcentrar el poder para que se pueda elegir también a otros elementos dentro de la Fiscalía».
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En cuanto a la formación, manifestó que los jueces deben recibir capacitación, pero planteó revisar el modelo actual. Señaló que la preparación podría desarrollarse en una academia de la magistratura distinta a la vigente o en una escuela de la judicatura, como el modelo español o como el modelo francés, con el objetivo de captar a los mejores postulantes.
Sobre la situación de quienes ya cuentan con nombramiento y estabilidad en el cargo, reconoció que existe inamovilidad, pero consideró que ello no excluye evaluaciones periódicas. Afirmó que «la evaluación del desempeño constante va a permitir» identificar casos en los que, tras una segunda oportunidad, no se haya alcanzado un nivel adecuado.
Sostuvo que, como ocurre en otros países, si jueces o fiscales «ya no rinden en la segunda oportunidad» y no cumplen correctamente sus funciones, corresponde su remoción. Indicó que esta medida contribuiría a que ambos cuerpos «consideren que estamos formando parte de instituciones que brindan un servicio importantísimo como es el servicio de justicia».
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