El candidato presidencial Roberto Sánchez habría omitido consignar una sentencia por falsedad ideológica en la información presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pese a que en su registro fiscal figurarían investigaciones por presuntos delitos de peculado y falsa declaración en procedimiento administrativo. La información se vincula a su trayectoria como exministro del gobierno de Pedro Castillo y a su actual candidatura presidencial.
Antecedentes fiscales y omisión en hoja de vida
De acuerdo con un reportaje difundido por Cuarto Poder, el candidato registraría investigaciones fiscales y una sentencia que no habrían sido incorporadas en su hoja de vida electoral presentada ante el órgano electoral. En ese contexto, el informe señala que en su récord fiscal se registran investigaciones por peculado, falsa declaración en proceso administrativo y hasta aparece una sentencia por falsedad ideológica, mientras que en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones no se consigna ningún proceso judicial.
El mismo reportaje precisa que estas investigaciones estarían vinculadas a su desempeño en la función pública, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Asimismo, se indica que el candidato, de 56 años, en su desempeñó como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante 17 meses, habría generado diversas actuaciones materia de revisión.
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Uso de recursos públicos y contrataciones en el Mincetur
En relación con su gestión en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el informe da cuenta de consumos realizados con recursos públicos asignados al despacho ministerial. Entre los comprobantes se consigna, por ejemplo, una factura por S/210 que incluye dos pollos a la brasa con gaseosa por S/137 y un pollo a la brasa con chicha por S/72. El medio también señala que algunos consumos en reuniones de trabajo habrían superado los S/400, todos con cargo a recursos del Estado.
En el mismo periodo, se indica que se realizaron contrataciones de personas vinculadas a su organización política bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), cuyos ingresos alcanzaban hasta S/15 000 mensuales. Estas contrataciones no habrían estado sujetas a concurso público, según lo expuesto en el informe.
Investigaciones por recortes de sueldos y financiamiento partidario
También se informó sobre la existencia de investigaciones fiscales relacionadas con presuntos recortes de sueldos a trabajadores del sector. En ese sentido, señalaron que al menos dos funcionarios fueron investigados por solicitar hasta el 10% de las remuneraciones a colaboradores a cambio de la renovación de contratos.
Asimismo, se menciona una investigación por presuntos depósitos irregulares vinculados al financiamiento del partido Juntos por el Perú. Según el informe, los aportes económicos realizados por candidatos en procesos electorales se dirigieron a una cuenta personal de un familiar del candidato, en lugar de cuentas institucionales del partido.
