El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Salvador Heresi, el último lunes 22, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
El caso está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. El recurso recoge el aparente hallazgo de un desbalance patrimonial en las cuentas bancarias de Heresi, lo que indica un presunto abuso de poder durante sus pasadas funciones como congresista, alcalde de San Miguel y ministro de Justicia.
Por tanto, el intervalo investigado será entre enero de 2003 y diciembre de 2018:
- Alcalde de San Miguel: 2003-2006 y 2007-2010.
- Congresista de la República: 2016-2018.
- Ministro de Justicia y Derechos Humanos: 2018.
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Contexto
En 2018, Panorama difundió un reportaje en el que se evidenciaría un antiguo despilfarro de fondos de la Municipalidad de San Miguel. Se trataba de una compra de toneladas de guano que, según la propia Contraloría, resultaba excesivo para la cantidad de áreas verdes del distrito.
En 2011, el órgano estatal había autorizado la compra de 748 638 toneladas de abono; en 2012, de 598 595. Sin embargo, nunca se precisó para qué áreas estaría destinada la excesiva cantidad.
¿El adiós?
El 27 de enero del 2020, Heresi anunció su distancia de la vida política con el partido Contigo (antes Peruanos por el Kambio) del cual formaba parte el funcionario hasta ese momento.
Sin embargo, en los años posteriores de su “alejamiento de la vida política” trabajó con otros grupos políticos como Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP).
Sus descargos
Ante la denuncia constitucional, el exministro de Justicia realizó sus descargos en un comunicado indicando que:
[El recurso corresponde] a una investigación reabierta ilegalmente por la investigada exfiscal Zoraida Ávalos en el 2019, en el contexto de mi gestión de congresista contrario al gobierno de [Martín] Vizcarra y al cierre inconstitucional del Congreso.
En el texto publicado en X (antes Twitter), sostuvo que la denuncia estaba “archivada desde el año 2011, por haberse descartado la existencia de un desbalance patrimonial”. Por ello, resaltó lo siguiente:
La denuncia ahora presentada no tiene sustento legal ni constitucional porque infringe el debido proceso al no respetar los principios de Cosa Decidida y al Nebis in Idem (ninguna persona puede ser investigada dos veces por los mismo hechos), vulnerando mis derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
El exparlamentario rechazó “categóricamente la probabilidad de la existencia de algún desbalance patrimonial no justificado”. Además, exhortó al Congreso a “actuar con objetividad” y considerar el archivamiento de la denuncia”.
