Sumario: 1. Introducción, 2. Desarrollo del tema, 3. Migración venezolana, 4. Delito de sicariato, 5. Grave inseguridad ciudadana, 6. ¿Qué se debe hacer?, 7. A modo de conclusión.
1. Introducción
Uno de los principales problemas que tenemos en el país, indudablemente es la inseguridad ciudadana, pues la delincuencia ha llegado a tocar fondo y al mes ocurren un promedio de 36 000 delitos y de acuerdo a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Policía Nacional, cerca de 50 personas son víctimas de la comisión de un delito cada hora.
Eso significa que en cada minuto, se estaría produciendo un hecho punible en el país, lo cual es altamente tóxico.
2. Desarrollo del tema
Existen arrebatos, raqueteos al paso, robo de celulares, carteristas, robo de autopartes, asaltos en las viviendas, en centros comerciales y atracos, en suma delitos contra el patrimonio en sus diversas modalidades.
César Ortiz Anderson Presidente de Aprosec[1], ha precisado que los raqueteros están en todos los ámbitos, en cualquier distrito, consciente que sus víctimas además tienen el temor a ser contagiados por el covid-19, situación que favorece su accionar.
Amén, de ello hay que agregarle los delitos de violencia contra las mujeres, violación sexual, extorsión, sicariato, usurpación de tierras, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, homicidios, lesiones graves, minería ilegal, tala ilegal de árboles, omisión a la asistencia familiar, entre otros diarios delitos.
Según se reporta la delincuencia crece de manera alarmante y nada parece detenerla y pese al esfuerzo que hacen algunas autoridades, el problema se incrementa, pues solo el año pasado, se reportaron en todo el territorio patrio un total de 422 010 denuncias en las comisarias por la comisión de diversos delitos.
3. Migración venezolana
Esta situación se agrava, con la migración venezolana diseminada a lo largo de nuestros país, esta también ha traído consigo aspectos positivos y negativos de su arribo al Perú.
Existe una población venezolana que ha venido a trabajar, a superarse y cristalizar su proyecto de vida personal, familiar y profesional, sin embargo, existe otro sector que esperamos sea el minúsculo, compuesto por varones y mujeres que se han dedicado a la prostitución, tráfico ilícito de drogas, sicariato, extorsión, trata de personas, explotación sexual, robo agravado con consecuencia de muerte, homicidios calificados y lavados de activos, en resumen puro crimen organizado.
Las cifras de la criminalidad, se han disparado en los últimos años, al parecer producto de la migración venezolana y consigo también han venido integrantes de presuntas organizaciones criminales como “El Tren de Aragua” y “Los Gatilleros de la Guaira” y “Los malditos relojeros”.
Como se recordará, antes de la pandemia el país amaneció con una macabra noticia, los medios de comunicación daban cuenta del asesinato y descuartizamiento del venezolano Rubén Matamoros Delgado y su amigo el peruano Jafet Caleb Torrico Jara, en el Hostal Señor de Sipán, en San Martín de Porres.
A ello debemos agregarle, que a diario se da cuenta de la detención de jóvenes de nacionalidad venezolana que ingresan a diversos establecimientos comerciales con arma de fuego en mano a bordo de una motocicleta y asaltan a comerciantes, transeúntes, estudiantes, profesionales y cuanta persona se les presenta, previo reglaje para cometer diversos hechos punibles que van desde delitos contra el patrimonio en la modalidad de hurto y robo agravado, homicidio, extorsión y sicariato.
4. Delito de sicariato
El art. 108-C del Código Penal, prescribe que el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral seis del artículo 36 y además la segunda parte establece la pena de cadena perpetua, cuando el hecho punible se realiza valiéndose de un menor o de un inimputable para ejecutar la conducta.
Además, sanciona con la máxima pena, cuando se da cumplimiento a la orden de una organización criminal, cuando las víctimas sean dos o más, cuando se utilicen armas de fuego y cuando las víctimas se encuentren comprendidas en los artículos 107, 108-A y 108-B, es decir de parricidio y feminicidio.
El sicario, es aquella persona que mata por encargo y durante los últimos años se han cometido muchos de estos delitos y cuyos agentes han recibido órdenes o acuerdos a cambio de un beneficio de carácter económico.
La jurisprudencia nacional[2], ha precisado que es una institución del derecho penal material que tiene como categoría jurídico -crimino-sociológica, el homicidio por lucro. Se denomina sicariato al que comete homicidio por precio, siendo una de las características de dicha conducta delictiva, la frialdad con que actúan al cometer delitos.
De ese modo, podemos coincidir que la doctrina legal precisa, que el “encargo” no es más que la acción de encargar, es decir encargar algo a alguien que en el caso de un homicidio, una persona quiere la muerte de otra y a efectos de no llevar a cabo la consumación encarga la ejecución a otra persona.
Cabe indicar, que el Dr. Alonso Peña Cabrera, se pregunta porque el propio mandante no ejecuta el crimen por sí mismo, teniendo la explicación: el temor, evitar riesgos directos, confiar en el éxito criminal del comisionado por tratarse de un avezado asesino, pánico a ser sorprendido in fraganti, preparar su coartada si se descubre al encomendado, entre otros; de manera que quién encarga el homicidio es quién lo ideó, esto es, el autor mediato o intelectual y siendo quién lo ejecuta el que materialmente mata a la víctima esto es, autor material o brazo ejecutor.
5. Grave inseguridad ciudadana
Dentro de este contexto y aunque parezca paradójico, en la últimas campañas políticas, los principales candidatos a la Presidencia de la República, a los Gobiernos Regional y Locales, su principal tema de campaña, no fue el incremento del empleo o la productividad, o el reordenamiento del tránsito vehicular o la solución al tema ambulatorio, el principal problema de campaña, fue precisamente la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, al cabo de algún tiempo de gobierno poco o nada se ha hecho, toda vez, que la lucha contra la delincuencia, aún no encuentra la fórmula para disminuirla, controlarla, acusarla y sancionarla ejemplarmente y sobre todo no existe un trabajo articulado en todas las esfera del Estado.
Uno de los problemas más graves que tiene el país, a parte de los grandes temas nacionales que se vienen discutiendo en la política nacional, indudablemente es el tema de la inseguridad ciudadana, pues nunca como antes los candidatos les dieron tanta prioridad en las campañas electorales y sin embargo una vez convertidos en autoridades, esta anómala situación ha pasado a un segundo plano y ello no debe ser así, pues todos los peruanos requerimos con urgencia la recuperación de la paz social y el respeto al ordenamiento jurídico penal.
Falta liderazgo, para emprender la lucha contra la delincuencia en todas sus modalidades, no solamente el trabajo debe ser la lucha contra la contra la corrupción, que ciertamente es un mal endémico y que hay que combatir, también se le debe dar la misma prioridad y firmeza para poder prevenir, investigar, juzgar y sancionar a la delincuencia ordinaria.
6. ¿Qué se debe hacer?
Para poder combatir este flagelo, tenemos que emplear la tecnología de punta y una de algunas alternativas, sería poner en funcionamiento a nivel nacional el botón de pánico, instalado por el Poder Judicial en algunos distritos judiciales, que permite que con un solo clip en el celular de la víctima que se encuentra en circunstancias de peligro, a causa de la comisión de cualquier delito, pueda ser inmediatamente auxiliada, por el Serenazgo y la Policía Nacional del sector.
Diario Uno, precisa que si bien Lima, concentra cerca del 50 % de la comisión de diversos delitos registrados y denunciados ante la Policía Nacional y Serenazgo, es una realidad que también se agrava en las principales capitales de departamento, como Trujillo, Lambayeque, Piura, Cuzco y Arequipa.
Otro dato importante, es el alto costo que tiene que asumir el Estado, para el mantenimiento de cerca de 65 establecimientos penitenciarios en el país, con una población carcelaria que bordea los 95 550 internos, que viene purgando carcelería por la comisión de diversos delitos, sea en calidad de procesados o sentenciados.
Es tan grave la ola delictiva que se vive en el país, que no se puede salir de nuestras viviendas un fin de semana o caminar por una sólida avenida, sin tener el temor de ser asaltados y que se atente contra nuestra integridad física.
7. A modo de conclusión
Urge replantear políticas de Estado, para controlar la ola delictiva y se debe prevenir, investigar, juzgar y sancionar con todo el peso de la ley contra aquellas personas que cometen delitos graves y que atentan contra la propia seguridad ciudadana.
Se tiene que articular con todos los sectores públicos y privados para dicho cometido, pues estamos comprometidos para luchar contra este grave flagelo y para ello también urge replantear políticas de Estado de igualdad de oportunidades y fomentar una verdadera política cultural, educativa, deportiva para nuestros jóvenes.
Se corre traslado.
[1] News Pica. Modalidad del raqueteo más vigente que nunca. www.picanews.pe/inde
[2]Recurso de Nulidad Nro. 2369 – 2012 – Lima
