La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó el mandato de prisión preventiva por treinta meses contra la empresaria Sada Goray, investigada por el caso Fondo MiVivienda, y ordenó el cumplimiento de una comparecencia con restricciones.
El juez César San Martín se pronunció respecto al arraigo domiciliario y familiar de la investigada por presunta colusión, su posible pertenencia a una organización criminal y el potencial riesgo de fuga.
El tribunal sostuvo que lo dictaminado «es proporcional, pues los tres investigados tienen arraigo domiciliario, laboral y familiar, y no existen indicios en su contra que adviertan el peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación».
La decisión judicial no solo alcanza a Goray Chong. La misma medida fue impuesta contra los también investigados Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johanson. El grupo, además, no podrá salir del país por un plazo de 36 meses.
Este caso tiene como protagonistas las presuntas coimas millonarias que Goray, en once fechas, le habría entregado a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y hombre de confianza del exmandatario Pedro Castillo.
Este funcionario, según la tesis fiscal, habría sido el vínculo —entre el entonces jefe de Gobierno y los empresarios— para la ejecución de obras a cambio de sobornos.
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