Este martes 21, la congresista Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular) presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro de Energía y Minas (MIMEN), Jorge Luis Montero Cornejo, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
La acción se interpuso por presuntas infracciones constitucionales tras la emisión del Reglamento de la Ley 32213, publicado el 18 de mayo de 2025. Según la denuncia, el reglamento aprobado por el Ejecutivo introduce una disposición no contemplada en la ley: la posibilidad de transferir la titularidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por sucesión hereditaria en caso de fallecimiento del titular.
Esta figura, denominada informalmente como «Reinfo hereditario», no se encuentra prevista en la Ley 32213 y, de acuerdo con la parlamentaria, vulnera el principio de reserva de ley al extender el ámbito normativo sin habilitación expresa del Congreso.
Luque Ibarra sostuvo, a través de una publicación en su cuenta de X, que dicha modificación «profundiza y prolonga la informalidad en el ámbito minero, situación que cobra vidas y afecta gravemente el medio ambiente».
La denuncia señala que Dina Boluarte, en su calidad de jefa de Estado, habría infringido los artículos 118.8 (relativo a la promulgación de leyes y reglamentos), 103 (prohibición de normas con rango de ley sin delegación) y 66 (relativo al régimen de los recursos naturales) de la Constitución Política del Perú.
Por su parte, el ministro Montero Cornejo es denunciado por infracción a los artículos 103 y 66 de la Carta Magna al refrendar el decreto supremo cuestionado en su calidad de titular del sector Energía y Minas.
La congresista señaló, además, que ambos funcionarios incurrieron en un uso inconstitucional de la potestad reglamentaria al alterar el alcance de una ley sin autorización legislativa. Este punto constituye el núcleo de la presunta infracción a la separación de poderes y al principio de legalidad.
La Ley 32213 fue aprobada por el Congreso para ampliar el plazo del proceso de formalización minera, permitiendo a pequeños productores y mineros en vías de regularización continuar en el Reinfo. Sin embargo, la norma no prevé la posibilidad de heredar dicha inscripción.
La denuncia fue recibida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá calificarla en las próximas semanas para determinar su admisibilidad y el eventual inicio del procedimiento parlamentario correspondiente.
