Un exsuperintendente de la Sunedu y diez exintegrantes del Consejo Directivo de la entidad continuarán bajo investigación, tras la formalización del caso por parte del Ministerio Público, por presuntas irregularidades en la denegatoria del licenciamiento a la Universidad Alas Peruanas (UAP).
El caso está a cargo de la Fiscalía Superior Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa de Santiago de Surco y Barranco. La investigación preparatoria alcanza a Oswaldo Zegarra, extitular de la entidad, y los exdirectivos Linda Cossío Labrín, Fressia Munarríz Infante, Víctor Peña Rodríguez, Waldo Mendoza Bellido, Aurelio Ochoa Alencastre, Luis Huicho Oriundo, Jorge González Castillo, Benjamín Marticorena Castillo, Víctor López Aquino y Renzo Fernández Escobar, según La República.
De acuerdo a la resolución fiscal, a los procesados se les atribuye manipular información financiera para denegar el licenciamiento a la UAP, lo que habría afectado tanto a la institución educativa como al Estado. Por ello, se imputan los presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica.
El caso está vinculado a la negativa que la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu emitió en 2022, bajo la dirección de Cossío Labrín, en la que argumentaba que las proyecciones financieras presentadas por la UAP no eran favorables, algo que fue refutado por la universidad.
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Ante la resolución de la Sunedu, la UAP apeló y encargó una auditoría internacional a una firma. El informe de esta auditoría concluyó que las proyecciones financieras de la universidad eran positivas, lo que contradecía directamente la evaluación de la Sunedu. A pesar de este hallazgo, la entidad educativa no revirtió la denegatoria, lo que, según la fiscalía, afectó a aproximadamente 250 mil estudiantes.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitó un informe pericial contable a la Policía Nacional, cuyo peritaje habría confirmado que las proyecciones financieras presentadas por la UAP eran positivas. Además, el informe reveló que la Sunedu habría manipulado las cifras para presentar una proyección financiera negativa y así justificar la denegatoria del licenciamiento.
El Ministerio Público sostiene que existen suficientes elementos que respaldan la existencia de los delitos imputados. En este contexto, según el medio citado, se subraya que la manipulación de las cifras fue intencional y con la clara intención de perjudicar a la universidad:
Sunedu habría manipulado información al señalar que las proyecciones financieras presentadas por la UAP no le permitían contar con una disposición financiera ni disponer de los recursos necesarios, (por lo que) los denunciados habrían alterado las proyecciones del flujo de caja operativo, llegando a una falsa conclusión con la aparente intención de perjudicar a la universidad.
